SEMANA conoció una carta con la que José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza, uno de los jefes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), pide un diálogo de paz con el presidente Abelardo De La Espriella. El exjefe negociador de la disidencia con el Gobierno Petro insiste en que existe voluntad para avanzar hacia la vida civil y retomar las conversaciones.
La petición llega apenas días después de que De La Espriella expidiera la resolución 346 y diera por terminada la mesa de diálogos con la CNEB. En el documento, el Gobierno argumentó que “no ha sido posible seguir evidenciando la voluntad real de paz y de reinserción a la vida civil” de esa organización.
Ese mismo día, el mandatario retiró el reconocimiento a los negociadores de la CNEB, cuya delegación estaba encabezada por Mendoza, y posteriormente la Fiscalía reactivó las órdenes de captura contra 13 integrantes de la organización.
La CNEB es una de las disidencias de las Farc que opera en el sur del país y surgió tras su separación de la Segunda Marquetalia de Iván Márquez. Entre sus principales cabecillas está Geovany Andrés Rojas, alias Araña, jefe de Comandos de Frontera, condenado por homicidio y narcotráfico, y quien está a punto de ser extraditado. A sus estructuras se les atribuyen asesinatos de líderes sociales en Putumayo y el control de economías criminales ligadas a la coca y al narcotráfico.
Pese a ese prontuario y a que varias de sus estructuras siguen delinquiendo, Mendoza volvió a tocar la puerta del Gobierno. La carta conocida por SEMANA busca revivir una negociación que De La Espriella prometió desmontar desde la campaña.
Mendoza envió un oficio fechado el 2 de agosto al presidente Abelardo De La Espriella; al ministro de Justicia, Iván Cancino, y al ministro del Interior, Rodrigo Lara. En el documento asegura que busca expresar su “voluntad de paz a través de un diálogo sociopolítico, donde el gran beneficiado sea el pueblo colombiano y las víctimas del conflicto armado”.
El jefe guerrillero inicia con un mensaje al mandatario colombiano: “En sus manos está la paz de todos los colombianos, y no otros 50 años de guerra”. Aseguró que “la guerra no se acaba con más guerra, las víctimas no se reparan con más víctimas, más odios y venganzas”.
Allí aseguró que las víctimas se reparan “con obras sociales que dignifiquen su existencia”, como escuelas, placas huellas, centros deportivos, templos religiosos y redes eléctricas. Incluso, se atribuyeron este tipo de aportes en los departamentos de Nariño, Cauca y Putumayo, donde aseguraron que trabajaron “hombro a hombro” con las comunidades.
“Señor presidente, no cometan el error de destruir lo que ya está construido; son las víctimas que reclaman verdad, reparación y no repetición. Si se destruye lo ya construido, es revictimizar a las comunidades. Esta vez la responsabilidad no recaerá en las guerrillas, será responsabilidad del Estado y el Gobierno nacional”, manifestó Mendoza.
En la carta, el jefe de la disidencia aseguró que, durante los 17 meses de las conversaciones con el Gobierno Petro, la delincuencia disminuyó hasta en un 90 por ciento: “La tranquilidad y la disminución de la violencia que se vivió durante la mesa de conversaciones fue notoria, no se puede echar por la borda este logro tan significativo”.
Dijo que Tumaco se convirtió en “una ciudad turística con mucha tranquilidad” luego de años de violencia y recalcó que “atacar con planes militares y policiales tendrá muchas consecuencias”, como “nuevas víctimas, revictimización, desaparecidos, desplazados, volverán las movilizaciones, marchas y con ello los campos desolados y con mayor hacinamiento en las ciudades”.
Además, recordaron que 99 combatientes de la disidencia dejaron las armas en la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) del departamento del Putumayo, también finalizada por De La Espriella, donde se entregaron armas y se llegó a compromisos de erradicación de cultivos ilícitos.
Mendoza fue crítico tanto del acuerdo de paz de La Habana como de los intentos del Gobierno Petro por lograr diálogos con todos los grupos criminales, al punto de llamar lo hecho por el expresidente saliente como un “nuevo entrampamiento y traición”, dada la captura de alias Araña.
El jefe de la CNEB dijo que se comprometen a no atacar a la fuerza pública y a la infraestructura del Estado, siempre y cuando se les “respete la vida, la vida de las comunidades y que ellas no sigan siendo estigmatizadas”.
Finalmente, entre sus solicitudes al Gobierno nacional, piden no solo visitas de funcionarios para constatar los avances de los diálogos de paz, sino designar “una comisión o delegado para establecer un canal institucional serio, directo y verificable de comunicación”.
Además, proponen “incluir en dicha agenda mecanismos de verdad, justicia, reparación, resocialización, reintegración y reincorporación a la vida civil”.
“La CNEB manifiesta su disposición de contribuir al esclarecimiento de los hechos y circunstancias relacionados con la violencia, dentro de los mecanismos jurídicos que establezca el Estado”, se lee en un aparte de la carta.
En conversación con SEMANA, Angélica María Martínez, apoderada de alias Walter Mendoza, aseguró que la carta busca dar a conocer una voluntad de paz y reiteró que hubo entrampamiento por parte del Gobierno Petro.
“Pese a los años que ellos llevaban dialogando, realizando acercamientos, reparando a las víctimas en las zonas donde ellos estaban haciendo presencia por ausencia de Estado, el Gobierno Petro no llevó a una norma jurídica que le ponga fin a este conflicto y que conduzca a una reparación a las víctimas”, manifestó.
Aseguró que están dispuestos a contar la verdad de lo que pasó en el conflicto y dejó abierta la posibilidad de que cuenten sobre posibles injerencias políticas de la disidencia de las Farc. “Absolutamente todo, pero bajo un marco jurídico, el cual les dé un beneficio jurídico y que ellos, a la vez, puedan reparar a las víctimas”, señaló.
Ante la pregunta de si seguirían delinquiendo, si el Gobierno mantiene cerrada la puerta a los diálogos, la abogada respondió que emprendería “otras actuaciones jurídicas” para que fueran escuchados.
Mendoza, hoy prófugo de la justicia tras la reactivación de su orden de captura, insiste en que la CNEB mantiene su voluntad de paz y en que todavía existe espacio para retomar una negociación con el Gobierno.
Esa disidencia de las Farc, sin embargo, ha seguido delinquiendo. El 24 de agosto, la Policía capturó en Putumayo a cuatro presuntos integrantes de Comandos de Frontera, estructura de la disidencia, por secuestro y concierto para delinquir.
La actividad también se ha extendido a Ecuador. El 6 de septiembre, las Fuerzas Armadas desmantelaron tres campamentos atribuidos a Comandos de Frontera y detuvieron a nueve presuntos integrantes. Dos días después, un video atribuido al grupo amenazó pueblos en la frontera entre Ecuador y Colombia, anunciando el cobro de “aportes”.
Pese a la solicitud, el Gobierno ha sido tajante. La mesa fue cerrada por falta de una voluntad real de paz y de reinserción a la vida civil y, hasta ahora, no hay señales de que De La Espriella vaya a revertir esta u otras decisiones en el marco de la paz total de Gustavo Petro.
SEMANA conoció que Mendoza ya recibió una respuesta de la jefatura de despacho presidencial, que trasladó su solicitud al Ministerio de Justicia, en cabeza de Iván Cancino, cartera que en los próximos días liderará la presentación ante el Congreso del proyecto de ley de sometimiento anunciado por el Gobierno de Abelardo De La Espriella.