Durante la imputación de cargos contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, la Fiscalía General mencionó a varios congresistas que habrían sido “contactados” para aprobar los proyectos radicados por el Gobierno Nacional.
A cambio de su voto, explicó la delegada del ente investigador, recibieron como contraoferta cupos indicativos que se traducían en proyectos, contratos y convenios que estaban en poder de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) y el Invías.
Uno de los proyectos que más tenía urgencia en su aprobación tenía que ver con la reforma pensional, la cual estaba en estudio en la Comisión Primera del Senado. Para esto se buscaron a varios congresistas que hacían parte de la coalición con el fin de que dieran su voto favorable en el debate.
En este punto, la fiscal María Cristina Patiño mencionó, en por lo menos tres oportunidades, a la senadora Martha Peralta, quien habría sido contactada por el ministro Velasco con el fin que impulsara esta reforma.
“En la Comisión Séptima se estaba tramitando la reforma pensional De esa Comisión hacían parte las senadoras Martha Peralta y Berenice Moreno. Y en esa Comisión el ministro Velasco envía a Olmedo López para que le colabore a la senadora Peralta con lo que ella necesite para que ampliara las mayorías que requería el Gobierno para la aprobación de esa reforma”, explicó la fiscal.
En este sentido, detalló la activa participación del entonces ministro Velasco en dar todas las órdenes dirigidas a que la sentadora Peralta promoviera el apoyo a esta reforma.
“Usted, Luis Fernando Velasco Chávez, en junio del dos mil veintitrés le ordenó a Olmedo de Jesús López Martínez apoyar la reforma pensional, para lo cual debía presentarse en uno de los debates de la Comisión Séptima del Senado de la República con el fin de entregar contratos a ciertos parlamentarios para seguir ampliando las mayorías en esa comisión, pues allí se tramitaban las reformas importantes del gobierno nacional, esto es a la salud y a las pensiones”, precisó.
El jefe de la cartera política - continuó la imputación - dio instrucciones para ponerse a “disposición de la senadora Martha Peralta Epiayú, quien estaba liderando por el gobierno el ‘SI’ de la reforma pensional. En cumplimiento de dicha orden, el 13 de junio de 2023, Olmedo López asistió al debate de la reforma en la Comisión Séptima del Senado y acordó con Marta Peralta Epiayú gestionar al interior de la UNGRD proyectos en los que tenían interés determinados representantes de esa comisión, entre ellos Berenice Moreno. Asimismo, Marta Peralta Epiayú le solicitó a Olmedo López atender a los congresistas de la coalición, ya que estaban inconformes por la poca participación que tenían en el gobierno nacional, y por lo tanto era necesario direccionar la contratación de la entidad a favor de dichos parlamentarios así”.
Los contratos pactados
La fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia señaló que en medio de la negociación para lograr el objetivo, la “organización criminal” de la que hicieron parte activa los ministros Bonilla y Velasco se fijaron una serie de contratos de obra e infraestructura.
“En el departamento del Meta, municipio de Puerto Concordia, proyecto denominado etapa uno, obra de protección para el control de erosión en el margen izquierdo del Río Arari. En un sector de la cabecera municipal de Puerto Concordia, en el departamento del Meta, por 5.458 millones de pesos (...) En el departamento del Casanare, municipio Agua Azul, proyecto afectaciones y el avance progresivo que ha tenido el cauce del río (...) que catalogan como socavación general y local sin valor determinado”, explicó.
El tercer proyecto estaba en Risaralda, municipio Mistrató, con obras para la mitigación del riesgo hídrico en la quebrada Rayanal sobre la infraestructura de los servicios de acuerdo y alcantarillado en el municipio de Mistrató, Risaralda, etapa uno, por valor de 4.800 millones de pesos”.
Cumpliendo las órdenes, el entonces director de la UNGRD; Olmedo López y el subdirector de la entidad, Sneyder Pinilla adelantaron la respectiva revisión de los proyectos para “realizar la contratación correspondiente conforme con lo acordado por ustedes con algunos integrantes de la Comisión Séptima del Senado a través de la senadora Marta Peralta. Siguiendo con la orden que inicialmente le transmitió usted, Luis Fernando Velasco Chávez a Olmedo López de apoyar la reforma pensional a través de las solicitudes de contratación a favor de la senadora Marta Peralta Epieyú y de algunos integrantes de la Comisión”.
En la imputación de cargos se mencionó que se direccionó un cuarto contrato que tenía relación con una orden de proveeduría por un valor de 2.125 millones de pesos “en horas de trabajo de maquinaria amarilla para el mantenimiento de jagüeyes en la Guajira al (contratista) Isaac Francisco Riscala. Los cuatro proyectos suman un total de 12.390 millones de pesos”.
Este lunes, la Fiscalía General les imputó a los exministros los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos. Tras la pregunta de la magistrada con función de garantías tanto Bonilla como Velasco no aceptaron los cargos.
En los próximos minutos la Fiscalía General solicitará una medida de aseguramiento privativa de la libertad.