“La Fiscalía omitió desplegar labores de búsqueda”. Así de insólitos fueron los reproches de la Judicatura a la Fiscalía por ignorar lo que se supone tan obvio para curtidos investigadores y fiscales, máxime si están a cargo del magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
Durante la audiencia para legalizar el acuerdo entre la Fiscalía y Harold Daniel Barragán, señalado de conseguir al menor de edad que asesinó al senador, la Judicatura llamó la atención por el exceso de beneficios a los implicados en el magnicidio y la escasa retribución en favor de las víctimas.
La jueza fue contundente al advertir que la Fiscalía escogió la ruta más corta para condenar, luego de una larga investigación, rigurosa y con innegables resultados. Ese acuerdo con Barragán terminó sepultado y obligó a la Fiscalía a replantear la negociación de cara a una reparación efectiva y un aporte real a la verdad en este caso.
Para expertos penalistas, no se trata solo de ahorrarle tiempo a la Justicia. La actividad de la Fiscalía está orientada a luchar contra la impunidad y, de paso, abrir el camino para la reparación de las víctimas. Sin embargo, si bien los acuerdos se convirtieron en una salida exprés de los procesos, obteniendo la colaboración y confesión de los criminales, en un hecho como el magnicidio de Miguel Uribe Turbay empiezan a dejar un mal sabor de boca.
La fracasada negociación con el responsable de ubicar al menor de edad y convertirlo en asesino no es el único tropiezo de la Fiscalía en las últimas actuaciones por la investigación del magnicidio. El ente acusador no logró convertir a los cabecillas de la Segunda Marquetalia en prófugos de este crimen.
“La jueza negó la solicitud de declaratoria de persona ausente presentada por la Fiscalía respecto de los siete ciudadanos investigados, al concluir que no se acreditaron los requisitos materiales y formales exigidos”, asegura el acta que negó la contumacia a la Segunda Marquetalia, responsable del asesinato, tal como lo reveló SEMANA.
Parece obvio que delincuentes como alias Iván Márquez, el Zarco Aldinever, Jhon 40, Rusbel, Enrique Marulanda, Gonzalo y Yako, integrantes de la Segunda Marquetalia, estén en la lista de terroristas que huyen de la justicia, reclutan niños y ordenan asesinatos, como el de Miguel Uribe Turbay. El problema es que la Fiscalía no logró demostrar que trató de ubicarlos.
“Errores materiales graves e imputables a la policía judicial en el trámite de localización del ciudadano Kendry Téllez, consistentes en la citación a un correo electrónico equivocado y la marcación a un número telefónico errado, sumado a que la Fiscalía omitió desplegar labores de búsqueda individualizada frente a los demás requeridos”, fue el demoledor e inexplicable concepto de la jueza, que dejó mal parados a los investigadores.
Los capos de la Segunda Marquetalia tenían abogados designados por la Defensoría Pública. Eran de oficio, sin más que un pequeño barniz por el enorme expediente del magnicidio y aun así le ganaron el round al ente acusador, que, con todo el poder del Estado, no logró la contumacia para los delincuentes más buscados del país.
La jueza le dejó claro a la Fiscalía que lo más básico en una solicitud que resulta de trámite en cualquier proceso penal es cumplir con el procedimiento y hacerlo bien; no suponer de manera general que, por tratarse de conocidos criminales, el asunto está resuelto.
El problema no era demostrar que Iván Márquez es un asesino o lidera una organización terrorista; eso es un hecho cierto. El asunto era que la Fiscalía tenía que hacer su trabajo y demostrar que trataron, por todos los medios disponibles, de ubicarlo, y no bastaba con escribir a un correo equivocado o marcar a un teléfono fuera de servicio.
Esta semana, otro juez definirá la negociación de Élder José Arteaga, alias Chipi o el Costeño, cabecilla de la red de sicarios que mató al senador. La Fiscalía le ofreció una considerable reducción de la pena por contar lo que ya se sabía y cuando los demás testigos habían declarado. El ente acusador tiene todas las pruebas para llevarlo a un juicio y obtener una condena ejemplar, pero buscaron el camino corto.