Tras la polémica por la compra de los aviones Gripen, el presidente Gustavo Petro afirmó este 4 de diciembre, en un acto público, que no se ha robado nada por los aviones Gripen. Asimismo, rechazó las versiones que han ligado al contrato con presuntas irregularidades.
El mandatario habló en medio de una semana en la que la Procuraduría y la Contraloría exigieron y recibieron documentación técnica y financiera sobre la operación.
En sus intervenciones, el presidente defendió la decisión del Gobierno de renovar la flota aérea, aseguró que la compra busca modernizar equipos con muchos años de servicio y rechazó las acusaciones difundidas en los medios.
“No nos hemos robado un dólar de Gripen, como grita la prensa de la oligarquía…”, afirmó para enfatizar que la transacción fue pública y negociada por el Estado. Las declaraciones se produjeron mientras el Ministerio de Defensa y la Casa de Gobierno entregaban soportes a los entes de control.
Dentro del contrato firmado con la sueca Saab se contempla la compra de 17 aeronaves JAS 39 Gripen, con equipos de misión, simuladores, repuestos y soporte logístico. El monto acordado se sitúa en torno a 16,5 billones de pesos.
La operación generó cuestionamientos públicos por el tamaño del contrato y por comparaciones con compras similares de otros países.
En respuesta, el Ministerio de Defensa entregó documentación técnica y financiera del proceso a la Procuraduría y explicó que la decisión de adquisición contó con la participación y el aval de organismos como el Comité Intersectorial de Proyectos Estratégicos, el Consejo Nacional de Política Económica y Social, el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación.
Saab, por su parte, afirmó que las negociaciones se realizaron únicamente con funcionarios oficiales del Gobierno de Colombia y que no hubo intermediarios externos.
Además, tanto el Ministerio como la empresa han indicado que el contrato contempla “transferencia tecnológica” y “proyectos adicionales de cooperación industrial”, incluyendo iniciativas relacionadas con paneles solares, salud, suministro de agua potable y fortalecimiento de capacidades aeronáuticas y de ciberseguridad.
La Contraloría, por su parte, obtuvo garantías para acceder al 100 % de la información, incluidas partes reservadas por razones de seguridad nacional, y formalizó un cuestionario técnico que deberá ser respondido por las entidades involucradas antes de emitir conclusiones.
Las autoridades han explicado que la flota vigente estaba próxima al final de su vida útil, con aviones que requerían mantenimiento extremo y actualizaciones permanentes, y que la compra responde a la necesidad de tener aeronaves modernas para tareas de superioridad aérea, disuasión y apoyo a operaciones que también pueden incluir seguridad interna.