El presidente Abelardo De La Espriella anunció que los migrantes irregulares serán deportados del país. “Aquí no voy a aceptar migración ilegal. Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos”, aseguró.
De La Espriella le ordenó a Migración Colombia que, en coordinación con la Policía Nacional, se identifique a los migrantes ilegales: primero a los que están cometiendo delitos y luego a quienes no tienen regularizada su situación.
“Tendrán que ser deportados. Es una orden presidencial que se debe empezar a cumplir esta misma semana. No voy a aceptar inmigrantes ilegales, de donde sea que vengan, que estén cometiendo fechorías en Colombia. Se van o los deportamos. Es una decisión política y administrativa, y yo la asumo”, agregó.
El anuncio ya ha dado los primeros resultados. Este viernes, Migración Colombia informó de la expulsión de cinco ciudadanos extranjeros en Bucaramanga que contaban con antecedentes, tras un operativo que se llevó a cabo en la capital santandereana junto con la Policía Nacional.
Cuatro de ellos fueron expulsados con el argumento de que representaban un riesgo para la seguridad nacional y tenían antecedentes de comparendos como porte de armas cortopunzantes, riñas, irrespeto a las autoridades y consumo de estupefacientes en lugares no habilitados.
Un quinto ciudadano extranjero fue retornado a su país tras haber cumplido una condena por el delito de extorsión agravada. Fue detectado por las autoridades migratorias cuando estaba realizando un trámite.
“Estamos cumpliendo las instrucciones del presidente de la República y trabajando como un solo cuerpo con las diferentes autoridades para recuperar la seguridad en el país. Estos operativos se realizan en coordinación con la Policía Nacional, forman parte de nuestras labores rutinarias de control y verificación y tienen como propósito adelantar acciones de seguridad dentro del marco de las competencias de la autoridad migratoria”, afirmó el director general de Migración Colombia, el coronel (r) José Luis Castañeda Tiria.
Según el director de la entidad, Migración Colombia continuará fortaleciendo los controles fronterizos a fin de cumplir la orden del presidente para contribuir a la seguridad y el orden en el territorio nacional.
Aunque en las comunicaciones no se aclara el origen de los detenidos, SEMANA conoció que los cinco deportados eran de origen venezolano.
De acuerdo con las cifras de Migración Colombia, el flujo migratorio irregular en el país es de 1.162.115 personas entre 2023 y 2026, de las cuales 858.649 son venezolanas. Le siguen 85.710 de Ecuador, 77.561 de Haití, 45.094 de China, 11.087 de India, 7.978 de Vietnam y 7.559 de Afganistán.
Los mayores lugares de ingreso han sido la frontera con Venezuela (638.807), con Ecuador (491.292), con Panamá (25.998), por los aeropuertos (5.006), con Brasil (882), en puestos de control marítimo (68), la frontera con Perú (59) y el puerto de Barranquilla (3).
La situación migratoria irregular se incrementó en extremo en el país, pues entre 2012 y 2022 solo se registraron 391.744 personas que llegaron ilegalmente, según las mismas cifras de la entidad.
En el caso de los mayores de edad, 700.469 son hombres (60,28 por ciento), mientras que 461.646 son mujeres (39,72 por ciento).
El mayor año en el que ingresaron venezolanos fue 2023, cuando se registró la entrada de 539.959 migrantes ilegales, seguido de 2024, en el que ingresaron 400.612 personas. En 2025, 156.722, y en 2026 van 64.822.
En el caso de Santander, entre 2023 y 2026 llegaron 1.273 personas, de las cuales 1.263 son venezolanas. En Norte de Santander se registran 4.846, de las cuales 4.822 son de origen venezolano. Y en La Guajira se cuentan 1.004, 989 de ese mismo país.
Igualmente, hay estructuras que han sembrado el terror transnacional, como el Tren de Aragua. En las últimas horas, De La Espriella informó la captura, con el apoyo de autoridades estadounidenses y peruanas, de Luis Saúl Pérez, alias Nairobi, un cabecilla de ese grupo criminal. Se hallaba en la localidad de Fontibón en Bogotá. Según informó el mayor general Jesús Alejandro Barrera, director de la Policía Nacional, Nairobi coordinaba desde Colombia operaciones de narcotráfico y sicariato en el país, Venezuela, Perú, Bolivia y Chile.
El anuncio del presidente De La Espriella provocó un candente debate por la migración irregular, especialmente en los ciudadanos procedentes del vecino país. Aun cuando se han presentado casos de criminalidad, muchos migrantes irregulares han salido huyendo del régimen del chavismo en búsqueda de oportunidades.
A juicio de Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá, aunque se debe combatir la criminalidad, puede haber un riesgo al mezclar la migración irregular con quienes cometen delitos. “Frente a esos, claro que hay que aplicar el Código Penal y la acción punitiva del Estado para dar con ellos, juzgarlos y condenarlos. Eso hay que hacerlo”, aseguró Acero.
Agregó que se debería tener en cuenta el contexto de los colombianos que han tenido que salir del país y que muchas veces terminan estigmatizados por unos pocos que cometen delitos.
“La mayoría de migrantes son personas buenas, trabajadoras, algunas con buen estudio, que lo que buscan es una oportunidad en otro país, de trabajo, de estabilidad económica, de bienestar, de seguridad; eso no es un delito. Pero no se puede negar que todos los procesos migratorios llevan una minoría que son delincuentes”, reconoció. Dijo que detrás de estos fenómenos hay estructuras criminales que se lucran de negocios como la trata de personas.
El senador Germán Rodríguez, de Salvación Nacional, respaldó la medida. “Las cifras no dejan mucho espacio a la duda: hay 6.318 extranjeros presos en Colombia, el 91,7 por ciento venezolanos, y los delitos que más se repiten son hurto (2.083 casos), narcotráfico (1.591) y homicidio (947), según el Inpec”.
Rodríguez agregó que solo en 2026, basado en datos de Migración Colombia, fueron capturadas más de 3.250 personas en controles migratorios por documentos falsos u órdenes judiciales pendientes y otras 850 fueron detenidas por fraude documental y suplantación de identidad. “No hablamos solo de hurtos menores: el Tren de Aragua tiene en Colombia casos judiciales con condena por desmembramientos, torturas y masacres, con cabecillas sentenciados a hasta 47 años de prisión”, dijo.
Por su parte, María Gabriela Trompetero, investigadora venezolana sobre migración, aseguró que le preocupa que el Gobierno relacione la migración irregular con temas de inseguridad. Lo que debería hacerse, sostiene, es precisamente regular a los migrantes para tener mayor control sobre ellos y que la justicia actúe en el caso de quienes cometan delitos.
“No todas las personas en su conjunto deben ser tratadas como criminales, ya que esto desencadena mayores discursos xenofóbicos y crea mucha zozobra entre la comunidad migrante”, aseguró Trompetero.
Según mencionó, tras el anuncio de De La Espriella, muchos venezolanos han expresado su preocupación, pues no han podido regular su situación en el país, no porque no quieran, sino porque no han encontrado una vía, luego de que el Gobierno de Gustavo Petro no extendiera el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos que implementó Iván Duque. “Es la razón por la que tenemos en Colombia más de 500.000 personas en situación irregular”, afirmó.
La investigadora agregó que un factor importante que debería tener en cuenta el Gobierno es que la frontera entre Colombia y Venezuela es muy porosa y difícil de controlar, por lo que muchos de esos migrantes irregulares que están siendo deportados podrían regresar al país.