La crisis que está viviendo la Nueva EPS, intervenida desde abril de 2024 por el Gobierno nacional, y los cambios que se están generando en el interior de la prestadora de salud, con más de 11,5 millones de afiliados, han despertado una alerta de lo que podría pasar en el sector.
La llegada de Jorge Iván Ospina como interventor de la Nueva EPS, con varias polémicas encima; el nombramiento de Daniel Quintero como nuevo superintendente de Salud, también investigado; y la salida de Luz María Múnera, quien ocupaba ese cargo ad hoc, despertaron múltiples cuestionamientos sobre lo que estaría pasando con la EPS más grande del país y lo que vendría en los próximos meses en la recta final del Gobierno de Gustavo Petro, que podría generar gran revuelo en el sistema de salud del país, impactando a millones de pacientes.
Ospina fue embajador en Palestina, cargo que nunca ejerció en terreno, y tiene una vida política marcada por escándalos y sombras de presunta corrupción durante su administración cuando fue alcalde de Cali.
Uno de sus enredos se presentó en 2022, cuando bajo su mandato, Emcali habría realizado contrataciones a dedo por 2,8 billones de pesos, así como convenios millonarios con otras dependencias para no licitar.
Según reveló Caracol Radio, un concepto que ya está en manos de la Procuraduría General de la Nación y que fue enviado desde la propia Superintendencia de Salud, respaldado por seis altos funcionarios de esa entidad, generó incertidumbre, pues allí se detalla que se habrían saltado varias recomendaciones de expertos que alertaban de la falta de idoneidad para nombrar a Ospina, pedían no adoptar una nueva intervención forzosa y hasta aconsejaban devolverles la administración de la Nueva EPS a los accionistas.
El procurador general, Gregorio Eljach, confirmó que se encargará de investigar lo denunciado y anunció “una visita de control para establecer la veracidad de lo que dice la información y abrir las investigaciones a quien corresponda”.
¿Qué hay detrás de esas movidas? En el sector salud, los expertos coinciden en que el Gobierno tendría el propósito de implementar la reforma a la salud que propusieron en dos ocasiones al Congreso, pero que no logró prosperar en los cuatro años de mandato de Petro.
“El Gobierno quiere implementar la reforma vía decreto. Y si tiene al 30 por ciento de la población, desde ahí es que lo va a hacer”, alertó Denis Silva, representante de la Asociación Pacientes Colombia.
Ese 30 por ciento al que se refiere Silva se lograría si el Gobierno liquida otras EPS en quiebra, como ha alertado el ministro Jaramillo que podría suceder, aunque han dicho que no liquidarían la Nueva EPS.
La Nueva EPS podría recibir a más de 6 millones de afiliados de otras EPS que sean liquidadas, quedando con unos 18 millones de usuarios, que, en términos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), podría estar generando casi 30 billones de pesos al año. “Es un gran negocio”, dijo el representante de Pacientes Colombia.
Víctor Manuel Salcedo, representante a la Cámara de La U, tiene el mismo concepto. “Va a empezar a liquidar las demás, cuente con eso. Es la única forma de estatizar. La principal EPS que tiene el control del Estado es la Nueva EPS, que tiene 11,5 millones de afiliados. Cuando liquide las demás, los tiene que mandar a una EPS y los enviaría a la Nueva EPS”, aseguró el congresista.
Más allá de la intervención, la Nueva EPS hoy está en manos del Gobierno por mayoría accionaria. Desde noviembre de 2025, el 51 por ciento es del Gobierno nacional, mientras que el 49 por ciento es privado de las cajas de compensación, allí están Cafam, Colsubsidio, Compensar, Comfandi, Comfenalco Valle y Comfenalco Antioquia.
Esta última fue intervenida por la Superintendencia del Subsidio Familiar (Supersubsidio) desde 2023. El representante Andrés Forero, del Centro Democrático, alertó de posibles irregularidades en la cesión de acciones para que el Gobierno quedara con el control de la Nueva EPS.
“Todo lo que se muestra es que la intervención ha sido un fracaso. Eso se ha traducido en aumento de PQR, tutelas y en que prácticamente nos encontramos con noticias de que clínicas y hospitales les están cerrando las puertas a los pacientes de la Nueva EPS”, criticó Forero.
Desde Pacientes Colombia también consideran que estas movidas forman parte del propósito del Gobierno por “estatizar la salud”. “Eso se hace manteniendo a la Nueva EPS, pero hoy financieramente no es viable, no tiene patrimonio positivo, las deudas superan 26 billones de pesos, es la EPS que tiene los peores indicadores en gestión de salud, en garantías de derechos y en números de acciones de tutelas y PQR”, cuestionó Silva.
Otra alerta alrededor de la Nueva EPS es la falta de estados financieros desde marzo de 2024. A pesar de eso, se ha conocido que en noviembre de 2025 los pasivos pasaron de 18,3 billones de pesos a más de 26 billones de pesos, es decir, se incrementaron 24 por ciento.
Los anticipos y las facturas radicadas no procesadas tampoco han mejorado, aun cuando el Gobierno había expresado su preocupación por ese hecho. En el caso de los primeros, pasaron a 17 billones de pesos, creciendo 115 por ciento, mientras que las segundas llegaron a los 14,9 billones de pesos.
El cambio constante de interventores tampoco ha permitido que haya una continuidad en los procesos. En los dos años de intervención ha habido seis personas en el cargo: Aldo Cadena, Julio Alberto Rincón, Bernardo Camacho, Gloria Libia Polanía, Óscar Galves y ahora Ospina.
Dentro de los más afectados con toda esta situación están los pacientes de la Nueva EPS. Según dijo Diego Gil, director de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, basado en el Sistema Integrado de Información de la Protección Social (Sispro) del Ministerio de Salud, durante 2025 fallecieron en el país más de 2.200 personas con enfermedades raras, no solamente por sus condiciones, sino por las barreras que han encontrado en el sistema y la falta de atención oportuna.
De ese total, 531 personas fallecidas eran de la Nueva EPS, la cifra más alta frente a otras EPS, a pesar de que no es la que más usuarios con enfermedades raras tiene inscritos.
Uno de los principales problemas que estarían viviendo los pacientes con esta condición en la Nueva EPS es la ruptura de la continuidad de la atención. “En enfermedades raras, un paciente no puede quedarse semanas o meses esperando un medicamento, una autorización, una cita con un especialista o una terapia. Cuando eso ocurre, el deterioro puede ser irreversible”, alertó Gil.
A eso se le suma que, según información oficial, las tutelas en salud aumentaron 34,1 por ciento entre 2024 y 2025; y entre enero de 2024 y julio de 2025 hubo alrededor de 685.000 reclamos por falta de entrega de medicamentos ante la Superintendencia Nacional de Salud, frente a lo que muchos pacientes han tenido que presentar tutelas.
“Nos preocupa que las decisiones recientes del Gobierno estén aumentando la incertidumbre en vez de generar confianza. La llegada de Jorge Iván Ospina a la intervención de Nueva EPS ocurre en medio de esta crisis y bajo cuestionamientos públicos sobre idoneidad y confianza”, agregó el director de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras.
Ospina y Quintero tendrán por delante algo más de tres meses para demostrar su gestión al frente de la EPS con más afiliados en el país, en medio de cuestionamientos por su idoneidad en sus cargos.