La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) solicitó este jueves al Gobierno Nacional mayor colaboración para prevenir actos de vandalismo durante las manifestaciones programadas para el 7 de octubre en Bogotá, Medellín y Cali. El llamado se produce tras los disturbios registrados la semana pasada frente a la sede de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y en otras ciudades del país.
El director general de Asocapitales, Andrés Santamaría, destacó el esfuerzo de los alcaldes locales para garantizar el orden público y la seguridad durante las protestas, pero advirtió que se requiere coordinación con las autoridades nacionales.
“Los alcaldes están haciendo un gran esfuerzo para garantizar el derecho a la protesta y el respeto de los derechos ciudadanos. Pero es necesario mayor articulación con las entidades nacionales para encauzar las manifestaciones y asegurar que se desarrollen de forma pacífica, evitando que grupos violentos desvirtúen su propósito”, afirmó Santamaría.
La asociación rechazó categóricamente cualquier acto de violencia o vandalismo contra el comercio, la empresa privada y el patrimonio público. “Atentar contra ellos es atentar contra el empleo, el desarrollo y, en últimas, contra Colombia”, indicó el directivo.
Las manifestaciones del 7 de octubre fueron convocadas por el Frente de Acción por Palestina, la Comunidad Palestina de Colombia, la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) y otras organizaciones, en solidaridad con la población palestina tras dos años del ataque de Hamas a Israel, ocurrido el 7 de octubre de 2023.
En Bogotá, el programa de la jornada incluirá un plantón frente a la Embajada de Estados Unidos desde las 2:00 p. m., seguido de una marcha hasta la Plaza de Bolívar a partir de las 4:30 p. m., que finalizará con actos culturales y una velatón por Palestina. Cada vela será un acto de memoria por los miles de palestinos y palestinas asesinadas, según los organizadores.
Durante el 1 de octubre frente a la sede de la Andi en Bogotá se vieron disturbios constantes, que también se presentaron en Medellín y Cali. La Andi fue señalada por algunos movimientos sociales por su supuesta vinculación económica con Israel.
La situación generó condenas de distintos gremios, entre ellos la Federación Nacional de Cafeteros y la Alianza de Asociaciones y Gremios de Colombia (Aliadas), que rechazaron los actos de vandalismo y pidieron ejercer la protesta dentro de los límites legales.
En su comunicado, la Federación Nacional de Cafeteros insistió en la necesidad de preservar la institucionalidad y resolver las diferencias mediante el diálogo y la vía diplomática.
“El avivamiento de comportamientos que atentan contra la unidad misma de la Nación lejos está de construir el país que necesitamos. Apelamos a la unidad de todos los colombianos para rechazar el desbordamiento en el ejercicio de los derechos fundamentales y trabajar juntos por un país próspero, equitativo y en paz”, señaló.
Santamaría reiteró que la protesta pacífica es un derecho legítimo y un pilar de la democracia, pero insistió en la necesidad de prevenir que grupos violentos desvirtúen las movilizaciones. La solicitud de Asocapitales busca que el Gobierno Nacional y las administraciones locales diseñen estrategias conjuntas que garanticen el derecho a la protesta sin afectar la seguridad, la movilidad y los derechos de los ciudadanos.
Las ciudades capitales, que representan más del 55 % del PIB nacional, concentran la mayor actividad económica y social del país, y la prevención de actos vandálicos en estas jornadas se considera clave para proteger tanto la infraestructura urbana como los empleos que dependen del comercio y la actividad empresarial.