La defensora del Pueblo, Iris Marín, le envió una carta al presidente electo, Abelardo De La Espriella, alertando de las posibles afectaciones a los derechos humanos en los que podría incurrir su Gobierno en dado caso de que se materialicen planes o posturas anunciadas.
En primer lugar, llamó la atención sobre el respeto a la prensa y citó que De La Espriella planteó una diferencia entre “auténticos periodistas” y “activistas”, rechazando a los segundos. Con esto, Marín afirmó: “Es importante recordar que al presidente le corresponde proteger a todas las personas que ejercen el periodismo, inclusive a aquellas que controviertan al Gobierno o sean adversas a sus líneas de política”. Y le solicitó garantizar la libertad de prensa, expresión e información.
La defensora también comentó que el equipo del presidente electo anunció que se eliminaría el Decreto 003 de 2021 y que regresaría al modelo del antiguo Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios). Ella recordó: “Es de anotar que el Decreto 003 de 2021 fue expedido en cumplimiento de una sentencia de tutela de la Corte Suprema de Justicia que ordenó la adopción de un ‘protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores’ a la protesta social, basado en el principio de neutralidad e imparcialidad de la Fuerza Pública”. Marín pidió que las reformas a la regulación de la respuesta a la protesta social que contempla tengan en cuenta las directrices de la mencionada sentencia.
En tercer lugar, la defensora recordó que Abelardo De La Espriella afirmó que respetaría y daría garantías a la oposición, pero que las posturas sobre Iván Cepeda estigmatizarían: “En el portal Defensores de la Patria, una publicación señala que usted manifestó el compromiso del nuevo Gobierno de ofrecer garantías democráticas a la oposición política, pero, a su vez, le solicitó al senador Iván Cepeda no estimular la violencia ni sembrar terror. Su advertencia, sin embargo, parece infundada y puede alentar asociaciones indebidas entre oposición política y violencia que estigmatizan y pueden poner en riesgo a la oposición”. Ella insistió en pedir garantías para ese sector de la política.
Igualmente, Iris Marín le reseñó a De La Espriella que las designaciones de su administración deben ofrecer garantías de idoneidad e imparcialidad, y citó el caso del director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Didier Blanco, cuyo nombramiento pidió reevaluar: “En días pasados, han circulado publicaciones pasadas del director designado con expresiones ofensivas y estigmatizantes contra medios de comunicación, periodistas, dirigentes políticos y sectores de oposición”. Su tesis es que quien dirija la UNP debe generar confianza y ofrecer garantías de absoluta imparcialidad frente a todos los sectores que son sujetos de protección.
Ella también puso la lupa sobre la eliminación de la consejería presidencial de derechos humanos y derecho internacional humanitario, así como las instancias que lideran la implementación del acuerdo de paz: “Le solicito que cualquier reorganización se base en un plan de transición de carácter público que determine qué entidades asumirán cada función, con qué recursos, bajo qué mecanismos de coordinación y cómo se evitará la interrupción de los programas en curso”.
Otro de los aspectos que la defensora citó es que, posiblemente, el nuevo Gobierno eliminaría los decretos que dieron lugar a la creación de las Entidades Territoriales Indígenas: “Le solicito que no adopte decisiones regresivas constitucionalmente”.
Ella pidió cuidado en las decisiones que se adoptarán en materia de fumigación aérea de cultivos ilícitos, el licenciamiento ambiental y la consulta previa: “Le solicito que las decisiones que adopte en estos dos ámbitos respeten y garanticen los derechos de los pueblos étnicos y la protección de la naturaleza, de conformidad con la Constitución y la jurisprudencia constitucional”.
Finalmente, para la funcionaria, las posturas de la nueva ministra de Educación, Viviane Morales, podrían ser problemáticas: “Le solicito asegurar que las creencias religiosas personales de quienes conduzcan la política educativa no obstaculizarán la garantía de los derechos de todas las personas en el sistema educativo, sin discriminación alguna por razones de género, orientación sexual, identidad de género, etnia, religión o condición física, social o cultural”.