El primero de abril está a la vuelta de la esquina y el nuevo modelo de pasaportes todavía no logra generar la confianza necesaria. Aunque el Gobierno asegura que ya hay 50.000 libretas elaboradas, el esquema entra en una fase decisiva con la personalización a cargo de la Imprenta Nacional de Colombia y la fabricación inicial a cargo de la Casa de la Moneda de Portugal (INCM).
La transición genera incertidumbre por posible falta de capacidad instalada, problemas logísticos, riesgos en seguridad en el documento, defectos en la calidad y la poca transparencia en el proceso de contratación, que comenzó como un intento por estatizarlo, pero terminó en manos de una empresa extranjera.
Frente a esto, dos demandas ponen en aprietos la prolongación del modelo impuesto por el presidente Gustavo Petro, en contra de la continuidad de la empresa Thomas Greg & Sons: la demanda de la Procuraduría, en cabeza de la delegada para la Vigilancia de la Función Pública, y una acción popular interpuesta por el ciudadano Nicolás Dupont Bernal.
Este último pide que se declaren vulnerados los derechos de moralidad administrativa y defensa del patrimonio público, garantizar la continuidad del servicio y una nueva licitación pública transparente, que implica tumbar el actual convenio.
SEMANA conoció la más reciente coadyuvancia a la acción popular. Se trata de un concepto jurídico que ejerce aún más presión sobre el nuevo modelo de pasaportes. El escrito habla de vacíos técnicos que podrían poner en riesgo las libretas, dificultades presupuestales y reiteró el inconveniente de no poder garantizar el documento.
El pasaporte fue elaborado por el abogado Víctor Manuel Bernal, profesor universitario y experto en derecho comercial internacional. El primer argumento radica en que la Imprenta Nacional no tiene la capacidad de imprimir documentos de seguridad, en una “clara extralimitación de su potestad reglamentaria”.
Y acusa al Gobierno nacional de quitarle la oportunidad al sector privado de fabricar los pasaportes, “dotando de forma irregular a la Imprenta Nacional de Colombia de competencias que, en nuestro criterio, no podía otorgar vía decreto reglamentario”.
De esa manera, dijo que el decreto reglamentario fue expedido después de suscrito el convenio, por lo que se habría intentado “subsanar las irregularidades” por falta de competencia.
Igualmente, detalló que se trata de una tercerización disfrazada, ya que gran parte de la responsabilidad recae en una suerte de subcontratación con la empresa portuguesa.
“La Imprenta no será la encargada directa de la producción, personalización y distribución de libretas de pasaportes y visas, por lo que va a requerir contratar a un tercero para dicha ejecución”, señaló.
En otro aparte, señala que la Casa de la Moneda de Portugal es una sociedad anónima, de manera que no es una persona extranjera de derecho público. E incluso si lo fuera, el convenio en Colombia va en contra de las normas europeas, dado que acabó “falseando” a los privados.
“Las normas de la Unión Europea señalan que los Estados miembros deben asegurar la cooperación entre entidades públicas exentas del régimen de contratación pública, de modo que no acabe falseando la competencia de los operadores económicos privados. Mediante el convenio suscrito entre el Fondo y la INCM se excluyó al sector privado, sin motivación alguna, de la posibilidad de competir por la producción y personalización de las libretas de pasaportes y visas”, manifestó el abogado.
Y agregó que hubo intención de evitar un concurso: “No es nada distinto de un contrato de prestación de servicios, cuyo objeto es la producción de pasaportes, al que se le incluyeron obligaciones y actividades accesorias de transferencia de conocimientos y/o suministro de maquinaria, de tal manera que no podía celebrarse directamente, sino por una licitación pública”.
Incluso comparó la modalidad con la utilizada en el escándalo de Agro Ingreso Seguro: “El Ministerio de Agricultura celebró convenios de cooperación técnica y científica con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. En esa oportunidad, la Corte Suprema de Justicia concluyó que dichos convenios se utilizaron para eludir los principios que rigen la contratación pública”.
Finalmente, el abogado solicita que el tribunal ampare los derechos e intereses colectivos comprometidos en el nuevo modelo de pasaportes y adopte las medidas que considere necesarias para proteger el interés público de manera real y efectiva. En su escrito, además, pide que el despacho use sus facultades para decretar cualquier orden adicional que permita evitar una afectación a la moralidad administrativa, al patrimonio público y a la libre competencia.
En conversación con SEMANA, Bernal aseguró que conoció dificultades logísticas al estudiar los documentos. Precisamente, se refiere al transporte de las libretas que serán producidas en Portugal, que no está contemplado en el convenio.
“Vendrán en barco o en avión. Cuando llegan a Colombia, el sistema de transporte no es claro, no han manifestado cómo se va a hacer esa distribución. No se sabe si llegarán a la Cancillería o directamente a la Imprenta Nacional”, manifestó. Y señaló que la falta de seguridad en el transporte podría llevar al robo de las libretas y, posteriormente, a la falsificación de los documentos, que en Colombia iban a ser personalizados.
“Ahí está el riesgo. Cualquier número de libretas puede ser robado. La personificación puede ser falsificada por el crimen. Pueden conseguir la máquina y pueden distribuir pasaportes a personas de cualquier parte del mundo para hacerse pasar por colombianos. Personas de Sudán, de Liberia. Países con malos pasaportes. La libreta sería auténtica”, indicó.
Finalmente, reiteró que el país puede correr el riesgo de quedarse sin pasaportes: “Puede pasar que tengamos libretas para el primero de abril, pero la pregunta es cuánto puede durar. Tememos que a los pocos meses se acaben por problemas logísticos. Podrían perderse en el camino o ser robadas”.
SEMANA se comunicó con Viviana León, gerente de la Imprenta Nacional de Colombia, quien prefirió no referirse a las últimas acciones contra el convenio y las dudas frente a la puesta en marcha el próximo primero de abril.
“El nuevo modelo de pasaportes se soporta en un marco normativo y contractual vigente, que incluye el Decreto 1099 de 2025 y los instrumentos de cooperación e implementación suscritos para su ejecución. Por tratarse de asuntos en curso, no resulta procedente anticipar valoraciones sobre el fondo de esas actuaciones”, sostuvo.
El Gobierno apostó todo a un cambio que vendió como soberanía y modernización. Pero a días de su puesta en marcha, el nuevo modelo de pasaportes sigue rodeado de vacíos, cuestionamientos y alertas. Ahora, el camino jurídico cuenta con otra voz pidiendo una licitación transparente y medidas para proteger el derecho al documento.