Un choque se acaba de generar entre la Contraloría General de la República y la Cancillería de Colombia por el nuevo modelo de pasaportes que ha impulsado el presidente Gustavo Petro durante los más de tres años de gobierno que lleva.
Luis Enrique Abadía, contralor delegado para la Gestión Pública, fue el encargado de enviarle una carta de siete páginas a la canciller Rosa Villavicencio, después de que ella afirmara que el nuevo modelo de pasaportes no tiene retrasos ni riesgos financieros u operativos.
El pronunciamiento de la ministra de Relaciones Exteriores se dio días después de que el ente de control emitiera graves advertencias sobre posibles riesgos financieros y la incertidumbre que ha generado el nuevo modelo de pasaportes.
Pero con las palabras de la canciller Villavicencio, el contralor Abadía le envió varias observaciones, manifestando que “dicha afirmación no se compadece con los riesgos técnicos, financieros, operativos y jurídicos evidenciados y documentados por la CGR”.
Esa advertencia de control fiscal fue notificada directamente al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Imprenta Nacional, quienes están detrás del millonario convenio con la Casa de la Moneda de Portugal, para que se haga cargo de ese nuevo modelo al que le apuesta el presidente Petro.
Abadía también le explicó a la canciller que las alertas de la Contraloría se dieron como resultado de un riguroso seguimiento permanente que le han hecho a los recursos públicos que están destinados para poner en marcha la implementación del nuevo modelo para la personalización, custodia y distribución de las libretas de pasaportes.
¿La implementación del nuevo modelo no tiene retrasos?
La Contraloría le insistió a la Cancillería que el informe de control fiscal detectó serios retrasos que podrían desencadenar afectaciones al patrimonio público o hasta escenarios en donde la expedición de pasaportes quede completamente parada en Colombia.
Por eso, el contralor Abadía le respondió a la canciller Villavicencio que “no es jurídicamente acertado afirmar que ‘no existen retrasos y riesgos en aspectos financieros sin el suficiente soporte que representa un riesgo puntual’ cuando, precisamente, el ente de control ha identificado y sustentado riesgos concretos”.
Para la Contraloría, sí existen retrasos latentes cuando se ha tenido que acudir a mecanismos transitorios, como las emergencias manifiestas, para garantizar la continuidad del servicio, a pesar de que hubo términos y fechas que se estructuraron en un plan inicial.
El informe halló retrasos en el cumplimiento de términos fijados, cambios en el cronograma de implementación del nuevo modelo y hasta actividades que llegaron al vencimiento previsto sin cumplirse.
La Contraloría reiteró que los riesgos de esa nueva apuesta también han creado incertidumbre sobre los costos del servicio, al no existir una estimación completa de las actividades de formalización, suministro, personalización, custodia y otros conceptos.
