Un nuevo capítulo se escribe en el muy discutido contrato para la expedición de los pasaportes en Colombia. Este martes 20 de enero llegó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca un recurso de la Imprenta Nacional en el cual pide que se suspenda el estudio de la demanda presentada por la Procuraduría Nacional.
Para la Imprenta Nacional, debido a que el contrato le fue adjudicado a una empresa extranjera, el debate jurídico debe resolverse en instancias internacionales. Por esto, considera que el Tribunal —que admitió en octubre pasado el estudio de la demanda de la Procuraduría contra la Cancillería y la Imprenta— no cuenta con la competencia para tomar una decisión de fondo.
Para esto, citaron la cláusula 25 que aparece en el convenio firmado entre el Fondo Rotatorio de la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal para la expedición de los pasaportes en Colombia. La dispuesta, entonces, consideran que debe ser estudiada y resuelta por el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI).
“Resulta, por lo tanto, diáfano afirmar que la cláusula compromisoria prevalece sobre la jurisdicción contencioso-administrativa para resolver controversias contractuales, en razón que se trata de un acuerdo de voluntades que excluye la competencia de los jueces ordinarios y se remite a un tribunal de arbitramento”, señala la petición firmada por el representante legal de una de las partes demandadas.
“Las circunstancias anotadas que se erigen como impedimento para que la Jurisdicción Contencioso Administrativa pueda conocer del asunto por falta de jurisdicción y de competencia. Entonces, ante la existencia de la cláusula compromisoria, resulta evidente que se carece de jurisdicción y de competencia para conocer del presente asunto”, concluye la solicitud.
En octubre pasado, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia de la Función Pública presentó una demanda contra dicho contrato al considerar que se presentaron graves y constantes irregularidades en su adjudicación.
Teniendo en cuenta la naturaleza del contrato y el monto, el organismo de control disciplinario manifestó que se debía convocar una licitación pública, revisar las ofertas y ahí sí realizar la respectiva adjudicación. Nada de esto se hizo, puesto que la Cancillería firmó el convenio sin revisar otras ofertas.
“Optaron por escoger el método exceptivo de contratación directa”, advirtió la Procuraduría General al considerar que no se tuvo en cuenta que la Imprenta Nacional no contaba ni con la capacidad ni con la infraestructura para ejecutar el convenio, lo que obligó la subcontratación de un tercero para que ejecutara el nuevo modelo de pasaportes en Colombia.
En la demanda se advirtió que el millonario contrato vulneró los “principios de transparencia, planeación, libre ocurrencia y selección objetiva del contrato”, razón suficiente para pedirle al tribunal que ordene la suspensión del giro de los recursos detrás de esa iniciativa que impulsó el presidente Gustavo Petro y que le dejó al excanciller Álvaro Leyva con una destitución e inhabilidad de 10 años, además de un proceso penal por el delito de prevaricato por acción.
