El próximo 1 de abril de 2026 debería entrar en vigencia el nuevo modelo de pasaportes en Colombia, pero la Contraloría terminó alertando una grave situación de incertidumbre, riesgos financieros y hasta posibles sanciones a Colombia por los incumplimientos que se han venido presentando con el convenio que firmaron con la Casa de la Moneda de Portugal, para poner en marcha ese proyecto.
SEMANA habló con el contralor Luis Enrique Abadía, delegado para la Gestión Pública, quien describió la situación como preocupante y le llamó la atención al gobierno Petro, para que tomen cartas en el asunto y eviten que el país termine atravesando por una crisis que ponga en riesgo un servicio escencial: la producción y entrega de pasaportes.
SEMANA: Después del análisis que ustedes hacen sobre el convenio que firman la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal para el nuevo modelo de pasaportes, ¿cuáles fueron los hallazgos para hacer esas advertencias tan delicadas?
Contralor Luis Enrique Abadía, delegado para la Gestión Pública: Nosotros hemos venido desarrollando un seguimiento permanente en el marco del control fiscal con un comitante preventivo al nuevo modelo de pasaportes en Colombia y lo que hemos detectado en distintas oportunidades, por un lado, ha sido riesgo de afectación a la prestación del servicio público.
En esta oportunidad se ha emitido una advertencia que tiene que ver con un riesgo inminente de afectación negativa al patrimonio público, dado que el nuevo esquema no está plenamente estructurado desde lo financiero y tiene algunas variables sin cerrar. En ese entendido, tenemos temas de costeo, de pago, demanda, interés, transporte, riesgo cambiario, pero también desde el punto de vista operativo hemos venido advirtiendo con preocupación que se ha incumplido, se sigue incumpliendo el cronograma para la puesta en marcha de esta implementación del nuevo modelo de pasaportes que debería arrancar el 1 de abril (de 2026).
Sobre eso hemos llamado la atención y también en torno a debilidades en la estructuración del proyecto, dado que hay algunas situaciones que nos parecen de la más alta importancia, que no se valoraron ni se definieron con la concreción debida antes de la suscripción del convenio de 2025.
SEMANA: Cuando usted habla de que hay retrasos en compromisos adquiridos, ¿qué hay detrás de esas demoras y los incumplimientos de un servicio esencial como es la producción de pasaportes?
L.E.A: Por ejemplo, la suscripción del convenio entre la Cancillería y la Imprenta Nacional de Colombia debió celebrarse a finales de noviembre. Esto no ha sucedido.
De otro lado, a esta fecha debió ya haberse importado la maquinaria a través de la cual se pudiera garantizar la producción de las libretas de pasaporte en el país. Hoy no tenemos información, pese a que la hemos requerido, de que siquiera se haya contratado a la empresa importadora.
Entonces, esto nos llama poderosamente la atención en la medida en que somete también al país a riesgos de incumplimiento que naturalmente va a generar algún tipo de sanciones pecuniarias que tendrían que asumirse por parte del Estado y que representarían, es lo que no queremos, que suceda un daño patrimonial adicional al Estado colombiano colombiano.
SEMANA: ¿Esos retrasos se convierten en un riesgo inminente para la entrada en funcionamiento del nuevo modelo de pasaportes?
L.E.A: Sí, total, a eso me refería en precedencia. El hecho de que no se cumpla con los plazos, el hecho de que las razones de incumplimiento sean atribuibles al Estado colombiano, pues nos somete a un riesgo palmario de sanciones desde el punto de vista de una operación internacional como la que aquí está representada, siendo que con Portugal se tiene un convenio y eso no debe pasar, es lo que estamos advirtiendo y es lo que creemos debe precaverse con medidas oportunas por parte de la Cancillería y de la Imprenta Nacional de Colombia para tratar de disipar la posibilidad de que se concrete ese riesgo que hoy advierte la Contraloría General de la República.
SEMANA: Estamos a dos meses de que ese riesgo se materialice porque el nuevo modelo tendría que entrar en vigencia el próximo 1 de abril. ¿El gobierno tiene el tiempo para darle maniobra y mitigar lo que hoy ustedes alertan?
L.E.A: No pudiéramos nosotros anticiparnos a decir que estén o no en condiciones de mitigar el riesgo que estamos nosotros evidenciando, pero nuestra obligación como órgano de control es llamar la atención; eso estamos haciendo al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Imprenta Nacional de Colombia, para que evalúen y adopten de manera autónoma las medidas tendientes a evitar que se materialicen las afectaciones al recurso público que estamos advirtiendo en este pronunciamiento institucional.
SEMANA: La advertencia de la Contraloría habla de falta de estimación en costos, debilidades en la estructuración del proyecto y hasta un plan financiero que no existe. ¿Cómo se formula un convenio tan importante para el país sin esos parámetros?
L.E.A: Consideramos que hizo falta, incluso antes de la suscripción del convenio, la estimación previa de costos. No existe un modelo financiero completo que incluya la producción, transporte y otros conceptos.
Encontramos, por ejemplo, que no hay costos claros por vigencia. El convenio es una especie de marco, no define valores clave para la implementación del nuevo modelo de pasaportes. También el cambio de modelo productivo consideramos que puede encarecer y desajustar la demanda en la medida en que estamos pasando de un modelo a demanda a un modelo con una cantidad mínima anual. Consideramos que esto puede generar ineficiencia sobre costos o desabastecimiento en un momento dado. Tampoco se aseguraría la garantía para cubrir una eventual demanda adicional. También hay un riesgo cambiario que se asume por parte del Estado colombiano en euros. Es un tema que no está lo suficientemente determinado con la prelación que debía tener. Del mismo modo, hay intereses que antes no existían y que se contemplan en el convenio, así como el hecho de que el transporte ahora sería un costo adicional que debe asumir la Imprenta Nacional de Colombia y que antes estaba incluido en el costo integral de la libreta de pasaporte.
En esto nosotros sustentamos esas debilidades. Consideramos que no son de poca monta, que son de una importancia cardinal y sobre todo ello estamos llamando la atención porque creemos que la Cancillería y la Imprenta Nacional de Colombia deben asumir las acciones pertinentes y conducentes a evitar la concreción de riesgos importantes como estos y llegar a las medidas que más correspondan con la protección del recurso público y que además garanticen la prestación óptima de este servicio tan sensible y tan esencial para las y los colombianos.
SEMANA: ¿Qué efectos podría causar que no haya un estudio serio frente al cambio de la moneda, teniendo en cuenta que Colombia maneja peso y Portugal euro?
L.E.A: Es un tema en la medida en que no haya un estudio completo, seguro y confiable previamente sobre el sector, pues hace que, cuando cambien algunas situaciones con la moneda, termine siendo una carga para Colombia. Es un tema que anteriormente no se planteaba y que, en términos de presupuesto, que no son flexibles, pues operaciones de esta naturaleza que incluyan recursos públicos deben ser absolutamente determinadas y determinables sin estar sometidas a variables de inestabilidad como las que pudieran eventualmente suscitarse en una situación de estas.
