La Contraloría General de la República hizo graves advertencias sobre el fracasado modelo de pasaportes que ha intentado durante todo su Gobierno implementar el presidente Gustavo Petro.
Después de un exhaustivo análisis documental de los contratos suscritos para la puesta en marcha del nuevo modelo de pasaportes, la Contraloría hizo graves advertencias sobre los posibles riesgos financieros y la incertidumbre que está generando ese proyecto.
La revisión se centró sobre las obligaciones que se pactaron a través del convenio de cooperación internacional 010 de 2025, firmado entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa de la Moneda de Portugal.
Una de las primeras advertencias de la Contraloría se basó en un posible riesgo inminente con afectación negativa al patrimonio público, debido a que no hay proyección de costos del servicio que permita identificar los compromisos financieros anuales y evaluar la disposición de recursos para la puesta en marcha del nuevo modelo de producción de pasaportes en Colombia.
Así mismo, la Contraloría detectó que con la firma del convenio de cooperación internacional, no se definieron los valores que la Cancillería le debe pagar a la Imprenta Nacional para personalizar esos documentos, a pesar de tener las herramientas para hacer ese tipo de tareas.
El ente de control liderado por Carlos Hernán Rodríguez también confirmó que ese negocio “modifica las condiciones de producción entre ambos modelos, pasando de requerimientos a demanda a una cantidad mínima por año, haciendo abstracción de la dinámica de la demanda del servicio”.
El millonario contrato para producir pasaportes con el nuevo modelo, según la Contraloría, no tiene garantía para el suministro de pasaportes en caso de necesitar cantidades adicionales a las pactadas, teniendo en cuenta que eso depende de la disponibilidad de la Imprenta Nacional con la Casa de Portugal.
También existiría un riesgo cambiario que podría aumentar el costo de los documentos por ser producidos en Europa, donde la moneda es el euro, que podría terminar siendo asumido por el Estado colombiano al no tener ninguna evidencia de cobertura frente a esa situación.
Otra de las inconsistencias alertadas en el informe es que los costos de los contratos que se han ejecutado para ese tema, incluían IVA y demás tasas asociadas a la prestación del servicio, pero eso no estaba contemplado en las cuentas.
Por eso, la Contraloría le hizo un llamado urgente al Fondo Rotatorio de la Cancillería para que evalúe de manera autónoma, la adopción de medidas que eviten posibles afectaciones a los recursos públicos.
