Congresistas, funcionarios y exintegrantes del Gobierno Petro han salido a cuestionar duramente la demanda que llegó al Consejo de Estado contra el decreto que expidió el mandatario para derogar una resolución que le recortó el salario a los congresistas.
El abogado Andrés Orjuela, autor de la demanda, habló con SEMANA y, aunque advierte que ese decreto del Gobierno Petro, expedido en enero de este año, es “populista” de cara a las elecciones a la Presidencia, explica que la demanda expone la forma en que se vulneraron los derechos de cientos de trabajadores con esa medida.
SEMANA: ¿Por qué demandó el decreto del Gobierno Petro que le recortó el sueldo a los congresistas?
Abogado Andrés Orjuela: Mi preocupación es que el ordenamiento jurídico en Colombia se cumpla, porque precisamente mi labor es ser abogado. ¿Qué demandé? La prima especial de servicios y la bonificación judicial. Son derechos que se vienen reconociendo desde hace más de diez años y que se han tramitado en todos los tribunales. Actualmente, hay un precedente uniforme en todo el país que señala que todos los empleados de la Rama Judicial, la Fiscalía y la Procuraduría que devengan bonificación judicial tienen derecho a su reliquidación.
Contextualizado en lo que hago, quiero contarle por qué nació esta demanda. Yo presento demandas a nivel nacional reclamando la prima especial. Esta se regula por decreto y es un reconocimiento para los funcionarios judiciales. En ese contexto, el Gobierno expide el Decreto 030 de 2026, con el que se elimina la prima especial. Al eliminarla, se afecta la prima y el salario mensual de muchos empleados, en efecto cascada. Entonces me doy cuenta de que mis clientes —magistrados, jueces, etc.— a partir del 20 de julio de 2026 van a ganar menos.
Esto ocurre porque, según la ley marco —artículo 15 de la Ley 4 de 1992—, la prima especial de los magistrados equivale a lo que gana un congresista en el año. Si se reduce el salario del congresista, también el del magistrado, y eso afecta a mis clientes. Por eso presento la demanda: porque impacta directamente a la población que represento. Al revisar el decreto, encontré afectaciones a mis clientes, pero de fondo lo que se vulnera es la Constitución y los tratados internacionales, porque los derechos laborales son derechos sociales que deben avanzar progresivamente. Una vez alcanzadas ciertas conquistas laborales, no se puede retroceder. Está prohibido disminuir esos derechos.
Cuando se creó la prima para los congresistas, se logró un avance. Ese avance no puede desmontarse años después con el argumento de que ganan mucho. Eso vulnera el principio de progresividad y no regresividad de los derechos sociales. Este principio no solo está en la Constitución, sino en el bloque de constitucionalidad, es decir, en los tratados internacionales ratificados por Colombia.
SEMANA: ¿Pero el Gobierno tiene a la mano excepciones que le puedan servir para sacar ese decreto?
Abogado Andrés Orjuela: Hay que destacar algo: la regla general es la progresividad y la excepción es la regresividad. Es decir, solo de manera excepcional se pueden reducir derechos sociales, y eso requiere una justificación técnica sólida. No basta con decir que el Estado tiene problemas financieros o que algunos ganan mucho. Se requiere un estudio técnico serio que demuestre, por ejemplo, que las finanzas públicas están en riesgo. Eso no ocurrió aquí. El decreto no tiene esa justificación suficiente. Aunque intentan justificarlo, no cumple con los requisitos que ha establecido la Corte Constitucional para una medida regresiva. De hecho, la Corte ha señalado que, en principio, toda medida regresiva es inconstitucional. En ese contexto, más allá del sustento jurídico, podría interpretarse como una medida populista. Desde mi perspectiva, lo es, porque a través de un decreto se están vulnerando derechos sociales y desconociendo el principio de progresividad.
SEMANA: Representantes del Gobierno, como la senadora Esmeralda Hernández y el exembajador Camilo Romero, han calificado su demanda como “indignante” y una “ofensa para el país” por pretender devolverle esa prima a los congresistas, ¿qué decir de esas posturas?
Abogado Andrés Orjuela: Frente a esos cuestionamientos, mi respuesta es clara: la ley colombiana se aplica a todos por igual. No hay excepciones. Las normas obligan tanto al presidente como a los alcaldes como a cualquier ciudadano. Lo que estoy pidiendo es el cumplimiento del ordenamiento jurídico y de la Constitución de 1991. Se pueden dar muchas opiniones, pero la Constitución y las leyes son de obligatorio cumplimiento para todos, sin excepción.
#Política | Gustavo Petro reaccionó al decreto de su Gobierno que golpeó el salario de congresistas: “Creo que es muy justo”.https://t.co/C05556NQbj
— Revista Semana (@RevistaSemana) January 20, 2026
SEMANA: ¿Quién es el abogado detrás de esta demanda, tiene algún interés político?
Abogado Andrés Orjuela: Yo soy abogado litigante y usuario de la administración de justicia. Ese es mi empleo: abogado litigante. Defiendo los derechos laborales de los empleados del Estado. Tengo muchas demandas laborales en contra de la Rama Judicial, en contra de la Fiscalía y en contra de la Procuraduría. Y los abogados nos dedicamos a eso. No me encasillen ni en izquierda ni en derecha. Yo soy un abogado litigante.
Así como defiendo los derechos de los trabajadores —en este caso, congresistas y empleados de la rama—, también lo hago cuando toca defender los derechos de trabajadores que ganan un salario mínimo. Dentro del trámite del salario mínimo, yo también me hice parte defendiendo esos postulados. En ese orden de ideas, no me pueden ubicar ni en la izquierda ni en la derecha. Yo soy un abogado litigante. Litigo en todo el país, tengo procesos de norte a sur y de oriente a occidente, y me dedico a demandar al Estado.