A uno de los expedientes más grandes contra Armando Benedetti, ministro del Interior y una de las figuras más poderosas del Gobierno Petro, se le suma una nueva y delicada denuncia. Más allá de la investigación por enriquecimiento ilícito que adelanta la Corte Suprema de Justicia en su contra, por movimientos y compras hechas cuando era senador de la República, el fiscal que se atrevió a embargar y secuestrar esos bienes ahora alerta sobre posibles retaliaciones.
En el marco del proceso por enriquecimiento ilícito que lleva la Corte Suprema de Justicia contra Benedetti se adelantó de forma paralela un trámite de extinción de dominio en el que se afectaron bienes del ministro y de su esposa, Adelina Guerrero Covo.
Se trata de un apartamento en El Retiro, un exclusivo sector de Bogotá; tres lotes en Puerto Colombia, municipio ubicado a las afueras de Barranquilla, y recursos depositados en un leasing de una casa en la localidad de Chapinero.
Esa afectación de bienes, que ronda los 5.200 millones de pesos, ha sido uno de los golpes judiciales más fuertes contra el ministro del Interior. Al frente de esas medidas estuvo Vicente Bonilla, fiscal 13 de extinción de dominio, quien ordenó las medidas cautelares sobre los inmuebles.
Bonilla, con más de 30 años de carrera en la Fiscalía General de la Nación y a siete meses de pensionarse, recibió notificación de que será trasladado a la sede de Barrancabermeja (Santander). En entrevista con SEMANA, el funcionario aseguró que teme por su vida, denuncia posibles retaliaciones por afectar los bienes del ministro y plantea la posibilidad de que detrás de un plan en su contra esté Benedetti.
De acuerdo con el fiscal, el pasado 27 de marzo lo notificaron del traslado de su despacho al municipio por motivos de “regionalización”, pese a que allí no hay jueces de extinción de dominio.
“Quiero poner en conocimiento de la opinión pública que soy víctima de una posible persecución y acoso laboral por parte de la señora fiscal general de la Nación y el director de Extinción del Derecho al Dominio. Una probable causa que cobra mucha fuerza es que, dentro de mis funciones, el 13 de octubre del año 2021 afecté con fines de extinción de dominio bienes de propiedad de Armando Benedetti y su esposa, Adelina Guerrero”, manifestó el fiscal, en conversación con este medio.
Y agregó que en los cuatro años siguientes ha “sostenido un arduo debate jurídico” con Benedetti, quien ha denunciado una “persecución política y judicial” en cabeza del fiscal, incluso calificando de “arbitraria” la decisión de afectar sus bienes.
“Lo hacía cumpliendo mis deberes constitucionales y legales, ante hechos delictivos que había y posibles nexos de estos bienes con causales de extinción de dominio”, dijo el fiscal.
Estas medidas, impartidas por Bonilla, fueron confirmadas el pasado miércoles 3 de junio por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que negó la impugnación interpuesta por el ministro del Interior frente al apartamento en Rosales y el leasing.
Según Bonilla, el único despacho de extinción de dominio que fue trasladado fue el suyo, sin mayor explicación, poniéndolo en una situación “de manifiesto e inminente peligro, ya que Barrancabermeja es una zona de riesgos de orden público, con presencia histórica de grupos armados organizados al margen de la ley. Por ello, mi vida y mi integridad personal corren peligro”.
Y dijo que, en caso tal de que no se revierta la situación, podría acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en busca de medidas de protección.
Frente al contacto que ha tenido con Benedetti, dijo que se ha limitado a escritos: “Yo respondía. Fui vehemente en negarme a las pretensiones que ellos tenían respecto al levantamiento de medidas”.
En caso de que atenten contra su vida, el fiscal responsabilizó a la fiscal Luz Adriana Camargo y a Juan Felipe Cárdenas Restrepo, director de Extinción del Derecho al Dominio, y tampoco descartó que Benedetti estuviera detrás de un plan en su contra.
“No tengo cómo demostrarlo, pero entre las retaliaciones por las decisiones que he tomado contra sus bienes, es posible que tenga que ver algo con mi traslado. Una orden, dado el poder que tiene en el Gobierno nacional”, sostuvo.
SEMANA conoció el recurso de reposición que presentó Bonilla internamente en la Fiscalía, en el que menciona que las acciones contra Benedetti pueden significar un riesgo para su vida.
Dice que ha adelantado investigaciones contra testaferros de grandes criminales, así como contra “personas notables, incluso que hacen parte del actual Gobierno nacional, tales como Armando Benedetti, casos que, obviamente, ante las retaliaciones de las personas a quienes se les han proferido medidas cautelares contra sus bienes, por origen o destinación ilícita, representan un riesgo y un peligro para mi integridad”.
Además, cuenta que padece de “hipertensión, hiperlipidemia, discopatía lumbar con hernias discales, apnea del sueño, tratamiento de glaucoma y afectación del manguito rotador del hombro derecho”, así como en su familia existen enfermedades que los hacen dependientes de su salario como cabeza de hogar.
La respuesta de la Fiscalía fue “desfavorable”, por lo que se mantuvo su traslado. En ningún momento se refirieron de forma directa a las alertas que enciende el funcionario frente a su seguridad y posibles retaliaciones de investigados por su despacho.
SEMANA consultó a la Fiscalía General de la Nación sobre el caso de Bonilla, donde aseguran que se trata de un movimiento en el marco de una regionalización y reorganización interna, que está “orientado a optimizar la distribución de las cargas de trabajo y atender asuntos en regiones donde no había presencia de determinadas especialidades”.
Y aclaran que la medida no tiene incidencia sobre el expediente: “Además, en caso de traslado, el fiscal continuará conociendo del caso y llevará consigo las carpetas. Al encontrarse en etapa de juicio el proceso, su desarrollo se adelanta ante los jueces competentes y continuará conforme a la programación que disponga la Judicatura. Por tanto, estos ajustes administrativos no generan ninguna afectación al desarrollo del caso”.
En conversación con SEMANA, Armando Benedetti, ministro del Interior, respondió a los señalamientos del fiscal. “Estoy mamado de que me echen la culpa de absolutamente todo. Segundo, si él se siente castigado, quién sabe qué habrá hecho. No tengo influencias de quitar, destituir, nombrar o trasladar personas en la Fiscalía”, manifestó. Y prefirió no pronunciarse de fondo sobre el caso: “Él no actuó en derecho. Ni siquiera investigó. Él fue instrumentalizado”.
Además, recordó que está incluido en la Lista Ofac, y que, por causa del proceso de extinción de dominio realizado a un apartamento y un leasing, no tiene dónde vivir en Bogotá. “Estoy en La Ofac. A mí nadie me alquila un apartamento. Estoy acorralado por una cantidad de cosas que no he hecho. Imagínese usted, ¿cómo embargan un leasing? Es lo más absurdo que hay”, concluyó el ministro.
Bonilla, quien asegura temer por su vida, interpuso una acción de tutela contra la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se le garanticen sus derechos frente a lo laboral, su condición de salud y los riesgos de seguridad que tendría en Barrancabermeja. Sin embargo, no descarta irse ante instancias internacionales, en caso de que la decisión se mantenga en firme.
“Siente rabia o animadversión hacia lo que yo hice. Lo hice cumpliendo un deber constitucional”, dijo Bonilla, quien, por ahora, se prepara para trasladarse al Magdalena Medio.