La Nueva EPS, que tiene unos 11,5 millones de afiliados en el país y que fue intervenida por el Gobierno desde abril de 2024, estaría pasando por uno de sus momentos más complejos. Así lo reflejan los estados financieros presentados por la misma interventoría, en manos de Jorge Iván Ospina.
Lo publicado generó una gran alerta en distintos sectores que ya venían quejándose sobre lo que sucedía con la EPS más grande del país, especialmente tras la intervención del Gobierno que, para varias voces, no estaría mostrando los mejores resultados. ¿Cómo se llegó a esto?
El exsuperintendente de Salud Fabio Aristizábal le dijo a SEMANA que los informes presentados por la misma interventoría reflejan los malos manejos que ha tenido la Nueva EPS en manos del Gobierno.
“La intervención es para subsanar unos hallazgos, pero eso no se hizo. Empeoraron los indicadores financieros y la situación de la Nueva EPS. Entonces surge la duda: o se estaban robando los recursos de la Nueva EPS o realmente la UPC no alcanza, o ambas”, criticó.
Una de las grandes dudas que deja sobre la mesa Aristizábal, y en la que coinciden múltiples voces, es la responsabilidad que tienen los interventores que han pasado por la Nueva EPS desde que está en manos de la Superintendencia de Salud. En ese cargo estuvieron: Julio Alberto Rincón, Bernardo Camacho, Gloria Polanía, Óscar Gálvez y Jorge Iván Ospina. Además, Aldo Cadena presidió la prestadora de salud por unos meses, previo a que fuera intervenida.
La preocupación radica en que se trata de cinco interventores en algo más de dos años, lo que afectaría la estabilidad y el manejo de la crisis de la EPS. “No puede haber buenos resultados en una empresa, y menos de tal tamaño, si le cambian el interventor cada cinco meses: en dos años llevamos cinco interventores y el fugaz presidente nombrado a la brava por el primer mandatario antes de la intervención, que fue Aldo Cadena. Tenemos seis personas en menos de dos años y medio; eso es una vergüenza y el daño que causan es muy grande”, criticó el senador electo Andrés Forero, del Centro Democrático.
Uno de los principales cuestionamientos que hacen Aristizábal y Forero sobre los informes presentados por la Nueva EPS es la responsabilidad de quien ejerce el control de la entidad, Gladys Asprilla Coronado, quien es familiar del exsenador cercano al petrismo Inti Asprilla.
Además, consideran que falta información relevante en estos estados financieros presentados, que deberá ser conocida posteriormente con el objetivo de hacer una radiografía completa de la prestadora de salud.
Según Forero, estos estados financieros deben tomarse con pinzas y revisarse con lupa. El informe que presentó la interventoría refleja que en 2024 la Nueva EPS registró ingresos ordinarios por 22,2 billones de pesos, mientras que el costo de prestación de servicios fue de 26,4 billones, y los gastos administrativos fueron de 0,5 billones, lo que refleja una pérdida de 4,8 billones de pesos para ese año.
En el Gobierno nacional, desde el presidente Gustavo Petro hasta el superintendente de Salud, Daniel Quintero, y el interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, sacaron pecho de estos resultados y cuestionaron que la crisis se debe a administraciones anteriores.
Quintero destacó que, supuestamente, antes de la intervención las pérdidas eran de 6,5 billones de pesos, por lo que los números reflejarían una mejora, y proyectó que para 2025, cifras que aún no se han conocido pero que prometieron revelar a más tardar en julio, junto con los datos del primer semestre de 2026, los números serían mejores.
“En mi periodo como superintendente de Salud no solo se están sincerando con transparencia las cuentas de Nueva EPS, sino que se ha logrado una reducción en la radicación de PQRS, en especial en lo relacionado con medicamentos y casos de niños, donde hemos sido implacables”, afirmó Quintero.
Sin embargo, Forero tiene otra percepción y es que, según lo que ha investigado, desde que la EPS está intervenida por el Gobierno, las tutelas se han disparado y eso estaría relacionado con los problemas de prestación de servicios y la red, una queja constante por parte de los afiliados.
Considera que los estados financieros que se conocerán de 2025 y 2026 serán aún más alarmantes que los revelados en los últimos días. “Esta radiografía que se hace de la Nueva EPS no atiende el momento más crítico de la entidad, que es el año 2025 y posiblemente el año 2026”, mencionó.
Forero dice que los números presentados por la interventoría deben analizarse en detalle, pues mientras Quintero destaca un avance, el senador electo considera que se debe revisar lo adelantado por la Contraloría General, que refleja que los anticipos no legalizados y las facturas represadas han crecido durante la intervención del Gobierno, por lo que considera que el “remedio ha sido peor que la enfermedad”. “En esos datos de la Contraloría uno se da cuenta de que los anticipos no legalizados subieron”, agregó.
El informe al que hace referencia Forero fue publicado en septiembre de 2025, en el que se encontró un incremento en los anticipos pendientes por legalizar, pasando de 3,4 billones de pesos en 2023 a 8,6 billones en 2024, es decir, un incremento del 155 por ciento. En la vigencia de 2025, a corte de junio, la Contraloría encontró que se acumularon 6,6 billones de pesos adicionales frente al total reportado durante la vigencia 2024, pasando de 8,6 billones de pesos a 15,27 billones.
En el caso de las facturas represadas, la Contraloría encontró que a esa fecha había más de 22 millones de registros por un valor de 22,1 billones de pesos, aunque aclararon que encontraron unos 9 millones de facturas repetidas por un valor de 8,9 billones, por lo que faltaban por procesar unos 13,2 billones de pesos.
La situación de la Nueva EPS ha generado preocupación en las asociaciones de pacientes, pues en últimas son los usuarios los que se estarían viendo afectados.
Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, cuestionó la falta de claridad técnica en los balances presentados por la interventoría. Además, considera que, si bien la situación de la Nueva EPS no era la mejor antes de la intervención del Gobierno, desde que está en manos de la Superintendencia ha empeorado..
¿Qué sigue?
La Superintendencia se comprometió a presentar los informes de 2025 y del primer semestre de 2026 antes de julio, por lo que está la expectativa de saber si los indicadores han mejorado o disminuido.
Uno de los fantasmas de los que se habla ante la crisis es liquidar la Nueva EPS; sin embargo, prácticamente todos coinciden en que se trataría de un error garrafal, pues los más de 11 millones de afiliados podrían quedar a la deriva, pues las demás EPS no tendrían la capacidad de recibirlos.
En cambio, consideran que se debería hacer una auditoría forense para revisar el verdadero estado de la Nueva EPS y hallar las responsabilidades de los interventores.
Silva considera que, antes de pensar en una liquidación, se debe analizar la situación de la Nueva EPS. “Tendrían que hacer tres cosas: uno, nombrar un gerente con capacidad técnica que conozca el sistema de salud y con experiencia en el sector; dos, hacer una inyección de capital; y tres, cumplir los autos de la Corte para darle un flujo de recursos para mitigar de alguna manera el déficit financiero que tiene”, dijo.
Por su parte, el exministro de Salud Fernando Ruiz dijo que es clave que el gobierno entrante revise la situación de la Nueva EPS de manera conjunta con las demás EPS intervenidas y las dificultades que tiene el sistema de salud. “Toca solucionarles el problema a los pacientes, es lo más relevante”, afirmó.
Los expertos coinciden en que la nueva administración va a enfrentar una difícil situación porque recibirá dos “bombas”: una financiera y otra institucional, por lo que deberá decidir si se enfoca en capitalizar la Nueva EPS para solventar la crisis en la que se encuentra y sacar adelante a los millones de colombianos que están afiliados.