Hace algunas horas, la Defensoría del Pueblo realizó un requerimiento directamente a la Nueva EPS para que se restablezcan de manera inmediata los servicios tanto de alimentación y transporte que fueron suspendidos en albergues indígenas en Bogotá, Villavicencio y Vaupés, en donde unas 100 personas residen y actualmente tienen barreras para acceder a citas médicas y continuar con sus tratamientos.
Este requerimiento se hizo luego de que se verificaran las afectaciones que se viven en los albergues en los que se atienden a pacientes afiliados, provenientes de Vaupés, Guainía, Amazonas, Vichada Y Meta, además de otros territorios apartados del país.
Aunque las empresas pueden justificar fallas administrativas o contractuales, se podrían traducir en barreras concretas para poblaciones en condición de vulnerabilidad. La entidad verificó cerca de 100 personas afectadas, que en su mayoría pertenece a comunidades indígenas y se encuentra fuera de su territorio de origen por razones asociadas a la atención en salud. Allí se encuentran tanto niños, mujeres y adultos mayores.
Es importante tener en cuenta que los albergues cumplen una función fundamental en los territorios, dado que estos permiten que los pertenecientes a comunidades que viven en territorios dispersos o apartados.
La Defensoría asegura que estos no son elementos accesorios sino fundamentales para que la atención sea efectiva para quienes no cuentan con redes locales que puedan apoyarlos.
La falta de condiciones de manutención y la movilidad les impacta directamente a estos beneficiarios en el acceso a citas médicas y continuidad en los tratamientos. Entre la solicitud hecha por la Defensoría a la Nueva EPS, se encuentra lo siguiente:
Restablecer de manera inmediata los servicios suspendidos, normalizar los pagos a los operadores, garantizar la atención integral de las y los usuarios afectados y adoptar medidas para evitar nuevas afectaciones.
Adicional a ello, detallaron que seguirán realizando el seguimiento y ejercerá las acciones necesarias para proteger los derechos fundamentales de las personas afectadas.