En las cárceles colombianas, un teléfono celular puede convertirse en una herramienta para extorsionar, coordinar delitos, impartir órdenes o mantener contacto con una estructura criminal que opera fuera de los muros.

Inpec alerta por plan para atentar contra sus sedes en Bogotá. Los casos están relacionados con los recientes traslados

Pero cuando estos dispositivos aparecen en poder de funcionarios penitenciarios, la dimensión del problema cambia. Ya no se trata únicamente de internos que consiguen burlar las requisas, sino de elementos que terminan en manos de quienes tienen la responsabilidad de impedir que circulen.

Las bases de datos entregadas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) a la vicepresidencia de la Cámara de Representantes permiten reconstruir parte de esa realidad. Los registros de incautaciones, celulares encontrados a funcionarios, investigaciones disciplinarias, traslados por seguridad y fugas revelan una institución que enfrenta simultáneamente la presión de las estructuras criminales, las irregularidades dentro de su propio personal y una capacidad de vigilancia que está lejos de responder a sus necesidades.

La dimensión de las alertas internas está en los expedientes. Entre 2023 y 2026, el instituto reportó 213 funcionarios capturados o judicializados. La distribución entregada registra 44 casos en 2023, 78 en 2024, 57 en 2025 y 34 en 2026. En esa relación aparecen integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, auxiliares y personal administrativo. El dato no corresponde exclusivamente a guardianes ni significa que todos hayan sido condenados, pero sí evidencia la cantidad de servidores que han terminado involucrados en actuaciones penales.

El Inpec ordenó “revolcón” en el pabellón de extraditables en La Picota. Todos los privados de la libertad fueron sacados de sus celdas. Foto: Inpec

El número de investigaciones disciplinarias activas asciende a 1.283. La Oficina de Control Interno Disciplinario mantiene expedientes en instrucción y juzgamiento, mientras otro consolidado relaciona 834 funcionarios con antecedentes disciplinarios.

La preocupación por la corrupción dentro de las cárceles llegó también al Senado, donde el ministro de Justicia, Iván Cancino, presentó un balance de la situación penitenciaria. El funcionario aseguró que se han impuesto cerca de 235 sanciones a servidores del Inpec por irregularidades relacionadas con corrupción y extorsión. También anunció que la depuración de líneas telefónicas identificadas como extorsivas pasó de realizarse mensualmente a cada 15 días, con la meta de hacerla cada ocho.

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En su intervención, Cancino reveló que algunas líneas reportadas para desactivación no eran bloqueadas porque estaban asociadas a funcionarios penitenciarios. “Porque la línea reportada pertenecía a un funcionario del Inpec. De malas”, dijo al explicar las medidas que, según el ministerio, se están adoptando para enfrentar las comunicaciones utilizadas en extorsiones.

Los archivos del Inpec permiten identificar dónde aparecen algunos de esos problemas. La base de celulares incautados en poder de funcionarios contabiliza 631 dispositivos entre 2022 y 2026. La Reclusión de Mujeres de Bogotá registra 45, de los cuales 29 corresponden a 2026; Jamundí suma 39; Espinal, 32; Valledupar, 30, y Medellín, 27. La distribución muestra que los hallazgos no están concentrados en un solo establecimiento y que el problema de los dispositivos también atraviesa diferentes regionales y centros penitenciarios.

La radiografía se vuelve más reveladora cuando se cruza con otro de los archivos conocidos por SEMANA, en el que se identifican los 20 establecimientos con mayores cifras de incautaciones entre 2022 y 2026.

Jamundí encabeza la relación, seguido por Cúcuta, Ibagué y establecimientos de Bogotá. También aparecen Yopal, Medellín Pedregal, La Dorada, Girón, Calarcá, Popayán, Buga, Tuluá, La Paz, Bello, Cali, Palmira, Valledupar, Girardot y Bucaramanga. El listado reúne cárceles de distintas regiones donde el control de elementos prohibidos ha concentrado un número elevado de decomisos.

La coincidencia de algunos centros en ambos archivos es uno de los puntos que más llama la atención. Jamundí, que ocupa el primer lugar del listado de incautaciones, registra 39 celulares encontrados en poder de funcionarios. Medellín suma 27; Valledupar, 30; Ibagué, 24; Cali, 18; Yopal, 17; Bogotá, 16 y Palmira, 15.

En estos establecimientos confluyen altos registros de decomisos y hallazgos de teléfonos a servidores penitenciarios.

Celulares, cuchillos, estupefacientes, licor y hasta licuadoras encontró el Inpec en las celdas de la cárcel La Picota. Foto: César Flechas - SEMANA

Decomisos

Los elementos decomisados en las cárceles dan una idea de las dimensiones del mercado ilegal que los operativos intentan contener. Entre 2022 y 2026, las bases suman 171.512 celulares, 204.074 tarjetas SIM y 172.283 elementos adicionales de comunicación.

En el mismo periodo se contabilizan 144.305 armas blancas, siete pistolas y cuatro revólveres. La relación también registra 208.556 litros de licor de fabricación carcelaria, 678 litros de whisky, 1.603 litros de aguardiente y 675.774.375 pesos en dinero incautado.

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La presencia de teléfonos y tarjetas SIM en semejante volumen no es un asunto menor dentro de un sistema que debe restringir las comunicaciones de los internos. Esos elementos pueden permitir contactos con el exterior, facilitar la coordinación de actividades ilegales y mantener canales de comunicación que las autoridades intentan interrumpir.

Las armas comprometen la seguridad física de los patios y los funcionarios, mientras el dinero y otros elementos decomisados dejan ver la circulación de bienes dentro de espacios en los que su ingreso y comercialización están sometidos a controles. Durante esos cinco años, el Inpec hizo 253.250 operativos de registro y control. Fueron 55.050 en 2022, 55.392 en 2023, 53.244 en 2024, 50.130 en 2025 y 39.434 en 2026. Las jornadas de inspección se realizan para detectar elementos prohibidos, revisar espacios de reclusión y contener riesgos dentro de los establecimientos. El volumen de procedimientos contrasta con la permanencia de celulares, SIM, armas, droga y otros objetos que continúan apareciendo en los consolidados de incautaciones.

Inpec se tomó las principales cárceles del país. Arrancaron con La Picota. Foto: César Flechas - Semana

La seguridad también está detrás de buena parte de los movimientos de internos. El instituto reportó 42.674 traslados entre enero de 2022 y el 15 de octubre de 2026. De ellos, 23.364 obedecieron a razones de seguridad, más de la mitad del total.

Otros 8.576 se hicieron por estímulos de buena conducta, 7.248 por descongestión, 1.607 por orden interna, 1.036 por salud, 540 por orden judicial y 303 por cumplimiento de fallos de tutela. El traslado de un interno por seguridad implica alterar su ubicación dentro del sistema, una decisión que forma parte de la presión que enfrentan las autoridades para mantener condiciones de custodia y prevenir riesgos.

Ese movimiento de presos ocurre mientras el Inpec reconoce que no dispone de la planta de guardianes que necesita. La entidad tiene autorizados 15.148 integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, pero calcula que requiere 27.363 para responder a sus necesidades operativas. La diferencia es de 12.215 funcionarios.

SEMANA se comunicó con el director del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez, para conocer las estrategias que están implementando para depurar la institución y frenar los presuntos casos de corrupción. Sin embargo, no recibió respuesta del alto mando oficial.

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