SEMANA: ¿Qué pasó con usted después de que el procurador Gregorio Eljach la suspendió porque, como presidenta de la Comisión de Investigación de la Cámara, suspendió a Gustavo Petro por participar en política?
GLORIA ARIZABALETA: Me he dedicado exclusivamente a tratar de sacar a la luz la verdad de los hechos, lo que ocurrió, demostrar que es un montaje del Gobierno del presidente Petro con una colaboración de la Procuraduría.
SEMANA: ¿Cómo así?
G.A.: El procurador Gregorio Eljach pasó 29 años en el Congreso, tiene claridad, sabe que, desde su cargo, no es la autoridad idónea y no tiene la competencia para suspenderme del cargo por lo sucedido en la Comisión de Acusación. La suspensión de un congresista solo puede darse por la Comisión de Ética de la Cámara o, en su defecto, por la Comisión de Disciplina Judicial, toda vez que en ese momento estaba actuando como representante instructora y haciendo parte de la Rama Judicial, es decir, investigadora de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara.
SEMANA: Pero, aun así, Eljach la suspendió…
G.A.: Me suspendió, me apartó del cargo y permitió que el Gobierno pudiera emitir sus juicios de valor amañados y dar las interpretaciones acomodadas a la opinión pública de lo sucedido.
SEMANA: Petro, por ejemplo, habló de “extorsión” y “codicia” cuando se refirió a usted y su decisión de suspenderlo de la presidencia por participar en política.
G.A.: Claro, utilizó la palabra “extorsión” y pidió a los ministros que hablaran ante la Corte Suprema de Justicia y explicaran. Por supuesto, hice gestiones parlamentarias, como lo hacen todos los congresistas. Represento al Valle del Cauca y más de una vez fui adonde algunos ministros, no adonde todos porque no me dediqué a hacer lobby, porque no fue mi estilo, y solo pedí gestiones para mi región. Por ejemplo: la carretera Mulaló-Loboguerrero fue una de las gestiones que hice en el Ministerio de Transporte y eso salió mal. Cuando hubo una crisis de los ingenios azucareros con el etanol, hace poco intenté con el Ministerio de Minas para que se solucionara. Y se solucionó. Ayudé a varios municipios que requerían hospitales, que necesitaban acueductos, alcantarillados, plantas de tratamiento. No sé si esas gestiones avanzaron. Yo, simplemente, ayudé a conseguir las citas a los líderes comunales para que llevaran sus proyectos. Esa es la gestión parlamentaria. Para eso nos eligen, para ayudarle a la gente en sus gestiones, pero que yo haya pedido en contraprestación algo, jamás. Ninguno puede decirlo porque no ocurrió. Mucho menos con el ministro de Hacienda (Germán Ávila).
Con todos los ministros de Hacienda tuve relación porque siempre estuve en la Comisión Cuarta de la Cámara, en la Comisión de Presupuesto; allá nos presentaron las leyes de financiamiento y la primera reforma tributaria. Pero nunca tuve un sí o un no con el señor ministro. El abogado Alejandro Carranza, apoderado de Petro, intenta decir en su declaración pública que yo le hice peticiones al ministro, y no es cierto. No ocurrió.
SEMANA: ¿Y qué ocurrió, según usted?
G.A.: Al ministro de Hacienda, en alguna ocasión, desde la Comisión de Acusación, le pedimos un mejor presupuesto para tener mayor número de abogados y por más tiempo, porque, por supuesto, soy abogada penalista y puedo avanzar en mis investigaciones, pero allá hay ingenieros civiles, odontólogos, deportólogos, todo tipo de profesionales. Es más, hay gente que no tiene profesión. Y necesitan abogados penalistas y expertos en derecho disciplinario para poder avanzar en los proyectos que allí cursan. Entonces, fui a decirle al ministro: ‘Estamos muy cortos de personal, por favor, ayúdenos’. Nunca le dije que necesitaba esto para hacer aquello. Jamás. ¿Y sabe por qué no? Porque yo tenía una línea marcada.
SEMANA: ¿A qué se refiere?
G.A.: Desde junio de 2025 (aún no era presidenta de la Comisión) venía en conversaciones con Estados Unidos. La entonces senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal presentó ante la Comisión de Acusación una comunicación –no era un denuncio penal–, era un comunicado dándole alcance a unas noticias de prensa, envió los links y dijo que allí nos daríamos cuenta de que alias el Pollo Carvajal hacía unas denuncias específicas contra Gustavo Petro. Cuando llegó ese documento, empecé a averiguar cómo podía hacer para conocer a Carvajal. Comencé por tratar de tener relación con la Embajada de Estados Unidos en Colombia, pero no fue posible. El embajador del momento era muy cercano al Gobierno Petro y preferí, por ser un tema tan sensible, que esa no fuera la ruta. Luego, a través de una persona que me envió la senadora Cabal, me hicieron un enlace con dos ciudadanos en Estados Unidos para que, a su vez, ellos me ubicaran al Departamento de Estado, al Departamento de Justicia y los entes de policía respectivos. Logré tener un viaje a Estados Unidos en octubre de 2025. Anterior a eso, tuve unas comunicaciones por la plataforma Threema, de mensajería instantánea suiza enfocada en la privacidad y el anonimato, donde esas personas de Estados Unidos me dieron las indicaciones y me preguntaron qué necesitaba.
SEMANA: ¿Y qué les dijo usted?
G.A.: Les informé que era de la Comisión de Acusación de la Cámara, en qué avanzamos y qué investigaciones tenía en mi poder. Este proceso, por el que busqué a Estados Unidos, no se llama violación de topes electorales en la campaña de Gustavo Petro en 2022; el tipo penal es financiación de campaña electoral con fuente prohibida. Cuando llegué a Estados Unidos, hablé, entre otros, con un fiscal de Tampa, el que llevaba el caso de Carlos Restrepo, conocido como el narcopiloto o exrepresentante legal de la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi), quien habría financiado la campaña de Petro y quien fue capturado por narcotráfico y extraditado a Estados Unidos. Logré hablar con el fiscal y le pedí que me permitiera llegar adonde Restrepo, de nacionalidad colombiana, para tomarle una declaración. Si el señor transportó droga en su avioneta y en esa misma movilizó al candidato Petro, pues hay una línea muy delgada que había que investigar. Aviones que vienen del narcotráfico y que lo transportaron a él, muy complejo todo.
SEMANA: ¿Consiguió la entrevista con el narcopiloto?
G.A.: No pudo ser posible porque debía mediar la embajada estadounidense en Colombia. En la fiscalía de Tampa quedaron en averiguar un poco sobre el tema, a ver si podía llegar a esas pruebas. El fiscal me pidió un compás de espera. En esa reunión también se habló del extraditado Daniel Antonio Úsuga, conocido como Otoniel, jefe del Clan del Golfo. Pedí hablar con él y tomarle otra declaración sobre cómo él, al parecer, aportó dinero, a través de Juan Fernando Petro, a la campaña de 2022 del hoy presidente Petro.
SEMANA: ¿Dónde consiguió la información de Otoniel, al parecer, financiando la campaña de Petro?
G.A.: La obtuve del abogado del extraditado. Él estaba interesado en que su cliente tuviera unas prerrogativas por esa información y hablamos. Fui a llevar esa solicitud, pero ante todo a decirles que me permitieran tomarle una declaración a Otoniel. Esa solicitud fue más difícil porque él está en unas condiciones muy complejas en la cárcel norteamericana. Ellos prometieron volver a acercarse a él a ver si estaba dispuesto a entregarnos información. En ese mismo viaje volé a Washington y hablé con un representante del Departamento de Estado, otro representante del Departamento de Justicia y agentes federales de seguridad e inteligencia del Gobierno de Estados Unidos. Escucharon mi petición, también de poder hablar con alias Otoniel, lograr acceso al expediente de Restrepo (el narcopiloto).
En esa mesa se tocó el tema de la investigación de Papá Pitufo o Diego Andrés Marín. Yo les pregunté si tenían información sobre Marín, y que también me servía para mi investigación porque en Colombia hay una denuncia que apunta a que él, al parecer, aportó 500 millones de pesos a la campaña Petro Presidente. Me respondieron que escalarían la solicitud y dijeron que mirarían hasta dónde podrían entregarme información. Lo que sí dijeron en esa mesa era que Hugo ‘el Pollo’ Carvajal, militar y exdiputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, quien declaró contra Nicolás Maduro, había hecho una nueva declaración y había hablado sobre cómo Maduro tenía relación con el Cartel de los Soles y que este grupo, a través del ELN, al parecer había hecho una donación a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Eso –reitero– se dijo en esa mesa. Yo les afirmé que eso era música para mis oídos como investigadora y les pedí que me permitieran tener esa información.
La reunión duró hora y media. Siempre me preguntaron cómo era mi esquema de protección en Colombia, insistieron en que si sabía que esos grupos armados eran peligrosos, me preguntaron si me sentía protegida y si el Gobierno Petro sabía que yo los estaba investigando y buscando información en Estados Unidos. Por supuesto, respondí que no. Que yo estaba allí de forma reservada y secreta. Me devolví para Colombia y a finales de febrero me contactaron nuevamente. En esa oportunidad me pidieron que nos reuniéramos virtualmente a través de Threema con los dos fiscales de Nueva York que no se presentaron en el chat. Me preparé para el encuentro. Ocurrió un domingo en horas de la tarde. Hubo varias personas, entre ellas quienes me acercaron a las autoridades de Estados Unidos.
Uno de los fiscales me preguntó cuándo eran las elecciones en Colombia; le conté que el 31 de mayo se celebraría la primera vuelta presidencial y, posteriormente, en junio, la segunda vuelta. Me manifestaron que si yo trataba de utilizar esa información con fines políticos y respondí que no, que esperaba que el país se diera cuenta de lo que, realmente, estaba pasando en la campaña presidencial de Petro. Nuevamente me pidieron un tiempo; dijeron que escalarían el tema.
SEMANA: ¿Cómo se da cuenta el gobierno de Gustavo Petro de que usted adelantaba gestiones en Estados Unidos?
G.A.: Desde el Gobierno Petro se dieron cuenta de mis conversaciones en Estados Unidos porque yo oficié, en medio de la debida diligencia. Cuando el procurador Eljach empieza la instigación a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara y solicita información (de los procesos contra el presidente), yo dije: ‘Debo actuar con la debida diligencia’ y empiezo a avanzar en mis procesos. Hice un auto requiriendo oficialmente a la Embajada de Estados Unidos en Colombia las declaraciones del Pollo Carvajal, alias Otoniel, Carlos Eduardo Restrepo y Pipe Tuluá. Hasta que me suspendieron del Congreso, no hubo respuesta de la Embajada sobre si se podía o no. La Comisión tiene situaciones muy graves. Cuando se necesita policía judicial, la Dijín no practica las pruebas porque su jefe supremo es el presidente y nadie quiere actuar contra él. Y el CTI, en este caso, tampoco actuó con la debida diligencia porque era el señor presidente. Esto demuestra que, en nuestro régimen presidencialista, el presidente de Colombia puede hacer lo que quiera con la ley.
SEMANA: Pipe Tuluá, el máximo líder de la banda criminal La Cordillera, le hizo llegar unas explosivas declaraciones a la periodista Vicky Dávila donde confirma una inversión millonaria a la campaña de Petro. ¿Qué logró encontrar usted?
G.A.: Es una grabación que tiene Vicky Dávila que fue muy importante para la Comisión de Acusación de la Cámara. El abogado de Pipe Tuluá me buscó en enero de 2026. Hablé con el agregado para la parte política de la Embajada de Estados Unidos porque Vicky la puso al descubierto (la grabación), pero yo necesitaba ampliar esa declaración, hablar con el personaje y pedí que me ayudaran a gestionar la entrevista con el narco. Me respondieron que Estados Unidos veía a la Comisión de Acusación como si fuera parte del Congreso, no como un actor judicial. Así nos ve Estados Unidos, gravísimo, porque la Comisión es el máximo ente judicial. Volviendo al abogado de Pipe Tuluá, me mostró algunas pruebas muy importantes, realmente delicadas, pero son pruebas que no podría, jurídicamente, aportar al proceso porque no fueron solicitadas por un organismo judicial.
SEMANA: ¿Qué pruebas eran?
G.A.: Eran conversaciones, fotografías; había, realmente, temas importantes, muy sensibles. Conversaciones entre Juan Fernando Petro, hermano del presidente Petro, y Pipe Tuluá, además de los miembros de su banda criminal.
SEMANA: ¿Y qué decían?
G.A.: Se leía cómo coordinaban, dónde entregaban (la plata), cómo lo hacían. Ojalá las autoridades establezcan la existencia y la veracidad de estos videos.
SEMANA: ¿Y qué se veía en esas fotografías?
G.A.: (Silencio). Siguiente pregunta.
SEMANA: Vicky Dávila mostró una fotografía donde se observa a Juan Fernando Petro hablando virtualmente con alguien cuyo rostro aparece en la parte de abajo de la imagen. ¿Es Pipe Tuluá?
G.A.: Según el abogado, sí era su cliente, Pipe Tuluá. Esa fotografía también me la mostró el abogado.
SEMANA: ¿Hay más fotografías?
G.A.: Vi más fotografías.
SEMANA: ¿Qué tan comprometedoras?
G.A.: Hasta ahí puedo decir.
SEMANA: ¿Las fotografías que le mostró el abogado entre Juan Fernando Petro y Pipe Tuluá son más comprometedoras que la revelada por Vicky Dávila?
G.A.: Un poco más comprometedoras.
SEMANA: ¿Tocar las puertas con Estados Unidos le costó su salida del Congreso?
G.A.: Claro, lo que no he podido entender es el comportamiento del procurador Eljach. Asumo que será la amistad cercana que tiene con Roy Barreras y su solidaridad por pertenecer a la logia de la masonería. Los dos son Grado 33. Un reconocido periodista de Blu Radio, cuando el procurador me suspendió, afirmó: ‘Se preservó la democracia porque una simple congresista no puede suspender al presidente’. Entonces, ¿quién lo va a suspender? ¿No es la Comisión de Acusación quien debe hacerlo? Era una medida cautelar que debía haber sido aplicada porque el señor presidente violó la ley en flagrancia, sistemáticamente; escribió 22 trinos en 12 horas, participación en política flagrante. Claro, el mundo se me vino encima. Los de izquierda dijeron que le había hecho un favor a la derecha. Y los de la derecha afirmaron que le hice un favor a la izquierda. Yo, insisto, solo cumplí la ley, sin procedimiento además, porque no existe un procedimiento taxativo y claro para cuando estas situaciones se dan. El procurador me iba a suspender porque, según él, no actuaba contra Petro. Y actué, y me suspendió.
SEMANA: ¿Pero usted podría suspender a Petro de forma autónoma? Hubo muchas críticas a esa decisión.
G.A.: Sí podía, el artículo 217 dice: “Se puede tomar una medida cautelar si la actividad persiste”. En este caso, hasta el día de hoy, el señor presidente sigue haciendo política. Sigue desconociendo los resultados electorales. Después de tomada esa decisión, pasaba a consulta del superior jerárquico, la sala plena de la Comisión de Acusación. La gente me dice que me retracté después. No. Lo que hice fue darle alcance al auto porque se filtró a la prensa; pedí a la sala plena que lo asumiera en consulta. Y, adicional, pedí al Senado que ejecutara la decisión. Envié todas las pruebas.
SEMANA: Usted fue esposa del excandidato presidencial Roy Barreras. ¿Él tuvo algo que ver?
G.A.: Roy Barreras tuvo que ver. Inmediatamente sucedió esto, llamó al presidente Petro. Según fuentes de la Casa de Nariño, le dijo al jefe de Estado que el determinador del delito, según él, era Hollman Ibáñez, mi abogado desde hace 20 años, amigo, defensor mío en lo penal, disciplinario y electoral. Estamos en esquinas, en extremos separados con Roy. Donde él está, no estoy yo. La relación sentimental nuestra terminó muy mal. Él lo único que hizo fue azuzar en Presidencia diciendo mentiras. Como durante toda nuestra convivencia lo hizo conmigo. Con el señor Barreras no tengo ninguna clase de comunicación desde hace mucho tiempo.
SEMANA: ¿Cómo está su vida?
G.A.: Medir 1,60, ser de provincia y, lamentablemente, haber tenido de pareja a Roy Barreras es tener todo para ser expuesta al bullying político. Ha sido bastante triste ver que la gente que siempre lo rodeó a uno dejó de hacerlo. Ahí uno se da cuenta de quiénes, verdaderamente, son los amigos y quiénes utilizaron la amistad. Trato de subsistir y de recuperar la honorabilidad. Petro se paró en un atril delante del símbolo de la ONU y dijo que yo era extorsionista y hay mucha tela por cortar. Lo que pido es justicia. Para verdades, el tiempo. Después del 20 de julio empezaré a buscar trabajo. Es más, presento mi hoja de vida en esta entrevista: abogada, especializada y magíster en derecho penal, fiscal durante 10 años y procuradora, otros cinco. Igualmente, antes de este suceso me había postulado para ser magistrada de una muy importante corte de este país.
SEMANA: Carlos Eduardo Arizabaleta, su hermano, resultó electo por el Pacto Histórico a la Cámara. ¿Es cierto que no le habla?
G.A.: Al día de hoy no me habla. Dice que nadie ha podido entender cuál fue la motivación de mi decisión al tratar de suspender al presidente Petro. Es uno de los que dice que qué necesidad tenía de hacerlo si podíamos tener una vida en paz.
SEMANA: Se hizo elegir representante a la Cámara por el Valle en el Pacto Histórico. ¿En qué momento separó las cobijas?
G.A.: Cuando empecé a investigar a Gustavo Petro. Cuando me llegan los procesos del señor presidente y empiezo a recolectar pruebas, voy a Estados Unidos y allá escucho muchísimas cosas de las cuales no puedo hablar, porque son temas confidenciales; hay mucha gente inmiscuida.
SEMANA: ¿De personas cercanas a Petro?
G.A.: Claro, del círculo cercano a Gustavo Petro. Después de examinar varias pruebas y escuchar algunas denuncias, uno puede decir que fue una campaña presuntamente permeada por el narcotráfico y estuvo presuntamente por fuera de la legalidad. En ese momento, me aparto del Pacto Histórico.