Gloria Arizabaleta, la congresista del Pacto Histórico, se convirtió en la política más poderosa de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara: además de ser su presidenta, tiene a su cargo las investigaciones más sensibles contra el presidente Gustavo Petro.
SEMANA confirmó que el 3 de junio de 2026, Arizabaleta ordenó la acumulación de cuatro expedientes (7185, 7195, 7174 y 7247) contra el presidente Petro. La razón, según la parlamentaria por el Valle del Cauca, obedece a que “existe identidad de sujeto investigado y una evidente conexidad fáctica”.
La mayoría son denuncias por supuesto lavado de activos y narcotráfico y guardan relación directa con el presunto uso de recursos del erario público para la defensa jurídica del presidente ante la OFAC, y su vinculación a la Lista Clinton por parte del gobierno de Estados Unidos.
Los denunciantes contra el presidente han sido Leszli Kalli López, Juan Carlos Portilla Gómez, Lorena Patricia Lázaro, David Valencia y Germán Prado.
En el caso del expediente 7174, “el denunciante, Juan Carlos Portilla, fundamentó su acción en la inclusión de Gustavo Petro en la lista OFAC. Y en su denuncia señaló textualmente: ‘Denuncia penal por presunta comisión del delito de lavado de activos en contra del jefe de Estado’”.
En el expediente 7185 la denunciante es Lorena Patricia Lázaro, quien dijo que la medida de la OFAC contra Petro “se tomó en virtud de la orden ejecutiva 14059 que establece sanciones contra personas involucradas en el comercio ilícito de drogas, lavado de activos y enriquecimiento ilícito”.
Por su parte, en el caso del expediente 7247 el denunciante es Germán Pardo Tovar y precisó a la Comisión de Investigación y Acusación que “el presidente contrató al abogado estadounidense Daniel Martín Kovalik, de la firma Amadeus Consultancy para impugnar su inclusión en la OFAC y con el fin de sacarlo de la misma”.
En otras palabras, esa denuncia contra el presidente tiene que ver con la decisión del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) que firmó un contrato por 10.000 millones de pesos con la firma Amadeus Consultancy Limited para representar internacionalmente al Estado y, al parecer, para defender a Gustavo Petro y a su esposa, Verónica Alcocer, quienes fueron incluidos a la lista OFAC.
A juicio de la congresista Gloria Arizabaleta hay conexidad entre los expedientes y ordenó adelantar una sola investigación dirigida por ella.
“La fragmentación de estos expedientes generaría un riesgo de fallos inhibitorios o contradictorios. La acumulación permite que esta Comisión analice de forma integral el patrón de conducta desde la presunta infracción penal que generó la inclusión en la lista restrictiva OFAC hasta la actuación administrativa de contratación de la firma Amadeus Consultancy objeto de cuestionamiento”,argumentó Arizabaleta.
Además, la presidenta de la Comisión investiga al jefe de Estado por presunta participación en política, por las explosivas denuncias en contra del mandatario por parte del excanciller Álvaro Leyva y los señalamientos del narcotraficante Pipe Tulúa, quien aseguró que inyectó recursos económicos a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, al parecer, por intermedio de Juan Fernando Petro.