¿Freno de mano al incremento de aranceles por parte del presidente Trump? La Corte Suprema de EE. UU. alista pronunciamiento

Para el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, arancel es “la palabra más hermosa del diccionario”. Ese ha sido el instrumento que ha esgrimido el mandatario en su escalada comercial, en una estrategia por proteger la industria nacional y los empleos que, a su juicio, se han trasladado al extranjero.

La decisión de incrementar aranceles la tomó Trump invocando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por su sigla en inglés), argumentando que los déficits comerciales representaban una “amenaza extraordinaria” para la economía y la seguridad del país.

El debate sobre esta decisión y si el presidente Trump ha ido muy lejos, llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos, que esta semana tuvo una audiencia. Como resalta un informe de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, los aranceles fueron impugnados por 12 estados, en su mayoría gobernados por demócratas, y por empresas afectadas, tras fallos judiciales previos que consideraron que Trump había excedido su autoridad. Las tasas, que se aplican a casi todos los socios comerciales de Estados Unidos, podrían generar hasta billones de dólares en la próxima década. El presidente ha defendido que estas medidas fortalecen la posición del país en las negociaciones internacionales y sirven como instrumento de seguridad nacional.

Según el informe de AmCham Colombia, los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos expresaron dudas sobre la legalidad de los aranceles globales impuestos por el presidente Donald Trump. Tanto magistrados conservadores como liberales cuestionaron si el mandatario se excedió en su autoridad al imponer tarifas amparado en una ley de 1977 destinada a situaciones de emergencia nacional.

“Durante más de dos horas y media de alegatos, los jueces interrogaron al procurador general D. John Sauer, representante del Gobierno, sobre si la aplicación indefinida de esa norma requería una autorización explícita del Congreso. El debate giró en torno a la llamada “doctrina de las grandes cuestiones”, que exige que las acciones del Ejecutivo con gran impacto económico o político cuenten con una autorización clara del Poder Legislativo. Varios jueces indicaron que la utilización de esta ley para fijar aranceles globales podría vulnerar esa doctrina”, agrega el reporte.

Según Sauer, levantar los aranceles “expondría a Estados Unidos a represalias comerciales despiadadas” y debilitaría su posición frente a competidores globales. No obstante, varios jueces cuestionaron si la ley realmente concede al presidente la facultad de imponer impuestos a las importaciones.

Sin embargo, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, recordó que la Constitución otorga al Congreso la potestad de establecer impuestos y aranceles. “La imposición de tributos a los estadounidenses siempre ha sido una competencia central del Congreso”, señaló Roberts, quien añadió que las medidas de Trump parecían “recaudar ingresos” más que responder a una emergencia.

Por su parte, la jueza Amy Coney Barrett también desafió a Sauer a identificar algún precedente histórico en el que “regular la importación” significara imponer tarifas, algo que el abogado no pudo precisar.

“Trump es el primer presidente en usar la IEEPA para imponer aranceles, ampliando de forma inédita su alcance. La Casa Blanca sostiene que la ley le permite “regular el comercio” en caso de amenaza nacional, mientras que sus críticos advierten que esto distorsiona el propósito original de la norma, concebida para sancionar a enemigos extranjeros o congelar activos, no para modificar el sistema comercial global. Entre febrero y septiembre, los aranceles basados en la IEEPA generaron 89.000 millones de dólares en ingresos, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza”, añade el informe de AmCham Colombia.

Durante la audiencia, el juez Samuel Alito preguntó si otra norma, la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, podría servir como base alternativa para las tarifas de Trump, insinuando que la administración buscaría otros fundamentos legales en caso de un fallo adverso. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ya había adelantado que los aranceles permanecerían vigentes, aunque la Corte dictaminara contra la IEEPA, lo que refleja la intención del Gobierno de mantener su política comercial sin cambios sustantivos.

Varios jueces liberales subrayaron que el Congreso diseñó la IEEPA precisamente para limitar el poder presidencial, dice el informe de AmCham, Colombia. La jueza Ketanji Brown Jackson recordó que la ley “fue concebida para restringir, no expandir, la autoridad del Ejecutivo”, mientras que Elena Kagan señaló que la potestad de imponer impuestos y regular el comercio exterior son “atribuciones esenciales del Congreso”. En contraste, el juez Brett Kavanaugh mostró simpatía hacia los argumentos del Gobierno al mencionar un precedente de Richard Nixon, quien en los años 70 impuso aranceles globales bajo una norma similar.

“El juez Neil Gorsuch expresó una de las preocupaciones más fuertes sobre el equilibrio de poderes, advirtiendo que aceptar la interpretación de la Casa Blanca significaría una “transferencia irreversible” de autoridad legislativa al Ejecutivo. “Si el presidente puede imponer aranceles sobre cualquier producto, de cualquier país y por cualquier tiempo, ¿qué impide al Congreso abdicar por completo de su responsabilidad?”, cuestionó. Gorsuch advirtió que esto conduciría a “una acumulación continua de poder en la rama ejecutiva””, señala el informe del gremio.

A su vez, un análisis del Diario Financiero de Chile, advierte que los jueces del máximo tribunal estadounidense dejaron entrever sus dudas respecto a la legalidad del alza de aranceles aplicada por Trump bajo la Ley de Emergencia Económica.

Se espera que el fallo de la Corte se conozca el próximo mes. Según el medio austral, una sanción de ilegalidad obligaría a suspender las tarifas recíprocas y los aranceles impuestos a México, Canadá y China por el fentanilo. “Además, podría obligar al Tesoro a devolver a las empresas alrededor de 151.000 millones de dólares recibidos (hasta septiembre) por estas tarifas. Las expectativas de menores ingresos para el Tesoro aumentan la incertidumbre sobre el manejo fiscal de Estados Unidos, con impacto en los bonos y el dólar”, advierte el análisis.

Por su parte, AmCham Colombia concluye que el fallo de la Corte Suprema podría redefinir el alcance de las facultades presidenciales en materia comercial. Una decisión contra Trump pondría en duda la legalidad de los aranceles impuestos a China, México, Canadá y otras economías, además de abrir la puerta a reclamaciones de reembolso por parte de importadores estadounidenses.

“Si, por el contrario, la Corte respalda a la administración, se consolidaría un precedente histórico que ampliaría el poder del Ejecutivo sobre la política económica y exterior de Estados Unidos. El Gobierno ha solicitado un fallo expedito, aunque la fecha del veredicto aún no ha sido fijada”, puntualiza.