Integración Tigo y Movistar: entre la petición de los pequeños operadores por más condicionamientos a la operación y el futuro de Cielo Rusinque

El futuro de una de las movidas empresariales más importantes en la historia reciente del país, está por definirse. El 20 de noviembre es la fecha límite para que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) se pronuncie sobre la integración de Tigo y Movistar.

El año anterior, Millicom, accionista de Tigo UNE, junto con EPM, anunció su interés de fusionarse con Telefónica Colombia (MoviStar), y comprar la participación de EPM en Tigo, al igual que el porcentaje que tiene el Gobierno en Colombia Telecomunicaciones (Coltel). Las operaciones se estiman en mil millones de dólares y con ellas se consolidaría el segundo jugador en tamaño del mercado colombiano, solo comparable con Claro, con quien en telefonía móvil podrían tener más del 90 por ciento de participación.

En retiradas ocasiones, Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, ha señalado que hacia finales de noviembre se conocerá la decisión de la entidad frente a la integración, que tiene tres escenarios: negarla, aprobarla en los términos en que fue presentada o aprobarla con condiciones para garantizar la competencia de otros jugadores del sector que quedarían con participaciones minoritarias.

Dos preocupaciones se avizoran en lo que queda para conocerse el fallo de la SIC. Una, la discusión estructural de lo que pasará con el mercado de telecomunicaciones, si se aprueba la integración, o cuáles serán los condicionamientos para que la movida se dé.

Y la segunda, el futuro de Cielo Rusinque, pues de acuerdo con los cálculos de algunos expertos del sector, la decisión alrededor de la integración podría coincidir con el fallo del Consejo de Estado que estudia una demanda contra la designación de Rusinque como superintendente, pues, al parecer, no cumpliría los requisitos para ocupar ese cargo, hecho que podría tener un efecto en la decisión.

La integración

Al estudio del proceso de integración que adelanta la SIC se han sumado, recientemente, varios trinos del presidente Gustavo Petro, sin mencionar la operación, parecieran tener mensajes cifrados.

El Ministerio de las TIC y otras entidades han advertido que el mercado se convertiría en un duopolio, frente a los pronunciamientos del jefe de Estado, quien históricamente ha sido crítico de los monopolios y de los procesos de privatización.

En una de sus publicaciones del 16 de octubre en la red X, el presidente Petro afirmó: “El mundo empresarial privado no debe estar compuesto de carteles y monopolios. La SIC tiene la indicación del presidente de atacar toda formación monopólica y de carteles en el mundo empresarial colombiano”. Ese mismo énfasis lo reiteró en días recientes al cuestionar la privatización de Telecom, asegurando que, de no haberse realizado, el país “sería desarrollado, con equidad social, paz y cero narcotráfico”.

En ese contexto, si el Gobierno decidiera vender el 33% de participación estatal en Movistar Colombia, algunos sectores, diferentes a quienes están en la integración, sostienen que se produciría una contradicción: criticar públicamente las privatizaciones y la concentración del mercado, mientras que, de manera paralela, se enajena un activo de la Nación. “Tampoco existe claridad sobre el destino de los posibles ingresos —alrededor de 300 millones de dólares—, lo que genera dudas sobre su uso real, especialmente a la luz de la proximidad de la Ley de Garantías y la limitada viabilidad de proyectos como revivir Telecom o capitalizar Internexa para desarrollar un cable submarino hacia Asia”, explicó una de las fuentes.

Pero, además, hay una fuerte preocupación por parte de los pequeños operadores móviles virtuales y WOM, sobre lo que han llamado “una precaria propuesta de condicionamientos”, ante la operación.

En una carta que conoció SEMANA, ocho de estas empresas piden a la SIC que “tome las medidas necesarias para establecer condiciones de mercado que garanticen la subsistencia de operadores alternativos y de menor escala, como dinamizadores de la competencia”.

También advierten que los condicionamientos propuestos por los intervinientes “son, a todas luces, insuficientes, y están muy lejos de garantizar un mercado competitivo”. Y advierten que no incentiva las inversiones a largo plazo y “hacen insostenible nuestra permanencia en el mercado”.

En la otra cara de la moneda están quienes defienden la operación, primero, por el complejo panorama financiero que atraviesan empresas como Tigo, Movistar y WOM, por las presiones competitivas, en un sector deflacionario, cuyos precios no crecen.

Segundo, porque, como advierten analistas cercanos al proceso, la unión Tigo–Movistar no concentra el mercado, sino que genera un segundo jugador con escala suficiente para competir contra Claro en inversión, cobertura y oferta reduciendo su posición dominante sin eliminar a otros competidores, siguiendo una tendencia global de consolidación, clave para lograr economías de escala, acelerar el despliegue de redes avanzadas y mejorar la competitividad.

La operación plantea varios retos: si hay condicionamientos, solo se les pueden hacer a las empresas involucradas y no, por ejemplo, a Claro. Allí tendrían que tomarse medidas regulatorias posteriores, para hacer ajustes al mercado y evitar posibles cartelizaciones en precios y abusos de las posiciones de dominio. Pero la experiencia en ese campo no es la más eficiente por las demoras en las medidas para enfrentar la posición de dominio de Claro.

La demanda

Sin embargo, en el corto plazo, la atención está puesta en que la decisión de la SIC podría coincidir con el fallo del Consejo de Estado entorno a la demanda presentada contra el nombramiento de Rusinque en la SIC. Como le comentó una fuente de la rama judicial a SEMANA: “Tal vez esta semana que va a empezar haya ponencia de fallo y la Sala programe ese tema para definirlo”.

Si este tribunal llegara a remover a Rusinque antes del pronunciamiento sobre la integración, para algunos, no habría una autoridad titular para firmar el acto administrativo o quien llegara podría argumentar que no conoce el caso, y se podría terminar aplicando el silencio administrativo positivo, pues los tiempos ya no dan.

En el caso de que Rusinque sea separada del cargo por decisión del Consejo de Estado, no sería viable nombrar como encargado, por ejemplo, al superintendente delegado para la Competencia, pues quedaría incurso en un conflicto de interés porque su despacho realiza los informes motivados.

Para otros, en caso de que la decisión se firme y posteriormente se anule el nombramiento de la superintendente, podría generarse una controversia sobre la validez de la actuación, aunque la ley dice que los actos se presumen legales hasta que un juez los declare en sentido contrario.

“Todo acto administrativo se presume legal hasta que un juez lo declara ilegal. Eso no invalida los actos administrativos”, aseguró una fuente a SEMANA.

Pero este no sería el único caso y habría otros que podrían enfrentarse a esta situación, por ejemplo, en el sector de combustibles y en el mismo fútbol.

Los días que vienen serán definitivos para el futuro de la integración y el tiempo corre.