Nuevo régimen sancionatorio aduanero: las claves y alertas del Proyecto de Ley 312

Colombia se alista para una transformación relevante en su modelo aduanero con la radicación del Proyecto de Ley 312 de 2025, presentado ante el Senado el pasado 30 de octubre. Esta propuesta busca actualizar el régimen sancionatorio aduanero, incorporar nuevas tecnologías, fortalecer la trazabilidad y mejorar la gestión de riesgos.

Aunque el proyecto representa un avance dentro de los esfuerzos de modernización del comercio exterior, ya genera debate por los efectos que podría tener en la seguridad jurídica y en la competitividad del sector.

El análisis especializado señala que la iniciativa introduce herramientas como la inteligencia artificial, la interoperabilidad de sistemas y el uso intensivo de datos para prevenir riesgos y detectar operaciones inusuales. También destaca la intención de mejorar los canales de diálogo entre la autoridad y los operadores, y alinearse con estándares impulsados por organismos como la Organización Mundial de Aduanas.

Sin embargo, junto a estos avances técnicos surgen varias alertas. Expertos advierten que el texto todavía presenta zonas grises en la definición de infracciones y en la delimitación de las facultades sancionatorias otorgadas a la autoridad aduanera. La falta de claridad, señalan, podría generar escenarios de litigiosidad o decisiones discrecionales que afecten la estabilidad normativa.

“La reforma introduce innovaciones necesarias, pero aún carece de un equilibrio claro entre el control aduanero y la garantía de derechos para los operadores”, explicó Sebastián Mendivelso, gerente de Global Customs & Excise en KPMG Colombia.

“Si no se definen mejor las conductas sancionables y los mecanismos de defensa, podrían mantenerse los escenarios de inseguridad jurídica que la Corte Constitucional ya había advertido”, dijo.

Otra preocupación se centra en el impacto que los nuevos requerimientos tecnológicos podrían tener para las pequeñas y medianas empresas. Los mayores niveles de reporte, trazabilidad y adecuación de sistemas podrían traducirse en cargas administrativas adicionales que afecten su competitividad en un mercado ya desafiante.

Este debate se da pocos meses después de la Sentencia C-072 de 2025 de la Corte Constitucional, que reiteró la obligación del Estado de garantizar el debido proceso, la proporcionalidad y la seguridad jurídica en materia sancionatoria.

Para KPMG, el texto actual no corrige plenamente las deficiencias señaladas por la Corte, lo que podría derivar en mayores controversias administrativas y nuevos retos legales para la autoridad tributaria. Por ello, la firma considera fundamental que el Congreso incorpore ajustes técnicos que aseguren una regulación moderna, clara y alineada con las mejores prácticas internacionales.

El Proyecto de Ley 312 representa una oportunidad para modernizar el modelo aduanero colombiano, siempre que su enfoque tecnológico vaya de la mano de garantías sólidas para los operadores.