Cápsulas
Así fue el aporte del sector de juegos de azar a la salud pública en el primer semestre
Según Coljuegos, los recursos recaudados por la industria financian parte del régimen subsidiado de salud y evidencian un crecimiento frente al año anterior.
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Durante el primer semestre del año, la industria legal de los juegos de suerte y azar en Colombia transfirió más de $ 900 mil millones al sistema de salud pública, según cifras de Coljuegos. Los aportes provienen de diferentes modalidades de juego, tanto presenciales como en línea, y representan un crecimiento del 26,9 % respecto al mismo periodo de 2024.
Los recursos, que sumaron $ 883.992 millones en el primer semestre y superaron los $ 926 mil millones al cierre de julio, se destinaron a financiar la atención médica de millones de colombianos que hacen parte del régimen subsidiado.
De esta cifra, $ 566.563 millones provinieron de los juegos nacionales —principalmente casinos, bingos y plataformas digitales—, mientras que otros rubros fueron dirigidos al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), al Adres y al Ministerio de Ciencia y Tecnología.
“Nuestra industria no solo genera empleo formal y desarrollo, sino que garantiza recursos vitales para la salud pública. El juego legal es sinónimo de transparencia y compromiso con Colombia. En CORNAZAR seguiremos defendiendo la formalidad, impulsando la innovación y apoyando a los empresarios que hacen posible que esta contribución crezca cada día”, puntualizó Elizabeth Maya Cano, presidenta ejecutiva de CORNAZAR.
En la actualidad, más de 411 concesionarios y 3.750 establecimientos operan bajo regulación, además de 14 plataformas en línea autorizadas.
El gremio advierte que persisten desafíos como la inestabilidad tributaria y la competencia desleal del juego ilegal, factores que pueden afectar la sostenibilidad del sector y los recursos destinados a la salud pública. Por ello, hace un llamado a fortalecer el trabajo conjunto entre el Estado, el ente regulador y los empresarios, con el fin de proteger la legalidad y garantizar la continuidad de los aportes que benefician al sistema sanitario.
