Federación Nacional de Departamentos propone impuesto a las bebidas azucaradas

Como una alternativa para rescatar al sistema hospitalario del país de la crisis financiera en la que se encuentra y que se agravó por la pandemia de la covid-19, la Federación Nacional de Departamentos radicó una proposición en el Congreso de la República para gravar las bebidas endulzadas y azucaradas y que dicho recaudo vaya directamente al sistema de salud del país.

Actualmente, la deuda a la red pública hospitalaria asciende a más de $10 billones y según estimaciones de las propuestas del Ministerio de Salud, Universidad Nacional, RedPapaz, un posible recaudo derivado del impuesto a las bebidas azucaradas y endulzadas oscilaría entre $1,5 y $2 billones anuales.

Es por esto por lo que la propuesta de los entes territoriales consiste en una conciliación de las diferentes tarifas, determinando una de $300 por cada litro (1.000 centímetros cúbicos o su equivalente) para bebidas nacionales y extranjeras; en donde sólo los productos lácteos, las bebidas vegetales, al igual que la panela, estarían exentos.

La destinación de este tributo sería específica y con la siguiente distribución: 50 % de los recursos irían a la red hospitalaria pública de los departamentos y el Distrito Capital, y el 50 % restante para financiar el funcionamiento del sector salud del nivel departamental y programas y proyectos de inversión en salud pública.

“En este momento no se trata solo de buscar un ingreso adicional para los entes territoriales, sino de garantizar la sostenibilidad del sistema de salud y consolidar una estrategia de prevención en salud pública, en la que se reduzca el consumo de azúcar y también enfermedades de riesgo cardiovascular, obesidad y diabetes. Adicional a estos beneficios, estamos presentando una alternativa para cubrir la deuda histórica con los hospitales públicos”, aseguró Didier Tavera, director de la Federación Nacional de Departamentos.

Una vez surtido el trámite legislativo en las plenarias de Cámara y Senado, se espera que sea aprobada antes de terminar el mes de septiembre, y que este impuesto entre en vigencia a partir del 1 de enero de 2022, para así garantizar la sostenibilidad del sistema de salud y brindar garantías de vida para los colombianos.

Cuarto intento en el Congreso

Por cuarta vez en muy corto tiempo, en Colombia se hará un nuevo intento para ponerle un gravamen a las bebidas azucaradas, con el fin de reducir su consumo, mientras aumentan el recaudo tributario.

La tarifa del impuesto nacional que se propone en esta ocasión es del 20 % sobre el precio de venta que sea certificado semestralmente por el Dane.

La aspiración es lograr un recaudo de $2,5 billones que irían directo a financiar las necesidades del sector salud que, con el coronavirus, se incrementaron de manera imprevista.

Ese es el argumento con el cual se ha respaldado el proyecto de ley, que volvió a ser radicado en el Congreso por un grupo de congresistas que integran la mesa parlamentaria por la salud, liderada por el médico y senador Juan Luis Castro, del partido Alianza Verde. Entre los firmantes se encuentran Armando Benedetti, Katherine Miranda y David Racero.

Los otros intentos

La iniciativa se ha hundido en anteriores ocasiones, pese a que tiene un fin saludable tanto para las personas como para las finanzas públicas.

En la exposición de motivos del proyecto se presentan estadísticas según las cuales el 6,8 % del total de muertes en Colombia está relacionada con enfermedades cerebrovasculares, y, de esa cifra, el 5 % es atribuible a las bebidas azucaradas.

La primera vez que una propuesta así vio la luz fue en el año 2016, cuando se tramitó la reforma tributaria del anterior gobierno. La batalla la libró el entonces ministro de Salud, Alejandro Gaviria, quien salió decepcionado de la contienda, expresando el poderío que tiene la industria azucarera en el país.

Los proponentes del proyecto, que realizaron un encuentro este viernes para sustentar la necesidad del impuesto a las bebidas azucaradas, insistieron en que hay que superar las barreras para lograr la aprobación, como lo han hecho ya en 41 países.