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A la voz de un posible salvamento para que se mantengan los empleos en Justo & Bueno, los trabajadores volvieron con la expectativa de un pago diario. Solo que muchos quedaron inconformes porque la asignación no corresponde al valor del día de trabajo según su salario.
Los arrendadores dicen que llevan más de un año sin recibir el valor del canon de arrendamiento y la mayoría de ellos viven de esos recursos. - Foto: guillermo torres-semana

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Nuevo drama social en Justo & Bueno: arrendadores denuncian que están contra las cuerdas por falta de pago

Llevan 15 meses sin recibir el valor del canon. El proceso de liquidación de las tiendas está en tregua, en espera de una audiencia que no se ha podido realizar para definir la entrada de un inversionista.

La liquidación o salvamento de la cadena Justo & Bueno no es un caso resuelto en Colombia. Aunque se han aquietado las aguas, en parte por el aplazamiento de la audiencia pública, en la que el juez buscará escuchar a todas las partes, para definir si es o no viable la propuesta de inyección económica que le pondrán inversionistas, que antes eran proveedores de la cadena de tiendas de descuento, en la trasescena hay incendios.

Unos 870 arrendadores de los locales en los que sigue funcionando Justo & Bueno, en ocasiones, sin tener abierta la tienda (solo para almacenamiento de productos y estantería), denunciaron que llevan más de un año (15 meses exactamente) sin recibir un solo pago por el canon de arrendamiento.

Los montos no son menores. Se trata de entre siete y diez millones de pesos mensuales que deberían ser pagaderos a los dueños de los locales, quienes dicen que, en su mayoría, devengan su sustento de ese arriendo.

Con asombro han visto que se han realizado abonos a los proveedores y acuerdos de pago con los trabajadores para que sigan sus actividades, mientras que los arrendadores son excluidos. Gastos de administración, servicios públicos impagos son algunas de las preocupaciones que exponen estos colombianos que dicen estar contra las cuerdas, por lo que abogan por la liquidación, teniendo en cuenta que el posible salvamento no estaría evolucionando. O al menos, no para ellos.

Sometidos ya a cobros jurídicos, temen que el desenlace no sea favorable y queden engrampados con las abultadas cuentas de servicios públicos que siguen conectados debido a que el hecho de que esté de por medio la entrada de Justo & Bueno en liquidación, se activan las medidas de la Ley 1116, que los protege de cortes. Sucede lo mismo con los costos de administración, por lo que los voceros de los arrendadores señalan que han observado que se intenta hacer un salvamento pero sin plata.

El 12 de mayo, dentro del proceso de liquidación que se adelanta alrededor de Justo & Bueno, se estaba realizando una audiencia pública para que un juez de la Superintendencia de Sociedades escuchara a las partes y se avanzara en esa tregua que hubo cuando apareció un posible inversionista. No obstante, dicho espacio también fue suspendido y solo se reanudará en agosto.

Hastiados de aplazamientos, los arrendadores dicen que es la tercera vez que escuchan una propuesta, según la cual, ya estaría próxima la llegada del fin de lo que para ellos ha sido una pesadilla. Por lo tanto, enfatizan en que “No queremos el salvamento. Hemos esperado por intentar participar en una salida, con el fin de que se salven empleos, pero y nosotros qué. Ya no podemos más sin recibir pago”.

Drama social

Argumentan que los trabajadores pueden ofrecer su fuerza de trabajo mientras esperan una solución en Justo & Bueno; los proveedores pueden buscar otros clientes, pero en el caso de locales ocupados, sin que se cumpla con la obligación del pago, es un hecho que está causando un drama social entre los dueños de locales y bodegas que viven de ese ingreso. “El 70 % de los arrendadores solo tienen ese ingreso. Estamos ya en un nivel crítico”, dijeron.

Los arrendadores que hablaron con SEMANA expresan que no entienden la razón por la que no se procede a la entrega de locales que ni siquiera tienen las puertas abiertas, algo que es justamente lo que se busca en un proceso como estos: que siga la actividad para que se pueda cumplir con los pagos en orden de prioridades.

Por todas estas razones, existen ya varias demandas en juzgados civiles, para pedir la restitución de los locales.