Pasadas 24 horas del acto sicarial en el que fue asesinado el empresario Gustavo Aponte y su escolta, el gremio Fedearroz, que asocia a los productores del alimento, se pronunció.
La víctima fatal era el timonel de la empresa que produce el famoso arroz Sonora, que se comercializa en distintos supermercados y tiendas del país, y tiene operaciones en Tolima y Casanare.
En reiteradas ocasiones, a través de sondeos y encuestas al sector empresarial, los voceros del sector privado han marcado el tema de seguridad como principal para el desarrollo productivo que se espera de ellos.
Ahora, según el pronunciamiento de Fedearroz, su presidente, Rafael Hernández, puso de nuevo el dedo en la llaga.
Tras condenar el atroz crimen, ocurrido en el norte de Bogotá, Hernández expresó que “este acontecimiento, que reitera el alto grado de inseguridad que afecta a la capital de la República, ha golpeado a una de las familias de mayor tradición en la molinería de arroz en Colombia, actor fundamental de esta cadena productiva”.
Para Hernández, el fatal acontecimiento no solo incrementa la incertidumbre en el país frente a los graves problemas de seguridad, sino que disminuye la confianza en las políticas aplicadas.
“La seguridad es elemento fundamental de la sociedad, y en el caso del empresariado colombiano, hechos de reiterada ocurrencia que afectan al sector se vienen presentando, impactando de manera particular a los arroceros”.
Basta ya
Ante las circunstancias, Hernández, como vocero del gremio de empresas productoras de arroz, afirma que requieren del Gobierno lo siguiente: “Que redoblen acciones a fin de identificar y judicializar a los responsables de estos crímenes, así como evitar una mayor degradación del espiral de violencia que nos afecta”.
Para el vocero del gremio arrocero, “es muy lamentable que no haya acciones que detengan el alto grado de inseguridad que afecta a todas las regiones del país, ha indicado el gerente general de Fedearroz, quien hizo un llamado a la comunidad a rechazar estos hechos, que dejan sumida en la tristeza a más familias e incrementan la amenaza sobre los generadores de empleo y desarrollo en las regiones”.
La familia de la víctima mencionó que el empresario tenía escolta por temas de seguridad en ciudades como Bogotá, mas no porque tuviera amenazas, por lo cual las autoridades investigan los móviles del crimen.
Pero el tema de seguridad en Bogotá aviva la polémica. Más aún, si se presentan circunstancias como la que describió Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, sobre dificultades para acceder a las cámaras que podrían proporcionar información sobre el lamentable hecho en el que murió Gustavo Aponte, de 45 años.