La Superintendencia de Industria y Comercio se refirió a través de un comunicado este miércoles, 18 de marzo, a la situación que se dio hace algunos meses tras varias visitas administrativas que hizo el organismo a la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La visita tenía por objeto verificar eventuales vulneraciones al régimen de libre competencia en el marco de procesos de contratación estatal y que se revivió hace algunas horas por la sanción de la Procuraduría a varios funcionarios.
“Expresamos nuestro respaldo irrestricto a las personas sancionadas, quienes son servidores y contratistas con trayectoria institucional y experiencia en la prevención y sanción de prácticas anticompetitivas; su trabajo ha contribuido a la defensa del interés público y a la lucha contra la corrupción económica a través de los principios y reglas que desde hace décadas han servido de estándar para la realización de las visitas administrativas”, indicó.
Detalla que estos procedimientos de inspección se efectuaron en los ejercicios de facultades legítimas y conforme a protocolos institucionales, los cuales han sido objeto de control judicial por las altas cortes de Colombia, sin ser, por otra parte, objeto de cuestionamiento por parte de la Procuraduría.
Precisa también que la afectación de sus condiciones laborales y la limitación de las facultades de inspección, vigilancia y control de la SIC están dirigidos a cercenar la capacidad institucional para proteger la competencia y el bien común.
“La imposición de estas sanciones a los funcionarios y contratistas de inhabilidades para contratar con el Estado hasta por cinco años y de sanciones pecuniarias de hasta 130 millones dan cuenta de la intención de reducir a su mínima expresión las funciones de esta autoridad y afectar personalmente a un grupo de servidores públicos que han demostrado una alta consciencia ética y jurídica en la defensa del interés general”, dice la SIC.
Finalmente, la entidad asegura que confía en que se realice un examen juicioso e imparcial de la totalidad de los elementos probatorios que fueron recaudados en el marco del proceso disciplinario y en que la decisión final respetará la verdad jurídica y preservará la integridad del derecho.
