En menos de una semana, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la máxima autoridad en vigilancia de la competencia empresarial, entidad que da vía libre a integraciones y protege al consumidor, quedó bajo el escrutinio del Consejo de Estado y la Procuraduría.
A mediados de la semana anterior, el Ministerio Público sancionó a 16 funcionarios de la SIC por extralimitación de funciones, en una polémica visita que adelantaron a la Registraduría y a la Cancillería.
En un documento de más de 200 páginas, el ente de control advirtió que los empleados de la SIC solicitaron, accedieron y extrajeron información de los computadores institucionales y los dispositivos móviles personales de los servidores públicos, pese a que no tenía relación con el tema de la inspección.
La Procuraduría detalló que se hizo una extracción de “espejos forenses” y copias de seguridad de la información contenida en los dispositivos de funcionarios de las entidades que recibieron la inspección.
Una de las medidas más representativas fue contra Francisco Melo Rodríguez, superintendente delegado para la Protección de la Competencia de la SIC. Fue señalado como responsable disciplinariamente por falta grave a título de dolo; se suspendió del cargo y se inhabilitó para ejercer la función pública por el término de 12 meses. Además, se le impuso una multa superior a los 130 millones de pesos.
Y unos días después, el Consejo de Estado anuló el nombramiento de Cielo Rusinque como superintendente de Industria y Comercio. Los magistrados de la Sección Quinta concluyeron que no se cumplió el requisito de 10 años de experiencia, incluida la docencia, pues solo logró acreditar ocho años, seis meses y 25 días en su hoja de vida.
El alto tribunal determinó que la designada no cumplía con el requisito de formación académica, que exige contar con un título de posgrado en áreas afines a las funciones del cargo. En este punto, la Sala advirtió que uno de los títulos aportados correspondía a un “título propio” obtenido en el exterior, cuya equivalencia en el sistema colombiano no permitía establecer, con certeza, que correspondiera al nivel de maestría requerido.
“Básicamente es la crónica de una muerte anunciada. La decisión del Consejo de Estado se anticipaba básicamente porque es un tema completamente objetivo. La señora Cielo Rusinque desde el momento mismo en que fue designada como superintendente de Industria y Comercio, no tenía ni la experiencia ni las capacidades para ejercer como tal, no solo porque le faltaba tiempo de servicios, ya fuera como docente, o en actividades que pudieran cumplir con los requisitos que la ley exige, sino porque en lo subjetivo era claro que no tenía ninguna experiencia y ningún tipo de preparación ni fáctica ni académica para encargarse de un tema tan técnico y delicado como lo que significa atender una superintendencia que se encarga de supervigilar el comportamiento de la Industria y el Comercio”, dice Camilo Cuervo, socio de Holland & Knight.
Agrega que, aunque el Gobierno Nacional va a tratar de capitalizar políticamente esta decisión, “definitivamente es una muestra más de una política errática e inepta de este Gobierno en la designación de los funcionarios, que en ningún caso consideró la meritocracia o poder cumplir a cabalidad con el objetivo de los cargos. Obedeció a un criterio netamente político, ideológico y de cumplimiento para su red de apoyo político y no para el verdadero cumplimiento de las labores institucionales y misionales de las entidades”.
Recuerda que esto ya le ha pasado al Gobierno en otras ocasiones, específicamente en la carrera diplomática, “en donde el tema llegó a tal punto de indelicadeza institucional que les tocó bajar los requisitos para que prácticamente todos los funcionarios diplomáticos que el Gobierno nombró pudieran cumplir con los requisitos”.
Por su parte, Felipe Serrano, socio de Serrano Martínez CMA, afirma que el fallo del Consejo de Estado en el nombramiento de Cielo Rusinque, “era un caso que presentaba una fuerte discusión, porque la doctora Rusinque cuenta con una sólida preparación académica y profesional en materia constitucional. El debate era si esa preparación y experiencia podían ser consideradas afines al cargo. El Consejo de Estado consideró que no. La decisión sobre la ilegalidad del nombramiento de la doctora Rusinque era tan discutible que tomó varios debates en el Consejo de Estado. El hecho de que el Presidente hubiese expedido un nuevo decreto hace poco modificando los requisitos anticipaba lo que podía ocurrir”, señala.
Frente a la decisión de la Procuraduría, Serrano, quien trabajó en la Superintendencia de Industria y Comercio y fue superintendente encargado, advierte que la SIC ha hecho sus visitas administrativas de forma similar hace muchos años. “Si bien ha existido debate académico sobre dichas vistas, los jueces contenciosos siempre han respaldado la posición de la SIC”, explica.
Serrano, frente a las implicaciones que pueden tener en el corto plazo y en pleno proceso electoral estas decisiones en la mayor entidad de vigilancia de competencia, advierte que la de la Procuraduría puede tener un impacto profundo. “Esto, por cuanto a partir de ella, las visitas de la SIC serían mucho más limitadas en su cobertura y los temas sobre los cuales se pueden extraer comunicaciones de computadores, celulares, correos y demás dispositivos. A partir de la decisión, la SIC tendría que especificar detalladamente qué hecho concreto está investigando y solo podría extraer información relacionada con él. Hasta la fecha, la SIC extraía todos los documentos de un computador o de un celular”, anticipa.
Cuervo, a su turno, va más allá en su interpretación sobre los alcances de las medidas del Consejo de Estado y la Procuraduría. Para él, se están utilizando indebidamente las instituciones. “El Gobierno Petro, no solamente a través de la SIC, sino a través del Ministerio de Trabajo, de la Superintendencia de Transporte y en general de todos los entes de vigilancia y control que tiene el Estado, ha decidido utilizar esas facultades de vigilancia y control como una policía política, y eso hay que decirlo de frente. Y claro, el gobierno Petro no está cumpliendo con las labores misionales de cada una de las entidades, sino las está adaptando a sus caprichos. Es el resultado inevitable de utilizar las instituciones de forma indebida, y en este caso utilizarlos como policía política, que fue lo que pretendieron hacer, y hoy se están viendo las consecuencias”.
Sin embargo, Cuervo cree que las medidas, en especial la de la Procuraduría, no van a tener ningún impacto. “Los colombianos estamos perdiendo la capacidad de sorprendernos con lo que hace el gobierno Petro, y todos los días salen escándalos. Es un tema demasiado técnico y aislado, y Colombia en general está concentrada en las elecciones y no le está prestando mucha atención a lo que está pasando en el día a día del gobierno Petro”.
En el caso de la sanción de la Procuraduría, Serrano afirma que no se esperaban estas decisiones. “Si bien era conocido que existían estas investigaciones, la SIC ha sido tradicionalmente respaldada por el contencioso administrativo, y por la misma Procuraduría que ya en el pasado ha cerrado diferentes investigaciones contra funcionarios de la SIC por la manera en que se hacían las visitas. Por ello, no creo que los funcionarios que realizaron la visita hubiesen actuado de mala fe”, dice.
A su juicio, esto implicará que las visitas deben hacerse de una forma más acotada y específica, indicando el tema de prueba, los hechos concretos que se pretenden demostrar y justificando el nexo causal dentro la prueba que se solicita y los documentos que se extraen.
“Sin duda es un antecedente que tendrá relevancia en todos los procesos que actualmente se llevan a cabo en la entidad”, sentencia Serrano.