Anif propone unificar transferencias monetarias y ampliarlas a casi 18 millones de colombianos

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) considera que el Gobierno debe unificar las transferencias monetarias que entrega a través de distintos programas sociales con el fin de ampliar su cobertura y llegar a más familias necesitadas.

La propuesta de Anif consiste en unificar los programas sociales ya existentes para que cada colombiano en condición de vulnerabilidad reciba una transferencia de $80.000, lo que haría que a los hogares beneficiados llegaran ayudas por $256.000 cada mes.

“Nuestra propuesta parte de la unificación de los programas de transferencias no condicionadas ya existentes, compensación del IVA, Colombia Mayor e Ingreso Solidario, en un único esquema que sea independiente a los programas de Familias y Jóvenes en Acción”, dijo Anif.

Con esta iniciativa, la entidad proyecta que 17,9 millones de personas serán las beneficiadas de la unificación de las ayudas monetarias.

“Buscamos realizar la ampliación de las transferencias de manera gradual, priorizando a las poblaciones más necesitadas, optimizando la estructura que ya existe y, a la vez, permitiendo sostenibilidad financiera. Específicamente, tendríamos una población elegible de aproximadamente 18 millones de personas pertenecientes a las siguientes dos categorías: 5,6 millones de personas del Régimen Subsidiado (RS) en salud (mayores de 16 años) y 2,3 millones de personas asalariadas con ingreso igual o menor al salario mínimo”, dijo el centro de pensamiento.

La entidad resaltó que la transición hacia ese programa de transferencias generalizadas debe llevarse a cabo de manera “gradual y ordenada” que finalizaría en 2024.

“Debemos partir de la unificación de los programas para así obtener un único esquema con el número de beneficiarios actuales que debe ampliar su cobertura paulatinamente. Sugerimos que la extensión del beneficio a todas las personas elegibles se haga por categoría”, afirmó Anif.

Los cálculos de la entidad estiman que con la unificación de estos programas de transferencias, y su ampliación a 17,9 millones de hogares, el costo total de la iniciativa ascendería a unos $17,2 billones por año, cuando en la actualidad el Gobierno destina poco más de $6 billones en las ayudas directas a la población vulnerable.

¿Cómo se financiaría?

La propuesta de Anif de unificar y ampliar las ayudas sociales también trae consigo una serie de recomendaciones para incrementar los ingresos de la nación, con el fin de que haya recursos para poder sostener estas ayudas.

En primera medida, Anif cree necesario que para implementar el esquema de transferencias generalizadas a los hogares se requiere corregir la mala focalización de los subsidios pensionales.

“Para poder cubrir a toda la población objetivo también se debe iniciar una discusión acerca de la reforma pensional para implementar un verdadero sistema de protección al adulto mayor y donde se comience a corregir el problema de la mala focalización de los subsidios pensionales que actualmente suman 2,3 % del PIB”, dijo Anif.

Otra de las propuestas de Anif es implementar tributos a las pensiones altas que, en su mayoría, ya están siendo subsidiadas con recursos públicos.

“Consideramos que gravar las pensiones altas es un primer paso para la necesaria reforma pensional que requiere el país y para comenzar a redirigir los subsidios pensionales para financiar la nueva política social basada en transferencias. Nuestra propuesta es implementar una tarifa plana de 10 % a las pensiones mayores a $6 millones que corresponden al percentil 90 de la distribución del ingreso per cápita por hogar”, dijo Anif.

En este sentido, el Ministerio de Hacienda incluyó en la reforma fiscal radicada ante el Congreso un impuesto que grava a las pensiones de más de $7 millones al mes.

La asociación también propone la modificación al impuesto de renta de personas naturales, la reestructuración del IVA, el impuesto al patrimonio, el impuesto a las pensiones altas, impuesto a los dividendos, la eliminación del descuento del ICA y la pausa en la reducción de la tasa corporativa por un año.

Sumadas a todas estas iniciativas, se estima que el recaudo adicional que recibiría el país sería de 1,37 % del PIB en 2022 (más de $13 billones) y que en 2023 ascendería a 1,82 % del PIB.

La entidad advirtió que si no se hacen cambios estructurales a los ingresos de la nación, el país enfrentará una crisis económica que afectará a miles de colombianos.

“Si no damos trámite a esta reforma nos veremos enfrentados, más temprano que tarde, a una crisis más profunda sin siquiera haber salido de la que ya generó el coronavirus. La reforma no es una alternativa y es nuestra obligación como colombianos adelantar una discusión seria y enriquecedora al respecto”, concluyó.