Energía
Comunidades frenan proyectos renovables, generando pérdidas por más de 18 millones de dólares al mes
El sector energético advierte que la falta de licencias sociales y acuerdos comunitarios en La Guajira retrasan el desarrollo de eólicos y solares, en medio de tarifas en alza y riesgo de déficit de gas.
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Colombia avanza en su transición energética con más de 3.000 megavatios (MW) de capacidad limpia ya conectada a la red, según el Ministerio de Minas y Energía y la UPME. Sin embargo, los avances técnicos contrastan con los cuellos de botella sociales y regulatorios que amenazan con frenar el ritmo de esta transformación.
En La Guajira, epicentro de la generación renovable, alrededor de 2.400 MW de proyectos eólicos y solares permanecen paralizados debido a licencias sin resolver, conflictos territoriales y ausencia de acuerdos con comunidades.
Esta capacidad equivale al consumo anual de 1,5 millones de hogares y representa pérdidas económicas estimadas en más de US$18 millones mensuales, de acuerdo con gremios del sector.
El impacto no se limita a la oferta energética: los precios en bolsa ya muestran señales de tensión. En julio, XM reportó un promedio de 138,36 pesos por kWh, un 22,6 % más que en junio y 52 % por encima del año pasado, lo que golpea tanto a hogares como a industrias y reduce la competitividad frente a países como Brasil y México, que han expandido su capacidad renovable con mayor rapidez gracias a protocolos sociales consolidados.
A este panorama se suma la incertidumbre en torno al gas natural. Proyecciones oficiales anticipan un déficit del 5 % en 2025 y de hasta 20 % en 2026, pese a que en lo corrido del año se han anunciado inversiones por más de US$1.100 millones. Varias cuencas del Caribe enfrentan ya tensiones sociales que podrían complicar aún más la situación.
El propio Ministerio de Minas y Energía ha reconocido que la transición energética no depende únicamente de lo técnico o financiero, sino también de factores políticos, comunitarios y reputacionales.
En esa línea, la CREG y la UPME insisten en que todos los nuevos proyectos cuenten con licencias sociales garantizadas para blindarlos frente a demoras, sobrecostos y pérdida de confianza de inversionistas.
Con el fin de abordar este desafío, el próximo 17 de octubre se celebrará en Bogotá el primer Foro de Gestión Social del Sector Energético, organizado por Disava Group. Allí, gremios como ANDEG y ACIPET, junto con el Ministerio de Minas y Energía, presentarán un informe que busca convertir las discusiones en compromisos verificables, apoyados en métricas ESG, herramientas de trazabilidad social y modelos de prevención de conflictividad.
El reto es lograr que la transición energética pase del debate a resultados concretos, con proyectos que avancen de la mano de las comunidades y garanticen un suministro confiable y competitivo para el país.
