El agua, que en circunstancias normales es sinónimo de vida, se ha convertido en verdugo en los ocho departamentos de Colombia que llevaron al Gobierno de Gustavo Petro a declarar una nueva emergencia económica.
Desde el primero de febrero la situación se agravó. Cuando el clima debía dar paso a jornadas soleadas, el cielo pareció romperse bajo el impacto de un frente frío que ha golpeado con mayor intensidad al departamento de Córdoba. El desastre dejó a su paso 69.235 familias afectadas –equivalentes a 252.233 personas– con distintos niveles de impacto.
El balance más doloroso es el de diez colombianos fallecidos y varios heridos, en medio de las 65 emergencias registradas entre el 27 de enero y el 6 de febrero.Con impuestosLos daños materiales implicarán una factura elevada, que, de manera preliminar, asciende a 8 billones de pesos, según el ministro de Hacienda, Germán Ávila.
El funcionario señaló que el impuesto al patrimonio para empresas sería la principal fuente de recaudo a fin de financiar esta nueva emergencia económica, la cuarta declarada en el actual Gobierno. Las tres anteriores fueron la de La Guajira, la del Catatumbo y la más reciente, en suspensión provisional por decisión de la Corte Constitucional mientras estudia los argumentos expuestos, más vinculados a una crisis fiscal estructural que a un hecho sobreviniente.
Ahora, según han manifestado gremios como Fedegán, sí habría un hecho sobreviniente, por lo cual el llamado de algunos voceros empresariales, que sin duda serán los principales aportantes en esta coyuntura que demanda solidaridad, es para que se utilicen bien los recursos.
En los decretos posteriores, además del que crea el impuesto al patrimonio –con una tarifa del 0,6 por ciento para patrimonios desde 10.000 millones de pesos y del 1,2 por ciento para aquellos superiores a 30.000 millones–, el Gobierno analiza otras alternativas, como gravámenes adicionales a los juegos de azar. También se contemplan inversiones forzosas para el sector financiero, similares a las que se propusieron al inicio de la administración Petro, pero que, tras un acuerdo con los bancos, se transformaron en el llamado Pacto por el Crédito. Según el mandatario, este no ha dado resultados.
La Andi, que representa a los empresarios, no se muestra partidaria de un cobro por el patrimonio de las compañías, pues, a juicio de Bruce Mac Master, quien dirige ese gremio, sería un castigo a la inversión, justamente lo que ahora más necesita el país para crecer. Más aún, en un contexto de aguda crisis fiscal como el actual, Colombia necesita una recuperación económica, que podría verse comprometida por las nuevas medidas derivadas de la emergencia invernal. No en vano, el mismo presidente Petro advirtió que, tras la atención inmediata a los damnificados, podrían venir hambre y enfermedades. Además, los daños por reconstruir son cuantiosos, según los inventarios oficiales preliminares.
El agro, aporreado
Varios de los departamentos afectados por la crisis que han provocado las lluvias son grandes productores agropecuarios. En el decreto que declara la emergencia económica se habla de 87.054 hectáreas inundadas, según el monitoreo satelital realizado, mientras que José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, afirma que serían, al menos, 300.000 hectáreas que quedaron improductivas. Aunque las estadísticas son preliminares, varios gremios recopilan los datos que reflejan la magnitud del desastre.
Por ejemplo, los ganaderos, a través de Fedegán, han contabilizado 149.000 hectáreas ganaderas y 340.000 animales afectados.
En cultivos de granos, según Fenalce, se registran hasta ahora 363 productores de fríjol con dificultades por inundaciones, y daños en 1.190 hectáreas con sembradíos. En el caso del maíz, 114 cultivadores reportan 380 hectáreas averiadas.
En cuanto al cultivo del cacao, el gremio relacionado con este producto realizó los inventarios preliminares y halló que hay 1.600 productores con algún grado de afectación. Por el lado de la avicultura, según Fenavi, habría 41 granjas perjudicadas, contando solo el departamento de Córdoba, con 1.165.380 animales de engorde y 468.700 de postura impactados.
El mismo Ministerio de Agricultura, tras el monitoreo realizado, habló de una implicación simultánea tanto en la producción cárnica como en la láctea. “La concentración de pequeños productores en las cuencas del San Jorge, San Juan y Canalete, sumada a la deficiente infraestructura vial terciaria, agrava la exposición de estas comunidades al impacto de la ola invernal”, señaló dicha cartera.
Infraestructura
Un extenso inventario de infraestructura dañada fue presentado como sustento de la emergencia económica y demandará una nueva y cuantiosa inyección de recursos. Vías, colegios, centros de salud, puentes, acueductos y viviendas figuran en el balance preliminar. Solo en el componente habitacional, según estimaciones iniciales del Ministerio de Vivienda, se requerirán 5,8 billones de pesos. No en vano, hay cuantificadas 4.345 viviendas destruidas y 11.832 afectadas. “En total, 71 municipios reportan afectaciones en los sistemas de acueducto; 40, en los de alcantarillado, y 35, en los de aseo”, afirma el ministerio.
Algunas reparaciones serán más urgentes que otras. Las 40 vías, 15 puentes peatonales y 21 puentes vehiculares que averió el agua y los deslizamientos necesitarán inversiones a mediano plazo. Y, si bien el Ministerio de Educación registró 426 sedes educativas afectadas en el país, con mayores daños en las de Antioquia, Córdoba y Magdalena, hay 29 instalaciones de salud expuestas a inundación que son prioritarias. Allí hay clínicas, hospitales, centros y puestos de salud, IPS, EPS y unidades básicas de atención con dificultades logísticas para la prestación de servicios de salud, lo que podría agravar el panorama que suele venir después, cuando el agua empiece a bajar y deje a su paso múltiples enfermedades.
Otra de las preocupaciones radica en que se desconoce el momento en el que cesará la crisis invernal, pues el periodo habitual de lluvias en el año empieza en marzo, según los informes del Ideam. En ese contexto, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, criticó el hecho de que en Colombia, a diferencia de países como Holanda y Japón, “reaccionamos ante los desastres y no actuamos para prevenirlos”.
¿Riesgo eléctrico?
Pese a los mensajes emanados desde el Gobierno para sustentar que, por las fuertes lluvias, ahora sí la emergencia económica se origina por un hecho sobreviniente que requiere voluminosos recursos, el clima invernal no genera completa tranquilidad en cuanto al abastecimiento de energía.
El Ministerio de Minas emitió una circular en la que pide a las generadoras activar un plan de contingencia para garantizar que no se llegue a necesitar la aplicación de apagones por falta de energía. Esto obedece a que, paradójicamente, cuando se llenan demasiado las represas, que generan más del 80 por ciento de la energía producida en el país, es necesario parar las turbinas y desaguar. La ventaja, por ahora, es que hay seis represas en alerta roja –entre ellas la de Urrá, Córdoba–, pero estas no son las grandes aportantes al sistema energético.
Lo cierto es que la emergencia económica está en el debate nacional. Y, más allá de la tragedia de miles de familias, queda el interrogante: ¿se usarán los recursos en la reparación y reconstrucción o terminarán saliendo por los tubos de la corrupción para apalancar campañas políticas?