Es inminente que el gobierno de Gustavo Petro acuda a una nueva emergencia económica, esta vez, con la convicción de que hay un hecho sobreviniente y que, por lo tanto, la Corte Constitucional no podrá negarlo.
En ese sentido, después de una extensa argumentación, en la que puso sobre el tapete todo el camino recorrido en los varios intentos por introducir medidas tributarias para conseguir recursos que antes de la emergencia invernal eran para enfrentar la crisis fiscal, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, sacó su carta, en línea con la declaratoria de emergencia económica que hará el Gobierno.
Sucedió durante el consejo de ministros que se realizó este martes 10 de febrero en el departamento de Córdoba, uno de los más golpeados por la crisis invernal, que ha provocado inundaciones y riesgo de desbordamiento del río Sinú.
La medida anunciada por el funcionario que maneja las finanzas públicas en el Gobierno tocaría a 15.000 empresas colombianas y sería establecida a través de un decreto una vez se establezca la nueva emergencia económica; esta vez, amparada en la situación crítica provocada por las copiosas lluvias que inundan varias zonas del Caribe colombiano.
La anterior emergencia decretada, y que alcanzó a tener dos decretos con paquetes de impuestos, fue suspendida por la Corte Constitucional, de manera provisional, mientras se hacía un estudio más a fondo de los hechos que, según el Gobierno, la motivan.
Mientras tanto, Ávila, que retrató la situación como dramática, sustentó que se requieren 8 billones de pesos para atender la coyuntura.
Los términos de la medida
Así las cosas, planteó un impuesto al patrimonio para personas jurídicas, es decir, las empresas, que aplicaría a partir de 200.000 UVT (Unidad de Valor Tributario); eso es, desde patrimonios superiores a 10.000 millones de pesos. Estas aportarían un 0,6 % para recaudar los recursos necesarios con el fin de enfrentar la situación, de acuerdo con lo que explicó el ministro en el consejo.
Con la consiguiente gradualidad, los patrimonios superiores a 600.000 UVT, lo que equivale a más de 30.000 millones de pesos, la tarifa sería de 1,2 %.
Hay dos escenarios
En la disertación, el ministro Ávila explicó que habría dos escenarios en el horizonte. Al primero ya acudió el Gobierno y es la solicitud hecha a la Corte para que permita la reactivación del decreto de emergencia económica (el anterior), en el entendido que la suspensión no es definitiva, sino provisional.
Pero, mientras tanto, según lo explicado por el ministro Ávila, “no nos podemos quedar sin hacer nada”. Más aún si la crisis en la región Caribe, proveniente del fenómeno conocido como frente frío, se ha agravado con el pasar de los días, alcanzando una dimensión que demandará muchos recursos, expresó el funcionario en el consejo de ministros.
De ahí la salida que expuso ante el gabinete del presidente Gustavo Petro: echar mano del impuesto al patrimonio de personas jurídicas.
¿Cómo sería?
Uno de los puntos que aclaró el ministro de Hacienda es que la salida, según la cual el Gobierno acudiría a una nueva emergencia económica, no podría tener las mismas medidas tributarias que contemplaron en la pasada declaratoria, pues esta se encuentra suspendida de manera provisional.
Así las cosas, el impuesto al patrimonio que plantean es totalmente distinto. “Se haría con el mismo criterio progresivo aplicado en otras medidas tributarias propuestas”, manifestó Ávila.
El funcionario enfatizó en que, al aplicar el impuesto al patrimonio a personas jurídicas, tendrían el cuidado de no afectar a la pequeña y mediana empresa.
Por lo tanto, entraría en el escenario como un desarrollo del decreto que, finalmente, planteé de nuevo la emergencia económica.
Ataque institucional
Además de mencionar al Congreso de la República, que no avaló la ley de financiamiento tramitada por el Ejecutivo, el ministro Ávila también tocó a la Corte Constitucional, a la que pidió avalar ahora la emergencia, ante la existencia de un hecho sobreviniente. Y no dejó de salpicar al Banco de la República, que recientemente tomó la decisión de aumentar 100 puntos la tasa de interés de referencia y la dejó en 10,25 %.