Cuando de precios se trata, lo que sube difícilmente vuelve a bajar, pero en Colombia la gasolina entrará ahora en una senda reduccionista que comienza con 500 pesos a partir del primero de febrero, según el ministro de Hacienda, Germán Ávila. No obstante el aparente alivio a los consumidores, las implicaciones fiscales pueden ser fuertes en medio de la escasez de recursos públicos. ¿Por qué?
El precio del combustible que usa el 82,4 por ciento del parque automotor en el país, tras haber sido subsidiado por años, tuvo que ser incrementado de manera escalonada para tratar de detener el hueco que se formaba en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (Fepc), creado para acumular recursos de subsidios al precio. Así, mientras en el mundo la gasolina costaba cerca de 12.000 pesos, acá se compraba en unos 8.000. Con las alzas aplicadas durante casi dos años, llegó a 16.057 pesos en promedio. Ahora eso equivale a estar entre 3.500 y 4.000 pesos por encima del precio internacional.
Con ese cobro excedente, según afirma Álvaro Younes, experto en hidrocarburos y exdirectivo gremial, se ha financiado el diésel, que sigue subsidiado en cerca de 1.000 pesos, en comparación con el precio internacional, porque el Gobierno no pudo incrementarlo, so pena de provocar un estallido social, orquestado por los transportadores.
“No fue justo para el país ni para los consumidores. Son medidas emocionales que terminan haciéndole daño a la economía”, afirmó Younes, quien insiste en el tinte político del debate. Más aún cuando se anuncia una baja de precios en plena época electoral para ganar aplausos, una decisión que –advierte– no será sostenible por su costo fiscal ni por la relación entre el precio de la gasolina, el del petróleo y el del dólar.
“La brecha del fondo se ha cerrado por caída en precios internacionales y la revaluación del peso, no por un manejo ordenado de los subsidios”, sostuvo el exministro Amylkar Acosta.
El efecto es preocupante. Las cuentas de Daniel Velandia, economista jefe de Credicorp Capital, apuntan a que recortar el precio de la gasolina en los 300 pesos que inicialmente se habían anunciado es inconveniente para las finanzas públicas, pues “empeorará el déficit del Fepc en aproximadamente 700.000 millones de pesos”. Como el recorte será de 500 pesos, el impacto será mayor.
Velandia citó las cifras que Anif puso en la controversia, y que advierten que el balance total del Fepc el año pasado fue deficitario: “Estuvo cerca de los 4 billones de pesos”. Al diésel le faltaban 7 billones de pesos, por seguir subsidiado, y a la gasolina le sobraban 3 billones, por un cobro superior al del precio internacional.
Si no se hiciera reducción del precio ahora, según Velandia, “el Fepc podría llegar a un balance positivo de 2,6 billones, lo que sería un colchón para cuando los precios vuelvan a subir o el dólar se recupere, porque esto está atado a la volatilidad”.
Para César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, en un contexto de cotizaciones bajas, lo responsable es ahorrar lo máximo posible para evitar presiones futuras sobre las finanzas públicas y amortiguar un eventual choque sobre los precios.
La otra alternativa sería subir el diésel; sin embargo, Sergio Cabrales, experto en temas energéticos, recuerda que eso puede ser uno de los detonantes de una mayor inflación y, peor aún, si se junta con la presión que ejerce el aumento vertiginoso del salario mínimo. En medio de esto, el Gobierno anunció que subiría el diésel para ciertos vehículos –de alta gama–, lo que aún no se ha visto, dada la complejidad que implica.
David Jiménez, vocero del gremio Somos Uno, del que forman parte Fendipetróleo y Comce, recordó que cualquier aumento o disminución del precio por galón del diésel o de la gasolina tiene que ver con la remuneración que recibe el refinador o importador, no con el ingreso de las estaciones de servicio. En consecuencia, el afectado sería Ecopetrol y, por esa vía, las finanzas públicas.
Para el consumidor, aún se desconoce el efecto, pues si bien es cierto que habrá una rebaja de 500 pesos, también lo es que el mismo primero de febrero entrarán a regir otras alzas que también le pegan al precio de la gasolina: el ajuste al impuesto al carbono, al impuesto nacional a los combustibles y el margen de comercialización del distribuidor mayorista, que se ajusta a la inflación. Mejor dicho, la rebaja podría quedar solo en un saludo a la bandera.