Hacia un futuro diferente

Hace apenas un mes, estuve en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, en un evento que marcó un hito en la construcción de políticas públicas en Colombia. Fue una experiencia que me llenó de esperanza al ver cómo más de 2.700 personas provenientes de todos los rincones del país fueron quienes dieron forma a la nueva política de drogas. Todos sintiéndose protagonistas del cambio que estamos impulsando.

Fue un extraordinario acto de participación ciudadana, una auténtica encarnación de la democracia. Vi a pequeños cultivadores de coca y cannabis, comunidades étnicas, consejos comunitarios, asociaciones de consumidores y padres de familia, todos forjando el destino de su nación de manera legítima y democrática.

Este esfuerzo de más de un año no fue en vano; fue el resultado de un diálogo constante del Gobierno con las bases populares. Esta metodología, de escuchar a la gente y tomar en cuenta sus opiniones, se ha aplicado en diversos ámbitos, como la justicia ambiental, económica, social y cultural. La premisa es simple pero poderosa: más justicia es igual a más democracia. Lo revolucionario está en los derechos.

Un ejemplo de cómo más derechos se traducen en una sociedad más justa es el caso de las cerca de 3.500 mujeres cabezas de familia condenadas por delitos cometidos en condiciones de marginalidad. Ahora, gracias a medidas sustitutivas a la prisión, tienen la oportunidad de trabajar y estar con sus hijos mientras cumplen sus penas y, al mismo tiempo, contribuyen al bienestar de la sociedad. Esta iniciativa, respaldada por la Ley de Utilidad Pública, sancionada en marzo de este año, es un paso importante hacia la equidad y la justicia.

Otro compromiso crucial es el proyecto de ley que busca humanizar la vida en las cárceles y poner fin a la situación inconstitucional que prevalece en ellas. La promoción de la justicia restaurativa y la resocialización de las personas privadas de la libertad son esenciales para reducir la reincidencia en los delitos y para dar segundas oportunidades.

La ampliación de los derechos también se extiende a los campesinos, quienes ahora tienen la posibilidad de acceder a la propiedad rural como eje de transformación y paso hacia economías legales productivas. La creación de la jurisdicción agraria, gracias a una reforma constitucional aprobada por el Congreso, brindará seguridad jurídica en la propiedad, tenencia y explotación de la tierra. Con esa reforma resolveremos conflictos rurales y agrarios.

En el ámbito de la política de drogas, dar más derechos significa un enfoque legal que incluye tratamiento penal diferenciado, regulación justa y respeto por los derechos humanos de los pequeños cultivadores de hoja de coca. Al mismo tiempo, se trabaja incansablemente para desmantelar las redes de narcotraficantes, perseguir a los mafiosos, aumentar las incautaciones de cocaína y combatir el lavado de activos y el contrabando.

La lucha contra la criminalidad es prioridad en este camino hacia una sociedad más justa. Sin embargo, no podemos olvidar la necesidad de garantizar paz y seguridad para las víctimas del conflicto, quienes merecen vivir en un entorno pacífico. Esto implica que las estructuras criminales de alto impacto entreguen sus armas, desmantelen sus organizaciones y rindan cuentas ante las autoridades judiciales. Reformar la justicia es, entonces, pensar en la gente.

*Ministro de Justicia