Los defensores públicos son contratistas de la Defensoría del Pueblo y dependen del Ministerio de Hacienda para el pago de sus salarios. Desde diciembre no les consignan y los amenazan con una reducción del presupuesto, en lugar de garantizar su permanencia, dada la importancia de su función en la justicia.
Cada inicio de año deben enfrentar una advertencia para los 12 meses siguientes: no hay presupuesto y la planta de personal, en lugar de subir, se anticipa en extinción. Como son contratistas, están bajo la amenaza de una renovación de contrato; muchos se guardan los reclamos, otros, agremiados en sindicatos, advierten la precariedad de su espacio de trabajo.
"Somos la cenicienta de la justicia": defensores públicos hablaron sobre la precariedad de su trabajo, falta de pagos, amenazas y maltrato. Hacen graves denuncias en SEMANA. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/FV09F66Wip
— Revista Semana (@RevistaSemana) January 24, 2026
“La precarización del empleo en la Defensoría del Pueblo, prácticamente quienes están más afectados en este momento son los defensores públicos, que son abogados litigantes contratados por la Defensoría del Pueblo para que asuman la defensa de la población más vulnerable, de aquellos ciudadanos que no tienen cómo pagar los honorarios de un abogado particular”, señaló Martha Cecilia Reina, del sindicato de los defensores públicos.
La desigualdad salarial en la justicia es abismal. Los defensores públicos devengan salarios hasta cinco veces inferiores al resto de operadores (fiscales, jueces y procuradores). Se enfrentan en el mismo espacio, pero sin las mismas armas. Sometidos a maltratos, discriminación y hasta amenazas de procesados.
La protesta de los defensores públicos la semana pasada por la falta de pagos no solo evidenció la falta de interés del Gobierno Petro por la actividad que desarrollan, sino la compleja situación que padecen miles de contratistas en la Defensoría del Pueblo, profesionales primordiales para la dinámica y efectiva rutina de la justicia.
“Estamos exigiendo que se dignifique la defensa pública, que haya un trato respetuoso y digno para nuestros defensores públicos y, en términos generales, para todo el Sistema Nacional de Defensoría Pública, porque no se materializa el principio constitucional de la igualdad de armas, porque la Defensoría del Pueblo y la defensoría pública en particular hemos sido como la Cenicienta de toda la prestación del servicio de defensa pública”, dijo la líder sindical.
De película
“Tiene derecho a un abogado; si no tiene, el Estado le suministra uno”, es la frase que recitan todos los días cuando una persona es capturada; es la misma que tiene como objetivo ofrecer garantías y un debido proceso, pero la verdad es que, como dijeron los jueces, resulta una contradicción que quienes vigilan por los derechos sean vulnerados en sus derechos.
“Su rol es fundamental dentro del Sistema Penal Acusatorio, en la medida en que garantizan el acceso oportuno y efectivo a la administración de justicia para todas las personas, especialmente para quienes requieren una defensa técnica adecuada”, señalaron los jueces de Bogotá.
SEMANA habló con los defensores públicos y ellos expresaron su pesar por las condiciones laborales que deben enfrentar todos los días. Con salarios irrisorios para el trabajo que cumplen, sin ninguna garantía y dejados a voluntad de las amenazas y hasta los atropellos de la misma Defensoría Pública.
“Yo diría que la defensa pública está dentro de la cuerda de todo el proceso, en la parte más débil, primero por la remuneración que recibe. Estos defensores públicos tienen una carga procesal bastante alta que oscila entre los 100 y 400 procesos de representación judicial”, dijo la defensora y líder del sindicato.
Ellos piden no solo una nivelación salarial, sino una vinculación laboral con el Estado. Son ellos quienes representan al Estado y ni siquiera reciben el salario a tiempo. Advierten que la carga laboral es desbordada, como ocurre en todos los escenarios de la justicia, y a les toca dedicarse casi de manera exclusiva a los procesos con un sueldo que no supera el salario de un bachiller en un call center bilingüe.
“El defensor público se dedica casi de manera exclusiva a la defensa pública porque un proceso exige mucho profesionalismo y los defensores públicos son litigantes expertos. Cada proceso requiere mucho estudio, mucha dedicación; si tienen siempre procesos en defensoría pública, muy difícilmente pueden asumir procesos de manera particular”, manifestó la representante.
Como si fuera poco, al interior de la misma Defensoría Pública hay coordinadores que se convierten en caciques y dicen quién sigue con contrato y quién se va. Son ellos, de acuerdo con algunas denuncias, los que se encargan de maltratar a los abogados, muchos con especialización y hasta maestría.
Defensores públicos que protestan por la falta de pagos desde diciembre de 2025 advierten que, de frenar su actividad, se paralizaría el sistema de justicia. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/xkpeHdghll
— Revista Semana (@RevistaSemana) January 24, 2026
La defensoría pública tiene por vocación una misión de servicio social. Está hecha para ayudar a los menos favorecidos, pero los abogados que la integran, que se comprometen con su trabajo, se quedaron solos y amenazados con la continuidad de su actividad. De quedarse, deben soportar las agresiones, el maltrato y el riesgo de defender a quienes en ocasiones no quieren que los defiendan.