La Junta Directiva de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia manifestó su preocupación por el decreto presidencial que redujo la prima de servicio para los congresistas.
El magistrado Hermens Darío Lara Acuña, presidente de la Corporación, manifestó que el Decreto 0030 de 2026 afecta a varios empleados y funcionarios de la Rama Judicial, entre estos procuradores, fiscales, jueces y magistrados de todo el país.
Por esto, le pidió al presidente Gustavo Petro revisar y aclarar dicha resolución en el punto concerniente a los integrantes de la Rama Judicial.
“Instamos al Gobierno nacional a adoptar las medidas que correspondan para evitar afectaciones al talento humano al servicio de la Judicatura, a la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, al Consejo Superior de la Judicatura, a los organismos de control y, en general, a todas las autoridades competentes, a adelantar las gestiones para solventar esta problemática”, precisó.
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— Revista Semana (@RevistaSemana) January 22, 2026
“Lo peligroso de esto es jugar a una ingeniería constitucional en favor de una postura que no es democrática, porque lo que se pretende afectar es al Congreso de la República pero yo no creo que nadie, en la Casa de Nariño, desconozca que esto afectaba el ingreso de la Rama Judicial, de la Fiscalía y la Procuraduría”, precisó el magistrado Lara Acuña.
El presidente de la Corporación aseveró que la forma en que se expidió el mencionado decreto es plenamente ilegal. “El mecanismo que se ha utilizado va en contra de la misma ley. Un decreto no puede desconocer lo que dice la misma ley”, detalló el presidente.
Igualmente, puso de presente varios casos de países que han visto afectada la independencia de la Rama Judicial con la expedición de resoluciones como esta.
“Hay algo que es muy importante; para que Colombia lo sepa, este tipo de actuaciones son generadas en pensamientos totalitarios, desconocedores de la democracia, como ha ocurrido en México, en Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Bolivia, Ecuador. Entonces, estamos corriendo por un sendero muy espinoso y delicado en medio de la democracia”, detalló.
“Si esta es la forma de afectar los ingresos de los congresistas, por las razones que ustedes quieran, la gran pregunta es si el Ministerio de Hacienda va a respetar el ingreso de los magistrados de las altas cortes y demás funcionarios”, aseveró.
Finalmente, explicó que esta resolución podría ser demandada ante la jurisdicción administrativa. Sin embargo, teniendo en cuenta que los magistrados están cobijados con este reajuste, deberían declararse impedidos.
