A cuatro meses de las elecciones presidenciales, Gustavo Petro suspendió la prima de servicios a los congresistas del país.
Así quedó oficializado este martes, 20 de enero, cuando el Departamento Administrativo de la Función Pública hizo público el decreto que reduce el salario de los congresistas, al retirar una prima de servicios que equivale a 16,9 millones de pesos que estaba contemplada dentro del salario mensual de los legisladores.
La noticia generó molestia en el Legislativo.
El presidente del Senado, Lidio García, miró hacia atrás y recordó las épocas en las que Gustavo Petro fue senador y recibió satisfactoriamente los recursos y no puso queja, según él.
“Petro recibió durante casi 20 años la prima de servicios como congresista y jamás expresó inconformidad. La cobró en silencio mientras hacía parte del mismo Congreso que hoy cuestiona. Por eso este decreto no es una cruzada de austeridad, sino un mensaje de lo que equivocadamente considera un castigo político contra un Congreso que decidió ser independiente y no someterse al Ejecutivo”, dijo García.
Aun así —añadió el senador—, “acatamos la decisión porque respetamos el Estado de derecho. Que quede claro: la independencia del Congreso no se negocia ni se castiga. Seguiremos legislando y ejerciendo control. Eso es democracia, y nosotros somos demócratas”.
Y es que el Senado ha sido la principal piedra en el zapato para las reformas estructurales del presidente. Petro logró amplias mayorías en la Cámara de Representantes, pero no lo consiguió en el Congreso, donde se ahogaron varias de sus iniciativas, entre ellas la reforma a la salud que se hundió en dos oportunidades, en la Comisión Séptima del Senado.
Actualmente, los ingresos mensuales de los legisladores contienen un salario básico de 12,4 millones de pesos, gastos de representación que se sitúan en 22,1 millones de pesos y una prima de servicios de 16,9 millones de pesos que se les gira cada 30 días calendario.
El último monto —según el Gobierno— es el que dejarán de recibir los nuevos congresistas elegidos el próximo marzo y posesionados el 20 de julio de 2026. Es decir, los actuales senadores seguirán recibiendo los 57.3 millones de pesos mensuales.
El nuevo decreto de la Función Pública ordena derogar un decreto que se había publicado en octubre de 2013 en el que reconocía una prima especial para los integrantes del Congreso de la República.
“El presente decreto sufre efectos fiscales a partir del 20 de julio de 2026 y deroga las disposiciones que le sean contrarias”, se detalla en el documento.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, quien también fue congresista durante varios períodos, dijo que “el Gobierno ha considerado que es excesivo el salario para los congresistas, que no se ajusta a lo que un colombiano promedio gana o a un salario mínimo. Fíjese usted cómo muchos ricos lloraban o muchos empresarios lloraban por la subida del salario mínimo a dos millones de pesos con el transporte, y es básicamente esa situación de bajarle el sueldo a los congresistas con base en quitar ese decreto y que también es un sentir del pueblo colombiano que cree que sus congresistas ganan mucho más”.
