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| 2/26/2019 11:51:00 AM

Nuevo plan para salvar infraestructura educativa

Se creará un observatorio de cumplimiento con informes mensuales que permitan conocer cómo avanzan las obras.

Cómo está la infraestructura educativa en el país Dentro del plan anunciado por el MEN, se realizará un trabajo conjunto con la Secretaría de Transparencia, con el fin de hacer un seguimiento exhaustivo a cada una de las obras de infraestructura educativa. Foto: Archivo particular
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Semana Educación

Después de que el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), tras una evaluación en 28 departamentos del país, hiciera público que el 70% de la infraestructura educativa estaba en riesgo alto en materia de ejecución, este martes se conoció que de 184 obras vigentes, que se adelantan en 22 de las 32 ciudades capitales, el 61% (112) presenta un atraso en su construcción mayor al 20% de lo programado o, en algunos casos, cuenta con problemas de ejecución críticos.

Por esta razón, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y alcaldes de ciudades capitales anunciaron un plan conjunto de trabajo, que busca mitigar los riesgos y avanzar en el cumplimiento de las obras y proyectos a lo largo y ancho del territorio nacional.

En el marco de este plan, la Ministra de Educación Nacional, María Victoria Angulo, propuso la creación de un observatorio de cumplimiento con informes mensuales que permitan conocer detalladamente cómo avanzan las obras en cada una de las ciudades capitales y, en general, en todo el país. Este mecanismo permitirá identificar y solucionar con alertas tempranas las situaciones que afectan el desarrollo de los proyectos.

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En la actualidad, se trabaja en la consolidación del Sistema de información de seguimiento, alerta y control interno del FFIE, tecnología con la que se tendrá sistematizado todo el proceso de cada una de las obras y se arrojarán alertas que permitan intervenir a tiempo los proyectos que se adelantan en el país.

Según información dada a conocer por el MEN, también se solicitó que la cartera, a través del FFIE, garantice procesos transparentes que permitan conocer las cualidades y calificaciones reales de las capacidades demostradas por los contratistas, con el propósito de controlar el riesgo asociado a la producción de infraestructura educativa. La idea es que las obras inicien solo hasta el momento en que se tengan análisis de viabilidad detallados y confiables.

En desarrollo de este anuncio, se resaltaron los trámites jurídicos de incumplimiento a través de solicitud formal de los contratistas de interventoría ante los órganos de decisión del Patrimonio Autónomo del FFIE, que se adelantan en el país para que las obras se terminen de ejecutar.

Frente a esto, el alcalde de Medellín y Presidente de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales – Asocapitales, Federico Gutiérrez, sostuvo que es muy importante que el gobierno adelante los trámites jurídicos de incumplimiento y adopte las decisiones administrativas a que haya lugar, para así avanzar en soluciones para la coyuntura actual y, al mismo tiempo, mejorar la estructuración de los nuevos procesos contractuales que eviten la concentración de proyectos en pocos contratistas.

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Cabe anotar que la semana pasada, en desarrollo del evento “Ciudades del Aprendizaje: retos y oportunidades para Colombia", Gutiérrez alertó sobre el tema al señalar que el país apenas se está dando cuenta de esta problemática que afecta a casi todos los departamentos del país.

En Cali también se han dado voces de protesta de parte de Sindepaz, la Asociación Sindical de Educadores del Valle y la Unión Sindical Directivos de la Educación, que a través de un comunicado de prensa, anunciaron un paro municipal indefinido por la defensa de la educación pública para este 6 de marzo.

En la comunicación aseguran que el diagnóstico de la educación pública de Cali no es el mejor. “La comunidad educativa se quedará con 4 Instituciones Educativas Oficiales (IEO) totalmente demolidas y sin saber si serán construidas de nuevo, 20 proyectos aprobados en letra muerta y una inversión de más de $100.000 millones que los caleños pagarán del Programa Mi Comunidad es Escuela”, dice el comunicado.

En este sentido, hicieron un llamado a la comunidad educativa de Cali y a la Administración Municipal para que se encuentre una solución a esta problemática, porque, según dijeron, los más perjudicados en este momento son los estratos populares donde se encuentran estas escuelas.

“La Secretaria de Educación tendrá que responder por la estampida de los estudiantes que serán matriculados en los colegios de cobertura contratada”, señalaron las organizaciones sindicales.

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Auditorías

Dentro del plan anunciado por el MEN se realizará, a su vez, un trabajo conjunto con la Secretaría de Transparencia, con el fin de hacer un seguimiento a cada una de las obras, además de adelantar auditorías para responder a los gobiernos locales.

De acuerdo con la Ministra, se han aprobado 25 cesiones de obra y se estudian 46 adicionales para lograr la reactivación de las obras y se avanza en la modificación de los procesos, procedimientos y políticas del FFIE, entre los cuales se encuentra la calificación de contratistas sobre su desempeño y capacidad real, lo que permitirá que no se asignen obras a los contratistas que han demostrado un desempeño contractual deficiente.

Asimismo, se dio inicio formal a los primeros 128 procesos de incumplimiento a través de solicitud formal de los contratistas de interventoría ante los órganos de decisión del patrimonio Autónomo del FFIE.

Se hará una reestructuración de la forma en la que funciona el FFIE, sus pliegos y su forma de contratación para evitar estos procesos que perjudican directamente a los niños y jóvenes y a las Entidades Territoriales que entregaron sus recursos y hoy no pueden ver sus obras terminadas”, puntualizó Angulo.

El panorama

A nivel departamental, el FFIE realizó una evaluación a 424 de los 531 proyectos de infraestructura educativa que se adelantan en  28 departamentos del país. En el diagnóstico la entidad encontró que 369 proyectos presentan una situación de nivel de riesgo medio alto y alto en su ejecución. Los proyectos en esta situación equivalen a 8.453 aulas nuevas y mejoradas.

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Por su parte, en el ámbito local, se evidenció que de las 184 obras vigentes, 112 (61%) presentan un riesgo alto, 20 (11%) riesgo medio – alto, con un atraso de ejecución entre el 11% y 20% de lo programado, y 52 (28%) un riesgo medio o menor, es decir, con un atraso de ejecución menor al 10% de lo programado.

Lo anterior indica que 132 proyectos, que corresponden al 72% del total, presentan una situación de nivel de riesgo medio-alto y alto en su ejecución. Los proyectos en esta situación equivalen a 4.770 aulas nuevas y mejoradas.

EDICIÓN 1937

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