84.000 millones de pesos, lo que valdrían las irregularidades en alimentación escolar

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) está, de nuevo, en el centro de la controversia. No son pocas las investigaciones y capturas por irregularidades en el manejo de dineros públicos y por sobrecostos que algunos operadores imponían sin criterio a los alimentos suministrados a las escuelas públicas del país. Desde 2015, la Contraloría ha hecho públicas un sinnúmero de pruebas que dejan en evidencia la corrupción en un programa cuya finalidad es garantizar la nutrición en todo el territorio nacional y así lograr la mayor permanencia escolar de los estudiantes de estratos 1, 2 y 3.

Después de casos como las pechugas de 40.000 pesos por unidad, los huevos de 900 pesos y los panes de 400, Edgardo Maya Villazón, contralor saliente, termina su gestión con un informe de rendición de cuentas que revela cómo el presupuesto nacional de los diferentes sectores económicos y sociales ha sido robado por alcaldes, gobernadores y licitadores.

Le puede interesar: Se tiran la pelota por el cartel empresarial de la alimentación escolar en Bogotá

Una crisis real

Las 2.060 auditorías realizadas en cuatro años dejaron un total de 4.250 procesos de responsabilidad fiscal, por una cuantía de 21,68 billones de pesos. De ese total de procesos, 154 están en curso en 25 de las 31 Gerencias Departamentales Colegiadas de la Contraloría por corrupción en el PAE, y representan casi 84.000 millones de pesos. 5 gobernadores, 7 exgobernadores, 8 alcaldes y 45 ex alcaldes están siendo investigados en este momento. Simultáneamente, se adelantan 13 indagaciones preliminares por una cuantía de casi 3.000 millones de pesos.

Gobernadores y ex gobernadores investigados por la Contraloría:

*Rosa Cotes de Zúñiga, Gobernadora del Magdalena, relacionada en cuatro procesos por cuantía total de $1.744 millones.

*Camilo Ernesto Romero Galeano, Gobernador de Nariño, implicado en un proceso por $470 millones.

*Francisco Fernando Ovalle Angarita, Gobernador del Cesar, comprometido en un proceso por $2.451 millones.

*Jhoany Carlos Palacios Mosquera, Gobernador del Chocó, involucrado en un proceso por $644 millones.

*Sorrel Aroca Rodríguez, Gobernador del Putumayo, implicada en un proceso por más de $292 millones.

*José Facundo Castillo Cisneros, ex gobernador de Arauca. Se le siguen tres procesos por más de $6.367 millones, de los cuales en uno ya fue imputado por más de $1.186 millones.

*Luis Alberto Monsalvo, ex mandatario del Cesar. Se le imputaron cargos de responsabilidad fiscal por $630 millones).

*José María Ballesteros Valdivieso, La Guajira. Se le llevan dos procesos por más de $16.339 millones, ambos declarados de impacto nacional.

*Richard Alfonso Aguilar Villa, ex gobernador de Santander. Se le lleva un proceso por la suma de $3.923 millones.

*Jorge Carlos Barraza Farak, ex mandatario de Sucre. Tiene un proceso por $31 millones.

*Álvaro Pacheco Álvarez, ex gobernador de Caquetá.

*Carlos Arturo Rodríguez Celis, ex gobernador de Amazonas.

De los 32 departamentos, 25 cuentan con procesos de responsabilidad fiscal, siendo la Guajira el departamento con el mayor número de procesos: son 15 y ascienden a cerca de 21.000 millones. Le sigue el Cesar con 14, Boyacá y Bolívar, cada uno con 11 y Antioquia con 9. Según el informe de rendición de cuentas, “la región Caribe es donde más irregularidades y desviación de recursos del Estado se han encontrado. En lo que respecta a la operación y ejecución del Programa de Alimentación Escolar, le sigue la región Andina, Orinoquía, Pacífico y Amazonía”.

Además, entre los hechos que dieron origen a las investigaciones de tipo fiscal están: costos elevados de las raciones (respecto al contratado y pagado por el Ministerio de Educación Nacional), pago de las raciones alimentarias suministradas en fechas distintas a las del calendario escolar, irregularidades entre los soportes de pago de los gastos y de los valores cancelados al operador PAE, y pago de raciones alimentarias sin haber sido entregadas y sin soportes de planilla ni certificación de los rectores de cada institución.

Le recomendamos: Pliego de cargos a Jhon Calzones por irregularidades en alimentación escolar

¿Ahora qué?

Una vez hecha la apertura de los casos, el siguiente paso es que en los procesos en curso se tomen las medidas cautelares, es decir, se embarguen los bienes y las cuentas bancarias de los presuntos responsables para recuperar el dinero que le robaron a casi ocho millones de niños y niñas y que, posteriormente, se imputen los fallos. Pero esto no es suficiente. Según la Contraloría, es el ministerio de Educación el que debe ahora tomar cartas en el asunto. “Se espera que desde el Gobierno Nacional se adelante la implementación de una política pública, tendiente al mejoramiento de la misma, en busca de continuar beneficiando a los estudiantes de las Instituciones Educativas del país y previniendo que los recursos se queden en manos de unos pocos”, declaró el ente.

Hasta el momento, el Ministerio de Educación respondió que el organismo “rechaza todo acto de corrupción que atente contra el bienestar y la educación de los niños y jóvenes del país. Trabajaremos de la mano con los organismos competentes para que este tipo de situaciones no queden en la impunidad. El presidente Iván Duque y la ministra María Victoria Angulo están rediseñando y mejorando los lineamientos de focalización, contratación y operación del PAE. Lo anterior, permitirá que en las próximas semanas el Presidente dé a conocer el nuevo PAE, con estrategias para lograr una mejor inversión, control y transparencia en el uso de los recursos, así como la oportunidad y calidad en el servicio de alimentación escolar”.

Le sugerimos: Lafaurie, entre los 10 finalistas al cargo de contralor