El ABC de lo que piden los estudiantes al Gobierno Nacional

Los estudiantes están próximos a completar dos meses en paro nacional. Desde entonces llevan más de cinco marchas y diariamente realizan asambleas universitarias en las que analizan la crisis de las universidades públicas. Además, adelantan un debate en la mesa de diálogo con el Ministerio de Educación (y otros delegados estatales) sobre el futuro de las instituciones de educación superior.

La discusión con el gobierno ha sido intensa, constante y llena de exigencias, cálculos y propuestas. Más que una puja de un lado o del otro, concertar un espacio con el Ministerior ha sido un logro producto de la presión del amplio y diverso movimiento estudiantil desde donde ahora se puede construir una solución a corto, mediano y largo plazo.

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Sin embargo, no ha sido fácil: en primer lugar porque el movimiento estudiantil está constituido por tres plataformas universitarias distintas (Acrees, Unees y Fenares) y cada una expone peticiones propias, algo que ensancha la mirada sobre cuáles son los problemas y las vías para resolverlos. Producto de este reciente pero largo paro nacional, las tres asociaciones construyeron un “pliego común” que reúne las exigencias que comparten y sobre las que trabajan en la mesa con el gobierno. En segundo lugar porque, según expresaron los voceros el pasado 26 de noviembre, los asuntos motivo de la conversación con el gobierno “han sido abordados de una manera muy lenta y poco eficaz”. Frente a las propuestas de los estudiantes para la consecución del dinero para la educación superior pública, las actas de cada reunión demuestran avances en algunos puntos. Sin embargo, los estudiantes aseguraron que sobre sus planteamientos los delegados argumentaron “inviabilidad técnica y se ha centrado en la misma oferta que hizo los rectores en el acuerdo del 21 de octubre”.

A la fecha, ¿qué piden los jóvenes universitarios? El “frente amplio por la educación superior pública” -como se autodenominaron los voceros de las tres plataformas el 29 de octubre- exigen dialogar sobre 10 puntos en los que están de acuerdo, concertados en las reuniones internas de los últimos días. Por su esencia, se pueden diferenciar en tres grupos:

Las que son de fondo financiero:

1. Los voceros estudiantiles le demandan al gobierno una adición de 500.000 millones de pesos para que las universidades puedan cerrar el 2018 sin apuros financieros.
2. Piden una adición de 3,2 billones de pesos a la base presupuestal para 2019, “para cubrir el déficit acumulado en funcionamiento y para ampliar la planta docente”. Sumar este valor a la base presupuestal tendría un efecto mantenido en el tiempo, es decir, sobre ese aumento se seguirían haciendo las transferencias a las universidades públicas. Para los estudiantes este sigue siendo el tema más crítico en el debate. Lograr dicho monto es complejo por la respuesta del gobierno: ya sea porque por ley los recursos están comprometidos en otros rubros o porque el pais no cuenta con más presupuesto, la respuesta sobre este punto ha sido negativa. Además, aumentar 3,2 billones de pesos a la base presupuestal significaría casi que doblar el monto con el que actualmente cuenta la educación superior pública asignado desde el Presupuesto General de la Nación, que es 3,9 billones de pesos. 
3. Algo en lo que los tres pliegos concuerdan y que está plasmado en las exigencias en común es acordar un plan de pago a largo plazo para cubrir el déficit histórico de 15 billones de pesos en inversión. Esta cifra sale de los cálculos que publicó el Sistema Universitario Estatal (SUE), y que computó que las transferencias que le hace el Estado a las universidades han estado congeladas en términos reales desde 1993.”Hace 26 años teníamos 150.000 estudiantes, pero hoy tenemos alrededor de 700.000. En esa época teníamos 1 millón de metros cuadrados construidos y hoy tenemos por encima de 5 millones de metros cuadrados construidos y no podemos sostenerlos. No tenemos rampas para personas en condición de discapacidad y estamos en rezago tecnológico”, explicó Jairo Miguel Torres, presidente del SUE.

Las que tienen corte normativo:

1. Exigen, también, la entrega de 1,5 billones de pesos para las instituciones técnicas y tecnológicas universitarias (ITTU). Ese valor sale de los cálculos realizados por los propios estudiantes y por la Red de Instituciones Técnicas Profesionales, Tecnológicas y Universitarias Públicas (RedTTU). Hacer este aumento también tendría un efecto en el tiempo porque es a partir de él que se fijaría la entrega de recursos y los siguientes aumentos a estas entidades. Sin embargo, para lograr este punto los estudiantes necesitarían realizar reformas en la ley 30.
2. “Los componentes de educación superior del Plan Nacional de Desarrollo participativa y vinculante con el sector educativo, para garantizar el derecho a la educación”. Es en este punto en el que el gobierno propone apalancar sus propuestas que actualmente están sobre la mesa y que hablan de soluciones financieras a largo plazo.

Las de esencia filosófica:

1. El movimiento estudiantil reivindica la protesta social. Por eso requiere el cumplimiento de ese derecho: “pedimos garantías de movilización y organización”.
2. “Rechazo a proyectos que están encaminados al financiamiento a la demanda (como Ser Pilo Paga y Generación E)”. Este es otro de los grandes puntos críticos de la negociación porque pide un cambio en la concepción del sistema educativo colombiano y eso, más que cualquier otra cosa, es una discusión de corte filosófico: ¿cúal es el modelo de desarrollo que instaura el país? Este punto habla entonces de la política de gobierno del presidente Iván Duque que dará línea a los programas y proyectos educativos. Por lo tanto, lo más probable es que se deba discutir en el Plan de Desarrollo y, en todo caso, es un punto en el que tiene gran incidencia la voluntad política del Ministerio de Educación.
3. Los representantes universitarios piden que se discuta la forma en la que se concibe el Sena dentro del sistema de educación superior. Este punto se incluyó por petición de los aprendices del Sistema Nacional de Aprendizaje, quienes en repetidas ocasiones han solicitado que se les respete su “naturaleza”: el gobierno anterior intentó que instituciones técnicas y tecnológicas tuvieran certificaciones como las universitarias, las cuales dependen en gran medida del número de investigaciones y docentes con doctorado. Pero estas, al ser entidades para la formación del trabajo, no pueden responder con ese tipo de criterios. Piden, entonces que se les mire bajo pautas particulares.

Frente a estas propuestas, el gobierno también ha respondido. Respecto a las exigencias financieras, el Ministerio de Educación y el de Hacienda pusieron sobre la mesa más dinero. Al acuerdo actual que existe entre el presidente Iván Duque y los rectores, los delegados del gobierno plantearon un 1% adicional para funcionamiento. Ese porcentaje representa un aumento de 37,000 millones, que se repartirán la mitad en 2019 y la otra parte en 2022. Así mismo, el gobierno dijo en repetidas ocasiones que los excedentes de las cooperativas será un recaudo destinado a la financiación de las universidades públicas. Ese punto ya se había pactado con los rectores y, de hecho, ya hace parte de una ley. Para 2018 se debían entregar 49,000 millones recaudados en 2017, pero como no se entregó, prometieron entregarlo en 2019.

Sobre el resto de las propuestas, el gobierno propone acciones a largo plazo. Por el momento, entre sus soluciones, reitera crear una comisión de trabajo con expertos y miembros de la comunidad educativa para habilitar los recursos y las utilidades que deja el Icetex. E invitan a los voceros a participar del Plan Nacional de Desarrollo para asignar recursos a las ITTU y reformar dos artículos de la ley 30 de educación superior que hablan de las fuentes y usos de los recursos para las educación superior. Además, propone crear una Mesa Técnica permanente entre el movimiento y el gobierno para la construcción de una política de Estado de este sector de la educación.

No se pueden negar que la mesa de diálogo está generando frutos en torno al tema. Sin embargo, para las necesidades de los estudiantes siguen siendo insuficientes en todo sentido: en el corto plazo no hay una respuesta inmediata sobre los recursos faltantes para 2018. Y, a mediano y largo plazo no se resuelve el problema estructural que aqueja al movimiento: la financiación a la demanda y no a la oferta. Para los representantes estudiantiles Generación E es continuar con esa filosofía de desarrollo, en vez de buscar una salida en la que toda la población acceda a educación superior pública y, muy importante, de calidad.

A este panorama se le suma la presión que las centrales obreras, las centrales obreras, los agricultores, los camioneros y Fecode también están ejerciendo en el gobierno. Por ello, el debate seguirá abierto y será, seguramente, uno de los temas que se llevará la atención de los colombianos. Más allá de la coyuntura por los recursos, están los otros varios temas que tocan los estudiantes desde sus exigencias propias, según la plataforma estudiantil. Por lo mismo, lo más seguro es que la agenda del amplio movimiento estudiantil no pare aquí.