Elizabeth Parra Martínez es ingeniera civil, empresaria y exdirectora de la Lonja de Propiedad Raíz, Avaluadores y Constructores de Colombia. Tras más de 15 años de experiencia en el sector privado, decidió dar el salto a la política con una bandera concreta: que la propiedad horizontal —donde vive cerca del 70 por ciento de los bogotanos— tenga representación directa en el Congreso.
Como coautora del Proyecto de Ley 067 de 2025, que crea el Estatuto del Administrador, sostiene que estos espacios funcionan como estructuras urbanas que hoy carecen de regulación integral, control efectivo y voz legislativa. Con el lema ‘Por el respeto a la vida en comunidad, reglas claras y justas para todos’, busca convertir esa experiencia técnica en una propuesta política de alcance nacional.
¿Por qué quiere llegar al Congreso?
Elizabeth Parra Martínez (E.P.M.): He trabajado toda mi vida en el sector inmobiliario y de la construcción. Además, dirigí uno de los gremios más importantes de propiedad horizontal del país. Desde allí entendí los vacíos normativos que enfrenta la Ley 675 de 2001 que es la que regula esta forma especial de organización urbana. Entendí lo difícil que es ser escuchado en el Congreso y por esto quiero que la propiedad horizontal tenga representación política permanente.
¿Por qué es importante que la propiedad horizontal tenga representación en el Legislativo?
E.P.M.: La propiedad horizontal es el modelo donde viven trabajan y producen 7 de cada 10 bogotanos, y aunque está regulada, la ciudad creció y tiene unas dinámicas urbanas muy distintas a las actuales lo que hace que la norma necesite actualización y reglamentación. Muchas decisiones nacionales impactan estos entornos sin que exista comprensión real de su funcionamiento. Por eso, mi propuesta es articular y modernizar el marco legal para proteger la vida en comunidad. Los asuntos de propiedad horizontal hoy están adscritos al Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal IDPAC como si fuera solo un tema de participación. No lo es. Es un sistema de gobernanza que requiere tratamiento integral y representación social y política. Aspiro al Congreso porque conozco el sector desde la base, he recorrido las 20 localidades de Bogotá y no estoy improvisando. La propiedad horizontal no puede seguir siendo un botín político en época electoral: necesita voz permanente y técnica en el Legislativo.
¿Por qué decidió convertir un tema técnico en su bandera política?
E.P.M.: Porque no es un asunto técnico aislado, es calidad de vida y organización social. Las copropiedades son microgobiernos donde hay asambleas que votan, consejos elegidos por mayoría y decisiones que inciden en la convivencia, el patrimonio y la seguridad. Pero para diseñar política pública se necesitan cifras y hoy prácticamente no existen. No sabemos con exactitud cuántas copropiedades hay, cuántos administradores ejercen ni cuál es la composición social de estas comunidades. Sin datos no hay política pública. Por eso este tema debe llegar al Congreso: lo privado incide en lo público y requiere articulación legislativa.
Usted es coautora del Proyecto de Ley 067 de 2025, ¿qué es lo que propone?
E.P.M.: Se resume en dos palabras: dignidad y confianza. El proyecto crea el Estatuto del Administrador de Propiedad Horizontal. Ser administrador es una actividad de riesgo social porque se manejan presupuestos importantes, datos sensibles, infraestructura crítica y decisiones que pueden afectar incluso la integridad física de las personas si no se hace un mantenimiento adecuado. Sin embargo, hoy cualquiera puede ejercer esa labor porque no existen estándares profesionales mínimos. La iniciativa establece competencias básicas y especializadas —según el tipo de copropiedad—, crea un registro nacional de administradores y copropiedades, y plantea una entidad que ejerza inspección, vigilancia y control, con facultades disciplinarias y sancionatorias. He conocido casos en las diferentes localidades, como por ejemplo, en Kennedy donde un administrador recaudó 500 millones de pesos para mantenimiento y desapareció. Eso ocurre porque no hay un doliente institucional. Sin control ni regulación, las comunidades quedan desprotegidas.
¿Cómo impactan las decisiones nacionales a quienes viven en propiedad horizontal?
E.P.M.: Prácticamente todas las decisiones nacionales impactan a la propiedad horizontal. El aumento del salario mínimo incide directamente en las cuotas. Las leyes sobre ruido, mascotas o habeas data generan nuevas obligaciones administrativas y costos. Incluso hubo un decreto —que finalmente no prosperó— que contemplaba multas de hasta 700 millones de pesos para copropiedades que permitieran que vehículos de plataformas se estacionaran al frente, lo que convertía al administrador o al portero en autoridad de tránsito. A esto se suma la falta de coordinación entre entidades, que termina generando conflictos sociales que nadie asume. La propiedad horizontal es, como lo he dicho, una industria sin chimeneas que mueve una parte importante de la economía urbana. Y no distingue estratos ni ideologías: las decisiones afectan por igual al de estrato uno y al de estrato seis.
¿Qué enseñanzas le ha dejado el trabajo en contextos difíciles como los reasentamientos indígenas?
E.P.M.: Que no se puede legislar desde el escritorio. Muchas iniciativas han fracasado porque se redactan sin escuchar a quienes viven y trabajan en estos entornos. El Proyecto 067 nació precisamente del diálogo con administradores, residentes y comunidades. La propiedad horizontal no es un simple esquema de participación ciudadana, es una institución urbana que incide en la seguridad y la convivencia. Conocer y trabajar los reasentamientos en propiedad horizontal de comunidades indígenas y campesinas me permitió entender que, desde sus mismas tradiciones, ellos vienen produciendo en áreas que generalmente son comunes, de propiedad de todos, muchas veces sin linderos y aún más, sin títulos. Pero entre todos son solidarios, aportan con su propio esfuerzo para el mantenimiento, conservación y seguridad de dichas áreas. La dificultad no era ajustar la realidad de sus culturas y tradiciones a esta nueva legalidad para ellos, sino al contrario, ajustar la aplicación de la Ley 675 a su realidad.Fue un reto concertar estatutos y reglamentos internos a partir del reconocimiento de las tradiciones de estas comunidades.
Este sector es complejo. ¿Qué desafíos ha identificado durante la campaña?
E.P.M.: Tres desafíos claros: desconocimiento, desgaste y desconfianza. No se dimensiona la fuerza social, económica y urbana de la propiedad horizontal. Y al mismo tiempo es un sector que ha sido muy “manoseado” políticamente, lo que genera desconfianza. Algunos dicen que no se debe “meter política” en este sector, pero si hay un escenario político, esa es la propiedad horizontal, y aún no tiene voz en el Congreso. El problema no es que sea político, sino que se use con fines politiqueros. Mi mayor preocupación es que siga sin representación y que proyectos como del que soy coautora se archiven por falta de respaldo. Eso significaría que millones de personas continúen siendo afectadas por decisiones adoptadas sin conocimiento técnico ni comprensión social de su realidad.
Usted propone cambios estructurales. ¿A qué normas se refiere?
E.P.M.: Una de mis propuestas es impulsar un alivio en el impuesto predial para quienes viven en propiedad horizontal. La reflexión es sencilla: donde antes había un solo predio que pagaba un solo impuesto, hoy, después de convertirse en propiedad horizontal, pueden existir 20, 40 o hasta 100 unidades que pagan predial individualmente. Mi propuesta es que el cálculo del predial tenga en cuenta una variable especial cuando se trate de propiedad horizontal. Esto permitiría aplicar un descuento porcentual, especialmente en estratos más bajos, para aliviar la carga sobre los propietarios. Necesitamos un sistema más justo que reconozca esa realidad y haga sostenible la vida en comunidad.
Otra propuesta es reglamentar la ley del avaluador. El avalúo es fundamental para la propiedad horizontal. De él depende, por ejemplo, el valor de reconstrucción que exigen las aseguradoras para renovar las pólizas que protegen los bienes comunes. Sin avalúos técnicos serios, las copropiedades quedan desprotegidas. Sin embargo, hoy los avaluadores deben pagar anualmente una cuota para poder ejercer su profesión. Mi propuesta es clara: eliminar definitivamente el cobro periódico para renovar el registro y permitir que las entidades regulatorias sean autosostenibles a través de otras actividades complementarias. Cuando protegemos al profesional independiente generamos competencia y cuando hay competencia y reglas claras se protege el patrimonio de las familias. Por el respeto a la propiedad horizontal, el próximo 8 de marzo vota el 112 por el movimiento Ciudadanos renovemos.
*Contenido elaborado con apoyo de Elizabeth Parra - Publicidad política pagada