Durante los últimos años, el concepto de riesgo reputacional se ha convertido en uno de los factores más determinantes pero menos visibles en la relación entre empresarios y el sistema financiero. En un entorno hiperconectado, en el que una mención en internet puede adquirir vida propia, la reputación digital opera como un “sustituto informal” del análisis jurídico riguroso.
No se trata de desconocer la importancia de los sistemas de prevención del lavado de activos ni de minimizar los riesgos reales que enfrenta el sector financiero, pues son mecanismos necesarios y cumplen una función esencial. “El problema surge cuando la reputación mediática o digital empieza a pesar más que los hechos verificables, las decisiones judiciales o la inexistencia de procesos formales”, explicó Édgar Julio Erazo Córdoba, empresario especializado en minería subterránea de oro.
Hoy cualquier empresario está expuesto a que terceros publiquen información o señalamientos que, aun sin respaldo judicial, pueden permanecer en línea durante años. “El riesgo ya no proviene de una conducta ilícita, sino de la persistencia de contenidos que no siempre reflejan la realidad jurídica actual”, señaló.
Este fenómeno genera varias inquietudes: ¿cómo se defiende alguien frente a una publicación cuando no existe investigación, imputación ni decisión judicial? ¿Qué herramientas reales tiene un empresario para contrarrestar una narrativa digital que se reproduce sin contexto?
“El impacto de este tipo de decisiones no se limita a una persona o a una razón social. Detrás de cada empresa hay trabajadores, familias, proveedores y comunidades enteras que dependen del funcionamiento normal del sistema financiero para el pago de nóminas, el cumplimiento de obligaciones laborales y la continuidad del empleo”, advirtió. Por eso, cuando el sistema financiero adopta decisiones de cierre de portafolio y servicios sin un análisis suficiente de proporcionalidad, “las consecuencias trascienden lo individual y se vuelven estructurales”.
El impacto económico y fiscal sobre los territorios donde operan las empresas formales es otro de los efectos. Regiones como el nordeste antioqueño y municipios como Segovia y Remedios dependen en gran medida de la actividad productiva legal para la generación de empleo, el pago de impuestos y la transferencia de regalías. “La paradoja es evidente: decisiones adoptadas con el propósito de mitigar riesgos pueden, en la práctica, incentivar la informalidad y afectar la sostenibilidad fiscal y social de regiones enteras”, precisó.
El debido proceso, la proporcionalidad y la razonabilidad siguen siendo “principios rectores”, incluso en contextos de gestión de riesgo. “Los empresarios del sector minero también estamos obligados a implementar sistemas de cumplimiento, como el Sagrilaft, lo que refuerza la necesidad de decisiones equilibradas y basadas en hechos verificables”, afirmó.
Finalmente, Erazo resaltó que como empresarios no piden privilegios. “Pedimos reglas claras, análisis completos y decisiones basadas en hechos verificables. La confianza en el sistema se construye cuando la reputación no reemplaza al derecho y cuando la transparencia opera en doble vía”, concluyó.
