Recuerdo haber visto, hace algunos años, estantes donde los libros dirigidos a mujeres se concentraban casi exclusivamente en motivación personal y narrativas de superación individual. No digo que no tuvieran valor, pero sí me parecían incompletos como panorama.
Algo cambió. Y ese cambio lo vi primero en las mujeres que en las instituciones.
Las mujeres que hoy reconozco en muchos espacios —abogadas, ingenieras, empresarias, y también aquellas con las que comparto en las sala de juntas, en actividades o en grupos de WhatsApp— ya no leen para sentirse bien consigo mismas. Leen para entender cómo funciona el poder, el liderazgo, la economía, la sostenibilidad, la transición energética y la gobernanza. Lo hacen para descifrar los sesgos que las excluyen de las mesas de decisión. Se informan sobre inteligencia artificial porque saben que quien no entiende las reglas del juego termina fuera de él.
Una madre que escucha podcasts sobre finanzas personales mientras alista a sus hijos para el colegio, está ampliando herramientas para tomar decisiones sobre su economía familiar. Una líder comunitaria estudia las normas que le permiten defender derechos y gestionar recursos para su territorio. Una joven con una microempresa de economía popular busca en su celular información sobre créditos para mujeres rurales. Sus contextos son distintos, pero comparten una misma intención: acceder al conocimiento que les permita ganar autonomía, influir en las decisiones que afectan sus vidas y ampliar sus posibilidades de participación.
En Colombia, este giro tiene una dimensión adicional que pocas veces se nombra: las mujeres leen para abrirse más espacios institucionalmente. Para no ser interrumpidas en las reuniones y poder responder con datos. Para no depender de que alguien más les explique un contrato, un presupuesto o una norma. Para construir la autoridad que el entorno no les concede, muchas veces, de manera voluntaria.
Lo vi con claridad durante mi paso por el Senado de la República en una UTL (Unidad de Trabajo Legislativo). Los documentos técnicos circulaban entre quienes ya tenían acceso. Las mujeres que lograban incidir no eran necesariamente las más elocuentes: eran las más preparadas. Las que habían hecho la tarea. Las que llegaban con el expediente leído, con la jurisprudencia citada, con el argumento protegido.
Estas mujeres hicieron la parte que el sistema exigía; se formaron, se actualizaron y llegaron preparadas. Sin embargo, el sistema no cumplió su parte del trato. Hoy encontramos mujeres altamente preparadas en sectores estratégicos que aún enfrentan barreras para acceder a juntas directivas, posiciones de liderazgo político, espacio de toma de decisiones o industrias tradicionalmente masculinizadas. En los sindicatos (organismos cuya misionalidad es precisamente defender derechos laborales y humanos) las mujeres encuentran barreras que esas instituciones dicen combatir.
El problema, entonces, no es de capacidades. Es de estructuras que no han evolucionado al mismo ritmo que las mujeres que buscan transformarlas. Estructuras que consultan a las mujeres cuando sus decisiones ya están tomadas. Que les piden demostrar una y otra vez lo que ya saben. Que confunden paridad de escaños con paridad real.
Como abogada, sé que el derecho no cambia por decreto. Sino cuando quienes lo aplican y lo crean cambian. Y como mujer que ha transitado entre la industria, la institución y el territorio, sé que el cambio más profundo no viene de arriba sino de las mujeres que decidieron entender el sistema antes de transformarlo.
Colombia necesita instituciones que honren esa decisión. Que reconozcan que el acceso al conocimiento no es un mérito personal, es un derecho colectivo que el Estado tiene por obligación garantizar con equidad.
Las mujeres están ampliando constantemente sus bibliotecas. Ahora el país debe cambiar sus estructuras.
Jehymmys Sánchez Cala es abogada, especialista en pensiones y riesgos laborales, directora del área laboral y seguridad social – Correa de la Hoz y Co-founder MTM (Mujeres Transformando Mujeres)