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Arrestan al expresidente de Bolivia, Luis Arce: esto se conoce al respecto
El antiguo mandatario viene de salir del cargo luego de años de peleas contra Evo Morales, de quien fue aliado y ministro.
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El expresidente de Bolivia, Luis Arce, fue detenido este miércoles, según denunció la que fue su ministra de la Presidencia, María Nela Prada, supuestamente en el marco de una investigación por presunto desvío de capitales del Fondo Indígena en el periodo en el que fue ministro de Economía.
“Quiero denunciar ante el pueblo boliviano y ante la comunidad internacional que hace un momento acaban de secuestrar al expresidente Luis Alberto Arce (...) por Sopocachi, barrio de la ciudad de la Paz”, declaró a través de un vídeo publicado en su perfil de la red social Facebook.
Prada explicó que se está dirigiendo a la sede de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), unidad especializada de la Policía boliviana, donde supuestamente fue trasladado el exjefe de Estado del país latinoamericano.
“En este momento estoy dirigiéndome hacia ese lugar, para ver si es que lo tienen ahí secuestrado de manera totalmente ilegal”, expresó, insistiendo en que se trata de “un secuestro de manera totalmente ilegal” que ha tenido lugar cuando “se encontraba solo”.
Las pesquisas apuntan a que, durante su gestión como ministro de Economía, Luis Arce habría autorizado transferencias de recursos públicos a cuentas privadas, entre ellas la de la exdiputada Lidia Patty, hoy recluida en el penal de Obrajes.
Estas sospechas se inscriben en el llamado caso Fondo Indígena, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción de la Bolivia contemporánea.
El Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc) administraba el 5% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos con el propósito de impulsar proyectos productivos en áreas rurales. Entre 2006 y 2014 manejó más de 3.197 millones de bolivianos, unos 460 millones de dólares, bajo un directorio compuesto por varios ministerios, incluido el de Economía entonces dirigido por Arce, y por organizaciones sociales afines al MAS. Aunque su estructura buscaba garantizar representación indígena y campesina, terminó conformando un sistema con controles débiles y una amplia discrecionalidad en el reparto de fondos.
Las alertas comenzaron a sonar en 2015, cuando la Contraloría detectó 153 proyectos inconclusos o inexistentes, con un daño económico inicial de 71 millones de bolivianos (alrededor de 10 millones de dólares). Auditorías posteriores ampliaron el número de obras observadas a más de 1.000 proyectos y elevaron el perjuicio total a más de 182 millones de dólares.
Los investigadores aseguraron la existencia de un patrón de transferencias sin sustento técnico, pagos a cuentas personales y fraccionamientos irregulares, así como aprobaciones sin documentación mínima ni verificación de avance, lo que terminó por desmoronar la credibilidad del Fondo y evidenciar fallas profundas en la administración de recursos públicos.
*Con información de Europa Press.
