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| 6/14/2018 8:59:00 AM

México: La muerte ronda las elecciones

El asesinato de Rosely Magaña completa 113 políticos eliminados en medio de la campaña que teminará el próximo 1 de julio con las elecciones presidenciales. Más de 100 aspirantes han recibido amenazas y en varias regiones la justicia empieza a llegar por cuenta de los propios ciudadanos. Una democracia en cuidados intensivos.

Asesinatos y violencia alrededor de elecciones en México Las cifras de la violencia política en México aumentan Foto: AFP

A tres semanas de las elecciones que escogerán al sucesor de Enrique Peña Nieto en la presidencia de México, la violencia no cesa. Los atentados contra los aspirantes a los más de 3.400 cargos locales, entre ellos el de 9 gobernadores y 500 congresistas, volvieron al centro del debate cuando se supo que el martes había fallecido Rosely Magaña, candidata a regidora del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI). Hombres armados la habían atacado a balazos durante un acto electoral el fin de semana.

Según un comunicado oficial, Magaña, candidata local de Isla Mujeres, municipio de Quintana Roo, permaneció dos días en el hospital desde el sábado. Ese mismo día habían asesinado a tiros a Fernando Purón Johnston, candidato del mismo partido a diputado federal por el Distrito 1 del estado norteño de Coahuila, después de salir de un debate electoral en la ciudad de Piedras Negras.

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De acuerdo con el indicador de violencia política México 2018, de la consultora privada Etellekt, con las muertes de Purón y Magaña el número de asesinatos en el proceso electoral llegó a 113. Entre ellos, los delincuentes tienen en la mira sobre todo a alcaldes, exalcaldes, regidores, militantes, dirigentes y diputados.

Para empeorar el panorama de las cifras, más de 400 agresiones han sido notificadas desde que el proceso electoral comenzó en septiembre de 2017. Entre los estados con mayor incidencia en esa violencia política están Guerrero con 23 casos; Oaxaca con 19; Puebla con 13 y Veracruz con 8.

Mientras las cifras de la violencia política aumentaban, el tercer y último debate de los aspirantes a la presidencia estuvo marcado por un tono diplomático, lejos de la agresividad que mostraron en los primeros encuentros. La discusión, celebrada en el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida (Yucatán), tuvo una agenda con diversos temas: cambio climático, salud, desigualdad, pobreza, ciencia y tecnología. Con las noticias que llegaban desde Coahuila y Quintana Roo, los votantes mexicanos extrañaron que no hubieran puesto en el centro del debate el tema de la seguridad.

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Más aún cuando en cinco años de presidencia, Peña Nieto demostró su incapacidad para garantizar estabilidad en ese rubro. La cosa llegó a tal punto que la gente de varias ciudades y pueblos se vio obligada a tomar acciones por su cuenta. Habirantes de Monterrey, una de las ciudades más prósperas de México, y de Tancítaro, conocida como la capital mundial del aguacate, tomaron el control de sus localidades sin esperar el visto bueno de la Policía ni a los políticos de turno.

En Tancítaro, los propietarios de huertos, que enfrentan crecientes amenazas de extorsión, financiaron una revuelta que expulsó tanto al cartel de la región como a la Policía estatal cómplice. Las milicias locales ahora protegen los huertos y han devuelto una calma que por ahora no aleja del todo las tensiones. Ejemplos como este concuerdan con la visión de los analistas que indican que la crisis de México se manifiesta como violencia, pero está enraizada en la corrupción y la debilidad del Estado. El gobierno central no se esfuerza por llegar a esas regiones dado que no quieren llamar la atención sobre su mensaje: que separarse de las prácticas estatales aporta seguridad.

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Andrés Manuel López Obrador, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) aparece con una amplia ventaja en el primer lugar de la intención de voto con la misma retórica izquierdista que lo ha acompañado en varias campañas fallidas.  Ricardo Anaya, segundo en las encuestas, candidato del Frente Ciudadano, busca la coalición de partidos como el conservador Partido Acción Nacional (PAN) y el socialdemócrata Partido de la Revolución Democrática (PRD). Los simpatizantes del oficialista José Antonio Meade, tercero en la intención de voto, rescatan su experiencia en asuntos de gobierno por su papel como ministro de Hacienda, Desarrollo Social y Relaciones Exteriores del gobierno federal.

Ellos, los tres candidatos más opcionados, saben que la emigración y la incertidumbre económica que genera Donald Trump desde Estados Unidos, entre otras variables, formarán parte de la agenda una vez asuma el cargo como inquilino del Palacio Nacional. Y que el narcotráfico hace rato pasó de ser un asunto delictivo para convertirse en una amenaza existencial para el propio Estado mexicano.

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Sin embargo, entre tanta incertidumbre e inseguridad, ninguno de los tres parece preocuparse por la creciente violencia desatada por unos carteles que saben que su supervivencia pasa por mantener a la población amedrentada a punta de asesinatos cada vez más escabrosos. Un problema al que tendrán que enfrentar y vencer una vez haya humo blanco sobre territorio mexicano. No hacerlo podría convertir al vencedor, no en el siguiente presidente de México, sino en el último.

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