La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes, 17 de marzo, con una votación de 59 contra uno, una reforma constitucional que establece la cadena perpetua para “homicidas, violadores y terroristas”, impulsada por el presidente Nayib Bukele como parte de su política de seguridad. La enmienda, presentada horas antes por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, fue aprobada por el Congreso dominado por el partido oficialista.
“Nuestra guerra sin cuartel contra los terroristas no se detiene. Es por eso que estamos solicitando la cadena perpetua para este tipo de criminales”, dijo Villatoro al presentar la iniciativa ante los legisladores, en la que también mencionó a “homicidas y violadores”.
La reforma eleva la pena máxima en El Salvador, que hasta hoy era de 60 años de prisión, y llega días antes de que se cumplan cuatro años del régimen de excepción que ha dejado 91.500 detenidos sin orden judicial, acusados de pertenecer a pandillas o ser cómplices de estas.
Ese estado de excepción es la piedra angular de la política de seguridad de Bukele, que redujo los homicidios a mínimos históricos, pero que organizaciones de derechos humanos señalan por graves violaciones.
La iniciativa se presentó pocos días después de que varias oenegés acusaran al presidente Nayib Bukele de cometer “crímenes de lesa humanidad” en su política de seguridad, un modelo que varios países de América Latina buscan replicar. Villatoro respondió a esas críticas desde la propia sala del Congreso.
“Son unos demonios que representan la maldad y la pobreza y la inseguridad”, dijo sobre las organizaciones de derechos humanos, a las que también calificó de “organizaciones globalistas criminales que defienden criminales”.
Bukele, por su parte, había anticipado el tono del debate en su cuenta de X. “Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión”, escribió el martes antes de la votación, en la que también calificó a las organizaciones de derechos humanos de “bufetes legales internacionales del crimen”.
La aprobación llega en un momento de presión internacional sobre el gobierno salvadoreño. Human Rights Watch (HRW) denunció el lunes que al menos 11 migrantes salvadoreños deportados por Estados Unidos hace un año, junto con 252 venezolanos acusados sin pruebas de pertenecer a bandas criminales, se encuentran en situación de “desaparición forzada” bajo custodia del gobierno de Bukele.
Amnistía Internacional, HRW y otras organizaciones nacionales e internacionales documentan detenciones arbitrarias, encarcelamiento de inocentes y torturas bajo el régimen de excepción, así como su uso para silenciar a defensores de derechos humanos. El Gobierno salvadoreño rechaza sistemáticamente esas acusaciones. “Se nos ha cuestionado el uso legítimo de herramientas para llevarles paz a los salvadoreños”, dijo Villatoro al justificar la reforma.
El modelo de Bukele desmanteló el control territorial que ejercían la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 sobre barrios y ciudades del país, donde ambas pandillas asesinaban y extorsionaban con relativa impunidad durante décadas.
*Con información de AFP.