La ONG Foro Penal informó en las últimas horas que se han contabilizado un total de 690 liberaciones de presos políticos en Venezuela, desde el anuncio de las autoridades de excarcelaciones en este sentido, el 8 de enero de 2026.

“Hemos verificado 690 presos políticos excarcelados en Venezuela desde el 8 enero 2026”, publicó el presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, en redes sociales.
#13Mar 6:30pm Hemos verificado 690 presos políticos excarcelados en Venezuela desde el 8 enero 2026
— Alfredo Romero (@alfredoromero) March 13, 2026
Por su parte, el director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, denunció que en la última semana se han producido varias decisiones judiciales negando la amnistía a personas que, “indiscutiblemente”, deberían beneficiarse de la misma.
“Esos jueces están desconociendo la ley, y además la orden (que es una orden, no una ‘sugerencia’) que les dio la AN el 19/2/2026”, resaltó.
#13Mar Está semana hemos visto varias decisiones judiciales negando la #amnistía a personas que, indiscutiblemente, son beneficiarios de la misma.
— Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) March 13, 2026
Esos jueces están desconociendo la ley, y además la orden (que es una orden, no una “sugerencia”) que les dio la AN el 19/2/2026.
Las autoridades venezolanas estiman en más de 7.365 las personas que han obtenido la “libertad plena” gracias a la ley de amnistía, aprobada el pasado 20 de febrero y que abre la puerta a excarcelar a quienes hayan cometido delitos desde 1999.
La ley abre la puerta a excarcelar a quienes hayan cometido delitos desde 1999 y por la que ya se han recibido 1.557 solicitudes de amnistía, según el Gobierno de Venezuela, si bien se aplica en base a trece eventos recogidos en el artículo 8 del texto, entre ellos el golpe de Estado de abril de 2002 contra el expresidente Hugo Chávez, el paro petrolero entre 2002 y 2003, el referéndum revocatorio contra Chávez en 2004, y distintas protestas antigubernamentales en 2007, 2013, 2017 y 2024.

La iniciativa abarca a todas las personas detenidas por hechos de carácter político entre 1999 y 2026. Es decir, beneficia a los opositores, sindicalistas, periodistas, estudiantes y activistas de derechos humanos que fueron detenidos por motivaciones políticas.
Aquellos hechos de carácter político se refieren a acciones que el régimen consideró como una amenaza a su estabilidad, en especial luego de la victoria de González Urrutia, como: instigación al odio, aplicados a personas que criticaron el Gobierno en redes sociales, medios de comunicación o en manifestaciones; traición a la patria, que se le atribuyó a políticos, militares o activistas acusados de planear el derrocamiento del régimen; terrorismo y rebelión, para quienes participaron en protestas; asociación para delinquir; y obstrucción a la vía pública.
