Venezuela aprobó este jueves, 19 de febrero, la ley de amnistía para los presos políticos que fueron capturados por el régimen luego de que Nicolás Maduro impuso su victoria en las elecciones de 2024, donde en las urnas ganó legítimamente Edmundo González Urrutia como presidente del país.
La iniciativa fue propuesta por la presidenta interina Delcy Rodríguez y aprobada en segunda discusión, tras al menos dos horas de sesión por parte de la Asamblea Nacional.
El debate sobre la ley estuvo marcado por desacuerdos durante la última semana. Días atrás, la discusión sobre esta fue suspendida, ya que no se llegó a un acuerdo sobre la modificación de un artículo que podría impedir que los opositores en exilio, como la líder María Corina Machado, se acogieran a la ley.
La organización Foro Penal establece que aún hay unos 600 presos políticos, pese a que el actual Gobierno ha llevado a cabo varias liberaciones tras la captura de Maduro a inicios de enero.
No obstante, familiares de los detenidos y organismos de derechos humanos denunciaron que las liberaciones han sido lentas. Foro Penal indica que 383 personas regresaron a sus hogares e insiste en la libertad de todos los que hacen falta.
¿Qué es la ley de amnistía?
Este es un proyecto recién aprobado que pretende la liberación de todos los presos políticos, además de exonerarlos de responsabilidades penales que les hayan sido atribuidas.
La iniciativa abarca a todas las personas detenidas por hechos de carácter político entre 1999 y 2026. Es decir, beneficia a los opositores, sindicalistas, periodistas, estudiantes y activistas de derechos humanos que fueron detenidos por motivaciones políticas.
Aquellos hechos de carácter político se refieren a acciones que el régimen consideró como una amenaza a su estabilidad, en especial luego de la victoria de González Urrutia, como: instigación al odio, aplicados a personas que criticaron el Gobierno en redes sociales, medios de comunicación o en manifestaciones; traición a la patria, que se le atribuyó a políticos, militares o activistas acusados de planear el derrocamiento del régimen; terrorismo y rebelión, para quienes participaron en protestas; asociación para delinquir; y obstrucción a la vía pública.
En otras palabras, aquellos que estén privados de su libertad y procesados por alguno de los crímenes en mención, serán liberados y sus procesos penales serán cerrados.
La ley no ampara delitos graves como de lesa humanidad, violación a los derechos humanos, corrupción o acciones armadas.