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| 5/5/2018 8:40:00 PM

Escándalo: ¿Jerarcas y pederastas?

Con el llamado a juicio del jefe de finanzas del Vaticano, otro escándalo de abuso sexual vuelve a cernirse sobre la Santa Sede. Un caso decisivo para el papa Francisco en su lucha por devolverle el prestigio a una Iglesia ensombrecida desde hace décadas por este flagelo.

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La investigación contra el cardenal australiano George Pell salió a la luz pública por primera vez a finales de 2016, cuando un tribunal de Melbourne lo acusó de “abuso sexual histórico” por los crímenes que presuntamente cometió durante su época de sacerdocio y arzobispado. Desde entonces, el tesorero del Vaticano y el tercer hombre más poderoso de la Iglesia católica ha intentado defenderse, sin éxito. Esta semana y después de un mes de múltiples audiencias y 64 testigos, la jueza Belinda Wellington encontró que había motivos suficientes para acusarlo formalmente y lo llamó a juicio.

La noticia volvió a sacudir los cimientos de la Santa Sede. No solo se trata del religioso de mayor rango juzgado por este crimen, sino que, además, hace parte de la administración central de la Iglesia, lo que significó un duro golpe a la credibilidad institucional y a la imagen del papado de Francisco. Fue él quien mandó llamar a Pell en el inicio de su pontificado para trabajar en la transparencia de las finanzas del Vaticano y, aún hoy, mantiene vigente el periodo de licencia que le dio desde julio del año pasado para que pudiera viajar a Australia a defenderse. Incluso, cuando se conocieron las acusaciones, su único comentario fue que se debía “evitar un veredicto mediático basado en el chisme”.

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Los escándalos de abuso sexual no son un tema nuevo ni para la Iglesia ni para el papa. Sin embargo, a diferencia del silencio de Juan Pablo II o Benedicto XVI, Francisco se ha caracterizado por impulsar una batalla directa de “cero tolerancia” contra la pederastia. En apenas cinco años, el pontífice creó la Comisión para la Protección de Menores y en varias ocasiones pidió públicamente perdón por el abuso y el silencio de la Iglesia. Como dijo desde Roma a SEMANA el jesuita argentino Alfredo Acevedo, “su capacidad de reconocer errores, de buscar claridad para el discernimiento y de tomar decisiones justas lo hacen más cercano a los hombres y más testigo de la misericordia que quiere transmitir”.

Justamente, esta semana la imagen de Pell saliendo de los juzgados en Australia opacó la insólita invitación al Vaticano a tres víctimas del polémico sacerdote chileno Fernando Karadima. Sin protocolos, agendas, tiempos de visita y en la privacidad de la Casa de Santa Marta, Francisco escuchó uno a uno los testimonios de abuso y de lucha de Juan Carlos Cruz, José Andrés Murillo y James Hamilton, en uno de los más polémicos y oscuros capítulos del clero chileno.

Karadima es aún hoy una herida abierta en la historia del país austral. La historia del cura y aclamado guía espiritual, que durante más de cuatro décadas abusó de decenas de niños con el beneplácito de las autoridades eclesiales de la época, salió a la luz pública en 2004. Cuando en 2011 el cúmulo de denuncias en su contra evidenciaban su culpabilidad, el Vaticano ordenó que pasara el resto de su vida en oración y penitencia, mas no lo apartó del sacerdocio. Sus crímenes prescribieron, nunca pidió perdón, incluso llegó a declararse inocente, y hoy expía sus pecados en la comodidad de un retiro espiritual. Un caso emblemático de la cultura del silencio y complicidad que tanto desprestigio le costó a la Iglesia.

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En efecto, Chile es hoy uno de los países con menos católicos de América Latina. Esa apatía religiosa se notó fuertemente este año cuando la visita del papa por suelo chileno estuvo marcada por la falta de público y por las protestas contra la Iglesia. Su visita alcanzó el punto máximo de tensión por la presencia en eventos públicos del cuestionado obispo de Osorno, Juan Barros, acusado de ser cómplice de Karadima, y por la defensa que hizo el pontífice del religioso. En una declaración, Francisco argumentó que no había una solo prueba en su contra y que todo era una calumnia. Como dijo en diálogo con esta revista Élmer Montaña, director de la Fundación Defensa de Inocentes, “el Vaticano no ha tenido una postura clara respecto a los casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes, y las reacciones a favor de las víctimas son en muchas ocasiones fruto de la presión y los escándalos suscitados en los medios de comunicación”.

Sin embargo, esta semana el pontífice no solo ofreció disculpas por las acciones de Karadima, sino por su errado juicio frente a los hechos. La invitación de las víctimas a la Santa Sede ocurrió luego de que el papa mandó un grupo de su entera confianza a investigar por casi un mes las denuncias de abuso sexual en Chile. Un informe de 2.300 páginas cambió la percepción de Francisco, pero hasta ahora las acciones siguen siendo insuficientes. De ahí que la reunión obligatoria que programó el Vaticano para finales de mayo con la jerarquía de la Iglesia chilena pueda ser el preludio de verdaderos cambios. “Sería un paso importante que va más allá de la ‘mea culpa’ pública, que aunque admirables, son frustrantes para las víctimas que están cansadas de la falta de una acción concreta”, aseguró a SEMANA el director de estudios católicos en Virginia Commonwealth University, Andrew Chesnut.

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“El abuso y el encubrimiento no son solamente pecados, son crímenes”: con esas contundentes palabras terminó la rueda de prensa de las tres víctimas chilenas invitadas a la Santa Sede. Unas horas después, las acusaciones contra el tesorero captaron toda la atención. Aunque los detalles y los testimonios de este caso se han mantenido en total confidencialidad, de cómo se desarrolle este juicio y de la posición que adopte el Vaticano dependerá en gran medida el futuro y la popularidad del pontífice. Especialmente, para un país como Australia en donde hace años la justicia emprendió una cruzada contra el abuso sexual y la pederastia. Desde 2012, las autoridades vincularon a 1.880 sacerdotes en las investigaciones e identificaron a más de 4.400 víctimas.

“El caso Pell afecta gravemente la credibilidad de la Iglesia y debilita aún más a la fe católica. El papa debe ser enérgico y mostrar con hechos que la consigna de cero tolerancia es algo más que un simple juego de palabras”, concluyó Montaña. Es lo que esperan las miles de víctimas de una institución que por años ha sido más cómplice que juez. 

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